Defensoría del Niño: una institución que importa poco hasta que ocurre una desgracia

En el Salón Illia no cabía un alfiler. A último momento habían cambiado la fecha y la hora para reunir a la Comisión Bicameral, pero eso no impidió que llegaran asesores, dirigentes y referentes de ambos espacios políticos. Del lado del oficialismo, La Libertad Avanza; del otro, casi triplicándolos en número, diputados y senadores de Unión por la Patria. El objetivo de la política, la Defensoría del Niño.

Durante casi dos horas, el debate giró sobre algo que difícilmente apasiona a cualquier ciudadano de a pie: la composición de la propia comisión. Si los porcentajes cerraban o no, si hacía falta un legislador más o uno menos, si los plazos debían contarse en días hábiles, hábiles legislativos o corridos. Pero muy lejos de provocar bostezos, el ambiente estaba absolutamente cargado. La discusión técnica era, en realidad, una disputa política disfrazada de tecnicismo. Como tantas veces en el Congreso, el mismo texto admitía dos lecturas: una cuando conviene, otra cuando deja de convenir.

El Defensor del Niño: una institución clave en el centro de la disputa política

Mientras tanto, la sala era un hervidero de calor humano. Gente que se levantaba, asesores que iban y venían, legisladores que se lanzaban, como en un partido de ping pong, provocaciones de un lado al otro. Que si alguien tenía familiares en el cargo, que si la Justicia pesa diferente según esté en juego Cristina Kirchner, que si los fallos se cumplen o no. Las chicanas rebotaban hasta que el murmullo subía y terminaba, inevitablemente, en griterío. Se ponía orden y la película volvía a empezar.

Pero que quede claro: no se pelean así los asuntos sin relevancia. El Defensor del Niño es un tema perdido en la agenda de los argentinos, aunque la caja de la Defensoría no se le pierde a nadie. Y que su mal funcionamiento se cobra vidas —como en los casos de Lucio Dupuy o Ángel López— tampoco. Detrás de la vacancia que dejó el vencimiento del mandato de la anterior defensora Marisa Graham, en febrero del año pasado, hay una institución que llena o vacía, hasta ahora dejó mucho que desear.

Y con la nueva conformación, se renueva la esperanza de saldar esa deuda pendiente. Porque el proceso que debería haber resuelto esto en 2025 terminó siendo un escándalo en sí mismo. El año pasado, dos concursantes para el puesto, Miriam Donati Brusco y Fátima Silva, presentaron una denuncia penal contra siete integrantes de la Comisión Bicameral anterior y contra la postulante María Paz Bertero. Los delitos que se les acusan son graves: abuso de autoridad, falsedad ideológica de instrumento público, tráfico de influencias y violación del régimen de incompatibilidades. En noviembre ratificaron la denuncia y agregaron nuevos hechos y pruebas.

Las irregularidades denunciadas eran concretas y documentadas. Los exámenes no fueron publicados ni revisados conforme al reglamento: varios carecían de firma o de la doble corrección exigida, y se detectaron errores de sumatoria y calificaciones que nadie explicó. Las reglas del concurso fueron modificadas mediante resoluciones dictadas después de que ya habían ocurrido las etapas centrales, incluyendo la inscripción y el examen. La Comisión se negó a entregar los currículums completos de los postulantes, alegando "datos sensibles", en abierta contradicción con la Ley de Acceso a la Información Pública. Para colmo, los órdenes de mérito fueron publicados recién después de que ya se había elegido a los candidatos, lo que generó la fundada sospecha de que las calificaciones fueron construidas para justificar una decisión ya tomada.

Más de doscientas organizaciones de la sociedad civil siguen pidiendo que se publiquen los exámenes y los puntajes asignados en cada etapa. No es un pedido caprichoso: en 2020, dos fallos del fuero contencioso administrativo federal ya habían ordenado a la Bicameral garantizar exactamente esa información. La Comisión anterior se cansó de ignorarlos.

Así llegó, el 22 de septiembre de 2025, la terna propuesta por la comisión: María Paz Bertero como defensora titular, y Matías Eduardo Robledo y Héctor Iván Vito como adjuntos. El mayor problema es que ni la terna era legítima ni los candidatos estaban a la altura del cargo.

Sobre Bertero pesan denuncias concretas: habría declarado en su currículum cargos incompatibles entre sí y actividades que no pudo haber ejercido mientras ocupaba un cargo de dedicación exclusiva como secretaria parlamentaria en la Cámara bonaerense. Entre los antecedentes que más puntos le habrían sumado en el orden de mérito figura el haber patrocinado niños en causas de abuso sexual infantil, pero no presentó ninguna causa concreta que lo acredite. La denuncia penal fue radicada ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 5.

Sobre Robledo, la situación no es mejor. Tiene una denuncia ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) por trata de personas y es conocido como impulsor de los contratos de vientre de alquiler, una práctica que la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Violencia contra la Mujer calificó en la Asamblea General como una forma de explotación y trata. Proponer a alguien con ese perfil como adjunto del Defensor del Niño es una contradicción que resulta difícil de explicar en cualquier registro. ¿Conocería ese pasado en los candidatos el diputado kirchnerista y exsacerdote católico Juan Carlos Molina, mientras hablaba de la importancia de cuidar a los niños y de respetar la terna anterior?

Esa terna, además, nunca debió funcionar como una terna cerrada. La lógica de un concurso de oposición y antecedentes es producir un orden de mérito abierto, no una lista de tres nombres elegidos de antemano por acuerdo político. Y en cualquier caso, la cuestión ya quedó saldada por los tiempos: la Resolución 12/25 que elevó la terna perdió vigencia en diciembre, cuando se renovó la composición de las Cámaras. La propuesta también caducó el 22 de marzo, al vencer los 180 días que fija el reglamento del concurso.

Fue justamente cuando el diputado de La Libertad Avanza, Nicolás Mayoraz —miembro de la Bicameral anterior y vicepresidente de la actual— empezó a detallar las irregularidades del proceso —no de la integración de la Bicameral, sino del concurso— que la multitud vinculada al kirchnerismo se levantó casi al mismo tiempo y abandonó la sala. Sin decir más ni esperar pregunta.

A partir de ahí, el fantasma del quilombo que circulaba por los pasillos se disipó. Con alguna provocación menor y seis votos que le dan validez, la nueva Bicameral quedó integrada. Ahora deberá decidir qué hace con todo lo anterior: si abre un nuevo concurso, si toma los archivos del proceso viciado, si garantiza esta vez la transparencia que la ley exige y que los jueces ya ordenaron dos veces.

Mientras tanto, el reloj corre: los niños que esperan que alguien los defienda no tienen tiempo para que esto se repita.