Opinión

Carta abierta a los legisladores que dudan en derogar la ley 7722

Avanza en la Legislatura la idea de modificar la ley 7722. La opinión de un ex funcionario relacionado a organizaciones defensoras del ambiente que rechaza esa idea. 

viernes, 15 de noviembre de 2019 · 20:49 hs

Esta carta abierta no me pertenece del todo, su contenido recoge las preocupaciones y angustia de miles de mendocinos que ven en ustedes a los artífices de la posible derogación de la ley 7722, y con ello de un cambio radical en la forma de pensar el ambiente, el destino del agua y hasta la misma matriz económica en esta y las futuras generaciones que habiten la provincia.

La ley 7722 surgió como respuesta al atropello de un grupo que, amparado en la ineficacia de los controles de los gobiernos y en cierta connivencia político-empresarial, pretendía dejar afuera de la discusión la opinión de los ciudadanos en torno a la actividad minera metalífera a gran escala o megaminería. La gente salió a las calles a protestar, llegó hasta la legislatura luego de decenas de marchas en donde reunió casi 40 mil personas y logró torcerle el brazo al poder político y la ambición empresarial. Inmediatamente este grupo de lobby corporativo decidió esquivar la voluntad popular y acudió a la justicia en busca de revertir la decisión de los legisladores de aquel entonces. Al fin y al cabo es su derecho, nadie se lo impidió. La Corte Suprema tardó varios años hasta que en 2015 ratificó la constitucionalidad de la ley en un fallo que se considera histórico.

En todo este tiempo los lobistas utilizaron para sus fines sectoriales a legisladores, ministros y secretarios de ambiente, y cuanto funcionario anduvo desorientado buscando consejo y patrocinio. Trabajaron denodadamente para modificar la realidad a su forma de ver el mundo, haciéndonos creer que la matriz productiva local está agotada y que la minería es la única opción salvadora para salir del pozo en que hemos caído por infortunio de las malas administraciones. Nos ilusionan desde hace años con la enorme cantidad de proyectos que solo esperan “seguridad jurídica” para venir a Mendoza a invertir miles de millones de dólares y generar cientos de miles de empleos, cuando en el resto del mundo la industria vende sus activos y despide a miles de trabajadores.

También salieron a comprar voluntades en otros ámbitos, y las encontraron. Viajes para que legisladores y periodistas cuidadosamente seleccionados pudieran conocer las bondades de la minería metalífera en otras latitudes, cuando aquí en el país tenemos sobrados ejemplos de lo que la minería puede lograr en términos de pobreza y dependencia política. También fomentaron campañas para mostrar a los defensores del ambiente como fundamentalistas sin remedio, y aquí hago un reconocimiento a la nueva conducción de la CAMEN porque en todo este período ha sido la única que públicamente solo se dedicó a defender su postura y no utilizó el recurso bajo de denostar al otro. Es un comienzo. Por su parte, los gobiernos hicieron su parte, ya que asistimos a la persecución de movimientos sociales, a la imposición de multas confiscatorias para quienes organizan manifestaciones de protesta, judicialización de la protesta social y amedrentamiento de las más diversas maneras. Todo lo que se pudo hacer para acallar la protesta social se hizo, pero no se logró.

Hoy nos encontramos nuevamente con que este grupo de lobistas y de funcionarios sumisos intenta una vez más sacar provecho de ustedes y hacerles cometer un error enorme al derogar la ley 7722. Sabemos que tienen un buen predicamento porque en muchos casos hablan un mismo idioma, o tienen formas elegantes para decir lo que otros dirían en términos más rudos, pero ustedes lo saben, muchos de ellos desprecian a la clase política, los consideran zánganos y un obstáculo para sus negocios, y en esta posición me arriesgo a decir también que hasta reniegan de los mecanismos democráticos en tanto y en cuanto no sean eficaces para promover el llamado “buen clima de negocios”. Afortunadamente no son tantos, aunque están muy bien distribuidos.

