Aprueban el primer proyecto minero en Mendoza tras 12 años de la ley 7722

La Legislatura aprobó la Declaración de Impacto Ambiental de Hierro Indio y será el primer proyecto minero metalífero que avanza desde que se sancionó la ley 7722, hace 12 años. Se trata de un emprendimiento para explorar un yacimiento de hierro que fue explotado hace décadas y que buscan reabrir. La normativa establece, además de la restricción en el uso de sustancias tóxicas, que cualquier proyecto minero metalífero requiere aval legislativo. Hasta ahora, ninguno había superado ese filtro.

Antes de esta sanción, fracasaron en la Legislatura los proyectos San Jorge (que fue rechazado en el recinto), Cerro Amarillo (que no prosperó más allá de comisiones) y también Hierro Indio. El proyecto que se trató hoy consiguió 30 votos afirmativos, uno negativo y 4 abstenciones.

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La Legislatura y el Gobierno dan el primer gesto político para favorecer a la minería

La intención es a futuro reabrir la mina y ampliarla. Es que se trata de un yacimiento que fue explotado hasta la década de los ’70 y se cree que puede haber reservas explotables de 10 millones de toneladas de hierro.

La aprobación de la DIA es para realizar los trabajos de exploración, donde se precisarán las reservas. Luego, la empresa debe realizar los estudios de factibilidad para evaluar si es viable y sustentable económicamente la explotación. En caso de avanzar, deberá pasar nuevamente los filtros ambientales y políticos para conseguir la aprobación.

La sanción de la DIA se consiguió con amplio apoyo. Y en el recinto muchos aprovecharon para cruzar chicanas y avanzar más allá. Por un lado, porque en 2014 Hierro Indio fue presentado y la Legislatura le dio la espalda. Ahora, se aprobó. Además, algunos legisladores hablaron sobre la idea de reformar la ley 7722 para que no sea necesaria la aprobación legislativa. El senador Alejandro Abraham y su colega Juan Agulles fueron en ese sentido y anticiparon que van a pedir el tratamiento de los proyectos que apuntan a cambiar la ley. 

En la puerta de la Legislatura hubo algunos reclamos, pero que no interfirieron en el tratamiento. 

El plan y el impacto

El plan de trabajo implica una inversión de 2 millones de dólares y con baja carga de recursos humanos y casi nulo impacto ambiental. Pero el aval tiene más impacto político al tratarse del primer proyecto metalífero que avanza desde el año 2007. Antes de la sanción de la ley 7722 hubo tareas de exploración en yacimientos de Las Heras (en la zona de Villavicencio), en San Carlos (cerca de Laguna del Diamante) y Malargüe. Luego de las protestas, fueron sancionadas dos normas. La primera, prohibía la minería metalífera. Esa norma fue vetada por Julio Cobos. Luego, se sancionó la 7722, que restringe esa actividad al prohibir el uso de sustancias tóxicas y obligar a que cualquier proceso tenga aval legislativo.

El Gobierno concreta ese camino de iniciar el impulso de la minería y el gobernador electo Rodolfo Suarez ya anunció que lo potenciará. Incluso, modificando la ley 7722 si es necesario. Además de Hierro Indio, buscan que en el corto plazo se destrabe el reimpulso de Potasio Río Colorado de la mano de una sociedad entre dos empresas estatales. EMESA, que se quedaría con los derechos mineros que dejará la brasileña Vale, y la china Shanghai Potash. Esa firma asiática, que tiene un pre acuerdo con Mendoza, tiene un sector de desarrollo e investigación que usaría al proyecto mendocino para intentar generar otros productos en base al potasio.

Los dos proyectos tienen antecedentes negativos y el gesto político que busca dar Cornejo tiene que ver con su obsesión de “ordenar” el Estado. Hierro Indio fue tratado en la gestión de Francisco Pérez, pero no llegó al recinto. Habían aducido problemas administrativos en la elaboración del proyecto, aunque también hubo divergencias políticas dentro del peronismo que frenaron el impulso que el Gobierno quería darle. Potasio Río Colorado tuvo una salida aún más traumática, pues el proyecto comenzó su desarrollo con una inversión de más de 1500 millones de dólares, casi 4 mil puestos de trabajo y una cadena de proveedores locales. Pero la brasileña Vale abandonó el proyecto y todo se desvaneció.

Hierro Indio tiene más impacto político que económico. Entienden que rompe el cerco político sobre la minería metalífera. El camino político que se teje detrás es intentar impulsar todo lo que la actual ley 7722 permite y, luego, intentar flexibilizar esa norma.