Malvinas: un megaproyecto de salmonicultura divide a los kelpers
Una empresa propone producir 50.000 toneladas de salmón al año en 16 sitios del archipiélago de Malvinas. El plan enfrenta críticas por su impacto ambiental.
Una empresa propone producir 50.000 toneladas de salmón anuales en las Malvinas, generando división entre los isleños.
NAUn ambicioso proyecto de salmonicultura industrial en las Malvinas generó una fuerte división entre los habitantes del archipiélago y abrió un reclamo para que la iniciativa sea sometida a un referéndum. La propuesta contempla producir hasta 50.000 toneladas de salmón por año en 16 sitios y podría ser el mayor desarrollo industrial costero de la historia de las islas.
La iniciativa es impulsada por Unity Marine, una empresa conjunta de la pesquera local Fortuna y la firma danesa F-land ApS. El proyecto promete inversiones y nuevos puestos de trabajo, pero sus detractores advierten sobre los posibles efectos que la actividad podría generar sobre un ecosistema marino que alberga una amplia diversidad de especies.
En las aguas que rodean el archipiélago se encuentran, entre otras especies, krill, calamares, lobos y elefantes marinos, delfines, ballenas y cinco especies de pingüinos.
El impacto económico sería considerable para una comunidad de unos 3500 habitantes, según informó el diario The Guardian. Una evaluación encargada por el gobierno isleño estimó que una producción de 30.000 toneladas anuales podría generar alrededor de 35 millones de libras por año y crear 133 puestos de trabajo.
Pero el proyecto también despertó una fuerte oposición. La organización Salmon Free Falklands (SFF), integrada por residentes contrarios a la iniciativa, reclama que la decisión final sea tomada mediante un referéndum.
Sus integrantes cuestionan el proceso de consulta pública iniciado el 7 de agosto y que permanecerá abierto hasta el 30 de octubre. Consideran que una votación permitiría a los habitantes de las islas definir de manera directa si quieren avanzar con la actividad.
Impacto ambiental sobre las Malvinas
Sally Poncet, integrante de SFF, puso en duda algunos de los estudios encargados por el gobierno y sostuvo que parte de la información utilizada proviene de Unity Marine y no puede ser verificada de manera independiente. También manifestó preocupación por los residuos generados por los establecimientos y su posible impacto ambiental sobre la fauna marina.
Otra de las cuestiones planteadas por los opositores es la capacidad del ecosistema para soportar una actividad de esta magnitud. Louise Cherrie, exintegrante de la autoridad de protección ambiental de Tasmania y asesora de SFF, sostuvo que todavía no se estableció mediante un procedimiento científico riguroso cuál es la capacidad de carga del ecosistema.
También advirtió sobre las dificultades que podría representar el manejo de eventuales mortalidades masivas de peces en un territorio remoto como las Malvinas.
Desde el gobierno isleño, en cambio, buscaron marcar distancia tanto de los defensores como de los detractores del proyecto. Aseguraron que “ni defiende ni se opone a la salmonicultura” y explicaron que los estudios actualmente disponibles buscan analizar distintos escenarios y aportar información al debate público.
Según las autoridades, esos documentos no constituyen evaluaciones ambientales definitivas ni representan una autorización para desarrollar un proyecto específico. La documentación puesta a disposición durante la consulta incluye informes ambientales, socioeconómicos y regulatorios, además de una descripción de la iniciativa elaborada por Unity Marine.
Antecedente judicial
El debate tiene además un antecedente judicial. En 2022, el gobierno isleño había rechazado la salmonicultura, pero Unity Marine consiguió una revisión judicial al argumentar que antes de tomar aquella decisión debía realizarse una consulta en todo el archipiélago.
Posteriormente, ambas partes acordaron dejar sin efecto aquella resolución y establecer el proceso de consulta que actualmente se encuentra abierto.
James Wallace, director gerente de Fortuna, aclaró que Unity Marine todavía no solicitó una licencia para operar y defendió la realización de una evaluación ambiental rigurosa antes de adoptar cualquier decisión.
Para los opositores, sin embargo, el proceso iniciado no ofrece garantías suficientes. Mientras la consulta pública continúa hasta fines de octubre, el reclamo por un referéndum suma un nuevo elemento a una discusión que enfrenta las expectativas de inversión y empleo con la preocupación por el futuro ambiental de las aguas que rodean las islas.