Yendo a los hechos concretos, la ley 7722 que se pretende derogar no prohíbe la minería, sino que la supedita al no uso de sustancias tóxicas que puedan afectar el ambiente y la salud humana. La ratificación legislativa es un aval político a una decisión técnica sobre una actividad sensible y cuestionada a nivel global, de ahí la responsabilidad que le cabe al legislador de no dejar que la decisión la tome únicamente un grupo de técnicos sin una visión del contexto socio-político local, nacional y regional. La consulta a los municipios de la cuenca no solo es necesaria, sino imprescindible si vamos a analizar las decisiones sobre un territorio árido desde la perspectiva de las cuencas hídricas. Todo esto se dijo mil veces, pero si sirve de algo reafirmarlo una vez más, pues se dice.

Al fin de cuentas y por si algún distraído aún no se dio cuenta, vivimos en una zona árida donde el agua es escasa, el cambio climático más pronto que tarde modificará a la fuerza toda nuestra matriz agrícola e industrial, y el acceso al agua será cada vez más complejo y socialmente conflictivo. En este contexto, ¿a quién se le ocurriría poner en riesgo la calidad del agua con una actividad de alto riesgo ambiental y que es incapaz de generar desarrollo sostenible en una región como Mendoza?. Bueno, ya lo saben, y quieren que ustedes sean el brazo ejecutor de sus intereses.

Pero si esta opinión aun no disipó sus dudas acerca del grave error que significaría modificar la ley 7722, déjenme decirles que cualquier norma que la derogue y que implique una merma en el grado de protección del ambiente es incompatible con el principio de no regresión y el principio de progresividad marcado en la ley nacional N° 25675, es decir que seguramente la nueva ley será llevada a los tribunales y con todos los antecedentes jurisprudenciales locales, nacionales e internacionales sobre el tema, muy probablemente sea declarada inconstitucional. ¿No sería acaso una enorme pérdida de tiempo y caudal político concentrarse en derogar una norma cuando hay tanto por hacer en este y otros ámbitos?.

Si los legisladores quieren realmente aportar a este proceso, podrían preguntarle al Poder Ejecutivo por qué las leyes que crearon los tribunales mineros y aprobaron el código de procedimiento minero no se cumplen desde hace casi 20 años, o por qué la autoridad ambiental nunca creó la policía ambiental minera que obliga la misma ley 7722, ni reglamentó el seguro ambiental específico ni presentó informes semestrales a las comisiones de ambiente legislativas.

Los legisladores son representantes de intereses diversos, pero a su vez deben velar para que sus decisiones no impacten de forma desproporcionada beneficiando a pequeños grupos en desmedro de las amplias mayorías. ¿Y saben qué es lo más irritante?, que hay medio millón de personas en Mendoza por debajo de la línea de pobreza y probablemente tengamos la mitad de nuestros niños en esta condición, y aun así existan grupos de lobby corporativo que insisten en defender sus pequeños intereses económicos sectoriales, cuando deberíamos estar todos juntos dándole batalla al hambre, a la desnutrición y a la pobreza, problemas que la minería metalífera agrava aún más, a juzgar por las estadísticas de las provincias en las que este tipo de actividad se desarrolla al amparo de las permisivas autoridades. Aclaro que no tengo problemas en que algunas cámaras empresariales multirubro impulsen la minería, ya que fueron creadas para defender intereses, me molesta que lo hagan en nombre de todos los mendocinos cuando lo que está en juego es algo mucho más importante que el lucro para un solo sector.

Si tenemos alguna oportunidad de tener éxito como provincia, es únicamente cuidando el agua y el resto del capital natural y cultural, potenciarlo a través de las industrias del conocimiento, del turismo y de una agroindustria que necesariamente deberá reformularse para ser ambientalmente sostenible en el tiempo. Y también promocionando ciertos tipos de minería que no ocasiona los impactos socio-ambientales de la minería metalífera a gran escala. En este camino los legisladores tienen un rol clave al entregar las herramientas normativas que le permitan al Poder Ejecutivo generar los mecanismos para el crecimiento con equidad y sostenibilidad.

Eduardo Sosa

Lic. en Gestión Ambiental

Ex presidente de Oikos red ambiental

Ex Jefe de Gabinete de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial del Gobierno de Mendoza