Los Corralitos: pidió que le alquilen una casa, la Justicia se lo negó pero le exige soluciones a Aysam
Debido a las consecuencias derivadas de los desbordes cloacales en Los Corralitos, una señora de 76 años denunció al Gobierno de Mendoza y Aysam.
La mujer de 76 años de Los Corralitos denunció daños y perjuicios por los desbordes cloacales en Severo del Castillo y 2 de Mayo.
Marcos Garcia / MDZEl caso de Marta, una mujer de 76 años de Los Corralitos que demandó al Gobierno de Mendoza y Aysam por los daños y perjuicios que los desbordes cloacales le han provocado a ella y a su hogar, sumó un nuevo capítulo: la Justicia desestimó la medida precautoria que solicitaba que le alquilen un inmueble para salir del lugar. El expediente había sido impulsado tanto por la señora como por su hija, que es legalmente la dueña del inmueble.
La denuncia de Marta contra Aysam y el Gobierno de Mendoza
Según afirma Marta, la humedad derivada de los desbordes cloacales que se registran en la zona de Severo del Castillo y 2 de Mayo desde 2023 provocó daños en su casa. Además, también expuso que los trabajos que se están llevando a cabo en el lugar dificultan su vida diaria: la colocación de caños y mangueras en los ingresos de su morada, sostuvo, representan un obstáculo difícil de sortear. En este último sentido, cabe destacar que asegura padecer una enfermedad degenerativa en el sistema nervioso que afecta su movilidad.
De acuerdo al testimonio de la damnificada, debido a ese escenario decidió poner el inmueble en venta para luego poder mudarse a otra locación donde pueda desarrollar su vida cotidiana de manera normal. Sin embargo, las ofertas no aparecieron y el inmueble habría ido perdiendo valor, según le informaron agentes inmobiliarios.
Esto provocó que Marta y su hija presentaran una demanda civil por daños y perjuicios por un monto de $80.000.000 contra el Gobierno provincial y Aysam. Además, solicitaron una medida precautoria: que le alquilen a la mujer un inmueble de similares características a las de su hogar, además de los gastos de mudanza.
Por qué la Justicia rechazó el pedido de la denunciante
El expediente, que se tramita en el Tribunal de Gestión Judicial Asociada en lo Civil, Comercial y Minas, quedó a cargo de la jueza Graciela Beatriz Simón, quien el pasado viernes 3 de julio acudió a la morada de Marta para realizar una inspección ocular. Tras ello, se convocó a una audiencia conciliatoria para el pasado lunes 6 de julio, la cual no llegó a buen puerto.
Ante este panorama, la magistrada resolvió rechazar la medida precautoria solicitada por las demandantes. Si bien la jueza reconoce la "situación de vulnerabilidad" de Marta y las consecuencias producidas por los desbordes cloacales en la zona, argumentó que, al momento del dictado de la resolución, eso no la "habilita a otorgar una medida de esta naturaleza".
Otro factor que Simón esgrimió para fundamentar su decisión fue que cuando realizó la inspección ocular, Aysam ya había retirado los caños y mangueras que obstruían el acceso a la vivienda de Marta. "Los impedimentos de acceso y tránsito ya han sido subsanados", expone la jueza.
También se desestimó que las tareas realizadas por la empresa presidida por Humberto Mingorance hayan generado un deterioro estructural que se traduzcan en "un riesgo inminente", por lo que consideró que "la vía excepcional resulta improcedente".
El arraigo de Marta al lugar en el habita también pesó a la hora del análisis de la Justicia. En ese sentido, la magistrada señaló que la mujer ha desarrollado toda una vida en la zona y que los inmuebles ofrecidos en alquiler no se encuentran en las inmediaciones, por lo que consideró que darle lugar al pedido de las denunciantes "lejos de suponer un beneficio tutelar, podría resultar perjudicial para su desenvolvimiento diario".
Por otra parte, la resolución de la jueza expone que es "inevitable" que la ejecución de obras de la envergadura de las que se están llevando a cabo en Severo del Castillo y 2 de Mayo generen "ruidos intensos y molestias transitorias por el movimiento de maquinarias y operarios". "Estas perturbaciones temporales deben ser comprendidas bajo la lógica del bienestar social y el interés común, ya que representan el costo necesario para alcanzar una solución definitiva y estructural a la problemática del sector", expone Simón.
En cuanto a los daños y perjuicios, la jueza expresó que su alcance será evaluado formalmente en la acción principal", por lo que resulta improcedente su "abordaje o reparación anticipada en este estado preliminar".
La exigencia de la jueza a Aysam
Finalmente, la Justicia le ordenó a Aysam que presente en un plazo de diez días (a partir del 7 de julio) un plan concreto de saneamiento y mitigación "de las emanaciones y olores derivados de la red cloacal en la zona del inmueble de la actora". Además, deberá acreditar el cumplimiento de dicho plan.
El otro conflicto judicial de Aysam que derivó en la imputación de Mingorance
Cabe recordar que, en paralelo, el presidente de Aysam, Humberto Mingorance encuentra imputado por realizar vuelcos en el canal de riego Ramo 12 sin contar con la autorización de Irrigación. En la misma situación se encuentran Darío Hernández, gerente General, y Carlos Sifuente, gerente operativo. La situación tiene el agravante de que para poder llevar a cabo los vuelcos la empresa rompió estructura de propiedad pública.
Previo a la imputación, Irrigación también le había impuesto a Aysam una multa de 100 mil Unidades de Agua que equivale a $120 millones.
En ese marco, ambos organismos firmaron un convenio en el que también participaron la Municipalidad de Guaymallén y la Subsecretaría de Ambiente de la Provincia. En el mismo, se trazó un plan de mitigación y planificación de obras para darle solución definitiva al problema.
