Fallo histórico por bullying: condenan a la Provincia de Buenos Aires por "minimizar" la violencia escolar
Se trata del caso de un menor que sufrió bullying en la escuela, a tal punto de desarrollar trastornos mentales. Ahora deberán indemnizarlo.
Un fallo judicial expone la responsabilidad del estado frente a los casos de Bullying escolar
Archivo MDZEl calvario de J.A.M. – un menor cuya identidad es preservada- fue la crónica de un final anunciado. La inacción de profesores, directivos e inspectores ante un grave caso de bullying escolar tiene un costo que está por encima del fallo que ordena al Gobierno bonaerense a pagar más de 20 millones de pesos a la víctima.
El mismo obliga al Ejecutivo provincial, más precisamente a la Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires a replantearse la capacitación de docentes, directivos, inspectores y autoridades en la implementación del protocolo anti bullying, para evitar que haya más J.A.M. en las escuelas bonaerenses.
Bullying, la pesadilla de J.A.M.
El bullying a J.A.M. no empezó de un día para el otro. Su clavario comenzó entre 2011 y 2012 cuando cursaba sus primeros años de educación secundaria en la Escuela Técnica N.º 1 “Mariano Moreno” de Chivilcoy.
¿Cuál fue el pecado, que lo llevo a ser víctima de agresiones? Ser un alumno aplicado, tener buenas notas y no prenderse en "hacer lío" en el aula. La respuesta de sus compañeros fue una catarata de violencia ante “la ceguera” de docentes y directivos, provocando que J.A.M. sea victima a diario de empujones, golpes desde atrás, insultos, amenazas y hasta filmaron las agresiones.
El pico de violencia llegó cuando le partieron la cara de un golpe con un borrador en plena clase de Ciudadanía. ¿Y qué fue lo que hizo el docente a cargo? Le preguntó si quería ir al baño a lavarse la cara y siguió dictando la clase como si nada hubiera ocurrido, sin sancionar a los agresores.
Frente a la desesperación de los padres de J.A.M., la burocracia de la Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires mostró su peor cara: el desinterés selectivo. En lugar de frenar a los violentos, las autoridades escolares ensayaron “una salida cómoda”: revictimizar a la víctima.
Le propusieron a los padres del adolescente agredido, como solución al bullying, un cambio de turno obligándolo a abandonar su grupo de amigos; mientras que sus agresores, sin haber recibido sanciones o algún llamado de atención, siguieron en el curso como si nada hubiera ocurrido.
Hasta la inspectora zonal minimizo el bullying, justificando las agresiones a "actitudes propias de la adolescencia".
El Estado ausente
Como era de preverse, el hostigamiento a J.A.M. escaló. Al siguiente año, el bullying - fue escupido, golpeado y denigrado públicamente- provocó que el adolescente, hundido en una depresión, deje de asistir al colegio.
Los peritajes psicológicos oficiales fueron demoledores. Producto del maltrato, desarrolló una neurosis fóbica moderada y un trastorno fóbico de ansiedad severo con un fuerte componente depresivo y somatizaciones. J.A.M. debió ser recluido en su casa y someterse a un estricto tratamiento psiquiátrico domiciliario ante el riesgo latente de autolesionarse. Además, paso de pesar 70 kilos a 125 kilos.
Ante la actuación de la Justicia, tras la denuncia de los padres de J.A.M., la defensa de la Dirección General de Escuelas bonaerense —hoy bajo la conducción de Flavia Terigi— alegó que eran simplemente "episodios aislados", pretendiendo responsabilizar al alumno víctima de bullying, argumentando que arrastraba una "patología de base" de fobia social.
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 1 de Mercedes, a cargo del juez Luis Oscar Laserna, trituró ese argumento oficial. El magistrado determinó que la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires incurrió en una abierta "invisibilización" del problema, permitiendo que las agresiones persistieran al "naturalizar y normalizar" el trato violento entre pares.
El otro bullying que sufrió J.A.M.
La trama sumó otra muestra de corporativismo gubernamental bonaerense, cuando la aseguradora Provincia Seguros S.A. intentó lavarse las manos y eludir su responsabilidad con “la letra chica” de la cobertura, argumentando que la póliza vigente excluía expresamente situaciones de "hostigamiento".
El fallo judicial obturó el intento de escape de la aseguradora estatal de la provincia de Buenos Aires. Determinó que el acoso escolar o bullying no se asimila de forma automática a las cláusulas de exclusión contractual; obligando a la compañía a responder de manera solidaria en la medida del seguro.
El blindaje judicial contra la inflación
Además de la condena política al sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, el magistrado en su fallo introduce un componente técnico-financiero que blinda ante la inflación la indemnización que deberá hacer frente el gobierno de Kicillof.
Para evitar que la inflación licuara el sentido reparatorio de la sentencia tras años de litigio, el juzgado dictó la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del artículo 7º de la Ley de Convertibilidad (N.º 23.928), norma que todavía prohíbe la indexación automática de deudas en la Argentina.
Al aplicar una actualización real basada en el Índice de Precios al Consumidor del INDEC, la indemnización original por daños psicofísicos y morales se catapultó por encima de los $20 millones de pesos. Sentando un precedente contundente sobre cómo deben liquidarse estas deudas estatales.
Cabe destacar el Juez desestimó el reclamo indemnizatorio directo de los padres, centrando la totalidad del resarcimiento en la figura del joven damnificado.
Un precedente que marca la responsabilidad del estado ante el bullying
Este veredicto marca un antes y un después en la jurisprudencia bonaerense, porque traslada el costo de las aulas violentas directamente a las arcas del Estado. La resolución judicial deja en claro que la responsabilidad de los colegios no es meramente académica, sino que existe una obligación de seguridad y una "garantía de indemnidad" hacia los menores bajo su guarda.
A partir de ahora, cada directivo, inspector o docente que elija mirar para otro lado o firmar actas burocráticas para "tapar" el bullying en las escuelas, debe saber que la Justicia determinó que el silencio estatal es cómplice, y que la inacción institucional es condenada.