Cierres de escuelas privadas: la Ciudad de Buenos Aires suma control, sanciones y obligación de informar

La reciente crisis generada por el cese de actividades del Instituto Anunciación de María ha marcado un antes y un después en la política educativa porteña. Ante el malestar de las familias que denunciaron falta de previsibilidad y comunicación, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, publicó la Resolución RESOL-2026-92-GCABA-MEDGC.

La nueva norma busca evitar que se repitan escenas de incertidumbre como las vividas en la comunidad de la Anunciación, estableciendo un marco obligatorio para que las escuelas privadas que decida cerrar sus puertas lo haga de forma planificada, transparente y con el aval estatal previo. La norma establece un marco estrictamente regulado para que las instituciones educativas de gestión privada tramiten el cese de sus actividades. La resolución, firmada por la ministra Mercedes Miguel, responde a la necesidad de dotar al sistema de herramientas que permitan una intervención anticipada y garanticen una comunicación transparente con las ante posibles crisis institucionales.

Un proceso de 8 etapas para garantizar la transparencia

El nuevo protocolo, denominado "Pautas para la Prevención, Acompañamiento y Tramitación de Solicitudes de Cancelación", obliga a los colegios a seguir un camino administrativo riguroso antes de bajar la persiana que consiste en cuatro puntos fundamentales.

• Detección temprana: las entidades propietarias deben informar mediante un informe técnico a la Dirección General de Educación de Gestión Privada (DGEGP) apenas identifiquen un riesgo de continuidad.
• Plazos estrictos: si la decisión de cierre avanza, la solicitud formal debe presentarse a través del sistema de Trámite a Distancia (TAD) con fecha límite al 31 de julio del ciclo lectivo en curso.
• Comunicación obligatoria: una vez que la DGEGP evalúa y avala la solicitud (en un plazo de 10 días hábiles), la escuela debe comunicar formalmente el motivo y los plazos del cese a su comunidad.
• Reuniones de contención: la institución está obligada a convocar reuniones con las familias y equipos docentes dentro de los 10 días hábiles posteriores al anuncio para despejar dudas y organizar el acompañamiento.

Protección de la trayectoria escolar

Uno de los pilares de la norma es el "Interés superior del estudiante". Las escuelas que soliciten la cancelación deberán presentar un plan que incluya estrategias para la búsqueda de vacantes en otros establecimientos y la entrega inmediata de documentación escolar (boletines, legajos y títulos). "Buscamos prevenir cancelaciones intempestivas y asegurar el bienestar socioemocional de la comunidad educativa", detalla el documento anexo de la resolución.

Sanciones y control estatal

Para las instituciones que reciben aporte estatal, las exigencias son aún mayores: deberán acreditar fehacientemente el cumplimiento de todas las obligaciones laborales con su personal docente antes de completar el cierre. El incumplimiento de estas pautas no solo dará lugar a acciones legales y administrativas, sino que también quedará registrado como un antecedente negativo para los propietarios en futuras gestiones ante el Ministerio. Con esta medida, la Ciudad busca cerrar un vacío procedimental y asegurar que el derecho a la educación no se vea vulnerado por desajustes financieros o administrativos de los prestadores privados.