Imputaron a los 15 acusados del "casino VIP" de Chacras de Coria

Los 15 protagonistas del escándalo por el "casino VIP" de Chacras de Coria acaban de ser imputados por el Ministerio Público y, en algunos casos, enfrentan la posibilidad de ir a la cárcel. La fiscal Susana Muscianisi los acusó a todos por infracción de las normas sanitarias -art. 205 del Código Penal- pero además calificó al croupier Diego Lobos y al empresario Sebastián Elmelaj como autores del delito de "juego ilícito" (art. 305 bis). En tanto, la imputación para los otros 13 fue de "partícipes primarios" de la timba clandestina (art. 45). 

El hecho de que se considere a quienes asistieron al domicilio como "partícipes primarios" es un golpe para sus defensas, que probablemente intentarán demostrar que la presencia de varios jugadores se debía más a la casualidad que a una intención demostrable. 

Por eso serán importantes las pericias sobre los teléfonos secuestrados y, muy especialmente, sobre el grupo de Whatsapp que -se rumorea- compartían los acusados a la hora de organizar sus reuniones.

La investigación avanza. Y por lo menos hasta mañana, Elmelaj y Lobos seguirán presos al igual que Sebastián Justino Di Blazi, José Carlos Luqui, Víctor Hugo Fraccheri, Alejandro Rubén Sicuro, Alejandro Fabián Ibáñez, Sebastián Argentino Ruiz, Belisario Peña Ruiz, Daniel Andrés Vázquez, Juan Pablo Andreu, Fernando Ángel Ariel Difranchesco, Bruno Cangelosi, Marcelo Leonardo Cano y Diego Alós.

"El próximo paso ahora es resolver la situación procesal de estas personas", confió a MDZ una fuente allegada a la causa. En ese sentido, es difícil anticipar un escenario, ya que en el inmueble allanado -El Salvador 7285 (Luján de Cuyo)- se encontraron, aparte de fichas de casino y más de 3 millones de pesos, una pistola calibre 40, cheques varios, más de 120 DNI, 30 licencias de conducir, tarjetas de crédito y carnet de obras sociales.  

Más allá de la acusación más leve -la de infringir las normas sanitarias-, los principales imputados podrían enfrentar penas de entre 3 y 6 años de prisión.