Imputaron a los dueños de la constructora del edificio que se derrumbó en Parque Patricios
La empresa no habría respondido a los reclamos formales por filtraciones y posibles riesgos que se registraron en el edificio de Parque Patricios.
El derrumbe de Parque Patricios ocurrió en marzo.
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31 imputó a los responsables de la empresa Constructora Sudamericana (COSUD) S.A. en el marco de la causa que investiga el derrumbe de la losa en el sector 2 del complejo habitacional Estación Buenos Aires, ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios. La decisión se produjo tras la reconfiguración de la carátula impulsada por el Ministerio Público Fiscal.
De esta forma, la fiscal María Rosa Selvatici imputó al presidente del directorio, Rudi Boggiano; al arquitecto y vicedirector, Carlos Rubén Bertrán; al ingeniero, director titular y apoderado, Néstor Raúl Caputo; al ingeniero Martín Cittadini; a la arquitecta Mónica Fabiana Rzepa; al apoderado Carlos Rocha; y al jefe de obra Julio Momo. A todos se les atribuye haber intervenido en la construcción con “vicios estructurales” en la losa de planta baja sobre el estacionamiento del primer subsuelo.
Derrumbe en Parque Patricios: qué fundamentó la fiscal
El documento señala que en ese sector central se habría dispuesto una sobrecarga de aproximadamente 0,70 metros de tierra natural junto con placas de laja, sin un sistema de drenaje eficaz en el patio interno. Además, se indica que la empresa no respondió a los reclamos formales por filtraciones y posibles riesgos estructurales que se registraron desde 2022.
La fiscal también incluyó en la imputación al responsable del área técnica de la firma, Cristian Andrés Tejía, y al ingeniero Francisco Adolfo Sierra. A ambos se les atribuye haber ejecutado tareas de perforación e impermeabilización en el período previo al derrumbe sin contar con memoria descriptiva ni proyecto técnico previo, pese a que el deterioro estructural ya era conocido.
Por otro lado, la acusación alcanza a los apoderados del Banco Hipotecario, en su rol de fiduciario del proyecto. Según la investigación, habrían incumplido el deber de control de obra establecido en el contrato de fideicomiso, a pesar de contar con información documentada sobre las filtraciones y el estado comprometido de la estructura.
El expediente fue recalificado como estrago culposo agravado, una figura que contempla conductas imprudentes o negligentes que afectan la seguridad pública. Este delito prevé penas que van de seis meses a tres años de prisión.