Paro Nacional Universitario: qué facultades no tendrán clases y qué reclama la UBA
Este lunes 16 de marzo comienza una medida de fuerza masiva en las universidades públicas de todo el país.
El sistema universitario público argentino entra en una fase crítica. A partir de este lunes, comienza un paro nacional universitario de gran escala, impulsado por las federaciones mayoritarias Conadu y Conadu Histórica. La medida, que busca visibilizar la crisis presupuestaria y salarial, se desarrollará en dos etapas: la primera del 16 al 21 de marzo y la segunda del 23 al 30 de marzo.
La UBA va al paro por tiempo indeterminado
En la Ciudad de Buenos Aires, el conflicto escala un peldaño más. Los docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) votaron un cese de actividades por tiempo indeterminado. El reclamo central es el pago del 55,4% de aumento salarial contemplado en la Ley de Financiamiento Universitario N.º 27.795, sancionada el año pasado por el Congreso Nacional.
Alcance federal: las universidades que se suman a la huelga
El paro nacional afecta a la mayoría de las instituciones del país. Entre las universidades que ya confirmaron su adhesión total o parcial se encuentran:
Provincia de Buenos Aires: UNLP (La Plata), UNPAZ (José C. Paz) y UTN (con sus 30 facultades regionales).
Región Centro: UNC (Córdoba), UNR (Rosario) y UNER (Entre Ríos).
- Región Oeste: UNCuyo (Universidad Nacional de Cuyo).
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Norte Argentino: UNT (Tucumán), UNSa (Salta), UNNE (Nordeste) y UNCAUS (Chaco Austral) —esta última por 24 horas—.
Desde la UTN, informaron que la huelga no solo afectará a las facultades de ingeniería, sino también al Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico.
Claves del conflicto: salarios por debajo de la inflación
El principal motor de la protesta es el atraso salarial significativo frente a la suba de precios. Según los gremios, entre octubre y febrero la inflación acumulada fue del 14,2%, mientras que en enero y febrero los aumentos salariales fueron del 0%.
Además del salario, los docentes y autoridades universitarias exigen la plena aplicación de la Ley de Financiamiento, que no solo regula los sueldos sino que garantiza los fondos necesarios para el funcionamiento básico de las instituciones (servicios, mantenimiento e investigación), los cuales se encuentran en niveles críticos.