Fentanilo contaminado: la Justicia avanza y comienza a definir la situación procesal de García Furfaro
Este viernes el juez federal, Ernesto Kreplak, deberá resolver la situación de los 17 imputados vinculados a la fabricación del fentanilo contaminado.
Con las declaraciones de todos los imputados concluidas, el juez Kreplak deberá definir en los próximos días si dicta procesamientos, sobreseimientos o falta de mérito.
XLa causa e investigación, encabezada por el juez federal, Ernesto Kreplak y la fiscal María Laura Roteta, que se centra en la producción, distribución y comercialización ilegal de fentanilo contaminado, además de la manipulación de documentación sanitaria, entra en su etapa de definiciones.
Este jueves será indagado el último de los sospechosos, Eduardo Darchuk, quien figura como exjefe de Producción de Soluciones Parenterales de Pequeño Volumen (SPPV) en Laboratorios Ramallo S.A.. Según la imputación, Darchuk habría firmado registros y controles de los lotes contaminados 31.202 y 31.244, claves en la tragedia, hasta el momento, que dejó casi un centenar de fallecidos en el país.
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Qué investiga la justicia
De acuerdo con el dictamen del Ministerio Público Fiscal, la causa investiga tres ejes centrales:
- Producción, distribución y comercialización de medicamentos adulterados y peligrosos para la salud pública, en violación de los artículos 200 y 201 bis del Código Penal.
- Desvío y tráfico ilegal de estupefacientes, en particular el manejo irregular del fentanilo, con aplicación de la Ley 23.737.
- Falsificación de documentación sanitaria y manipulación de procesos de fabricación, para encubrir las irregularidades en la producción y distribución.
Expectativa de pena para los imputados
Las calificaciones penales implicarían penas severas, tanto para García Furfaro como para los otros 16 imputados. Para el delito de producción y comercialización de medicamentos adulterados, el Código Penal establece prisión de 3 a 10 años, que puede agravarse si se causan muertes o lesiones múltiples.
En tanto, por tráfico ilegal de estupefacientes, la Ley 23.737 prevé penas de 4 a 15 años, que ascienden a un rango de 5 a 20 años cuando se actúa en el marco de una organización criminal.
Investigación en la etapa final
Con las declaraciones de todos los imputados concluidas, el juez Kreplak deberá definir en los próximos días si dicta procesamientos, sobreseimientos o falta de mérito. La resolución marcará un punto de inflexión en una causa que no solo tiene repercusión judicial, sino también impacto político y sanitario.