Media sanción para la ley que busca demoler y tapiar aguantaderos en Mendoza
En la práctica, la intervención de aguantaderos se viene realizando desde el año pasado bajo un protocolo del Ministerio de Seguridad.
La ministra de Seguridad, Mercedes Rus frente a un aguantadero.
Gobierno de MendozaLa Cámara de Diputados de Mendoza dio media sanción a un proyecto de ley que crea el Régimen Provincial de Intervención Preventiva Administrativa sobre Inmuebles con fines de seguridad pública. La iniciativa, aprobada por 34 votos a favor y 10 en contra, busca dotar de respaldo legal a las intervenciones sobre propiedades abandonadas, usurpadas o utilizadas para actividades ilícitas, conocidas popularmente como aguantaderos.
El proyecto contra los aguantaderos
La iniciativa toma como punto de partida el protocolo de intervención que el Ministerio de Seguridad y Justicia viene aplicando desde octubre de 2025 y lo eleva al rango de ley. Con ese marco, el Ministerio podrá disponer mediante resolución fundada medidas preventivas sobre inmuebles utilizados para el acopio, fraccionamiento o comercialización de estupefacientes, la planificación de delitos o que por su estado de abandono representen un riesgo para la seguridad pública.
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Las medidas contempladas incluyen el tapiado o cerramiento de accesos, la clausura parcial o total y, en casos extremos, la demolición controlada de sectores o del inmueble completo.
El diputado Leonardo Mastrángelo (UCR) fue uno de los principales impulsores. "Hay propietarios que no pueden ejercer plenamente su derecho sobre inmuebles que terminaron convertidos en aguantaderos, refugios o lugares vinculados al delito. Esto genera un doble perjuicio: afecta al titular registral y compromete la tranquilidad de toda la comunidad", explicó. Aclaró además que no se trata de una medida sancionatoria sino de una herramienta administrativa para recuperar entornos degradados.
El proyecto incluye un procedimiento con informes técnicos y policiales, notificación a los propietarios, posibilidad de oposición y mecanismos de revisión. También contempla un régimen especial para actuar de manera inmediata cuando exista riesgo grave e inminente. El procedimiento puede iniciarse de oficio, a pedido de la comunidad, de municipios, organismos públicos o privados, o por requerimiento judicial.
El debate
Los votos en contra provinieron del interbloque del PJ, que cuestionó la constitucionalidad de algunas disposiciones. Lucas Ilardo fue directo: "Combatir los aguantaderos y proteger a los vecinos es una obligación del Estado, pero hacerlo dentro de la ley y la Constitución también lo es. Cuando una decisión puede producir un daño irreversible, como una demolición, necesariamente debe existir control judicial". En la misma línea, Germán Gómez advirtió que "cuando se pretende determinar situaciones que requieren una decisión sobre derechos, estamos entrando en un ámbito que corresponde a la Justicia".
Desde el oficialismo, Cintia Gómez (PRO) defendió el proyecto con énfasis: "Durante años naturalizamos situaciones que no deberían ser normales. Combatir los aguantaderos y recuperar los espacios tomados por el delito es una obligación del Estado". La iniciativa pasa ahora al Senado para su tratamiento.
Finalmente, Melisa Martínez Malanca (UCR), sostuvo que “el propio proyecto habla de actos administrativos y de resoluciones, y esos actos están alcanzados por el régimen legal vigente. Es decir, nuestro ordenamiento ya contempla herramientas de control y garantiza la posibilidad de recurrir las decisiones del Estado”.
“La eficacia de una herramienta no está en que el Estado pueda hacer cualquier cosa, sino en que pueda resolver los problemas de los vecinos respetando sus derechos. No se pierde la protección de la propiedad por garantizar la intervención del Estado cuando existe un problema de seguridad. Al contrario, tenemos que asegurar el derecho de propiedad y, al mismo tiempo, garantizar que la sociedad pueda vivir en paz”, sostuvo.