La Legislatura y el Gobierno dan el primer gesto político para favorecer a la minería

El Senado aprobará Hierro Indio, el primer proyecto que avanzará desde la sanción de la ley 7722. El otro hecho se dará con Potasio Río Colorado. Pero la ley no es el único requisito que deben superar los otros emprendimientos mineros. 

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Pablo Icardi

Media sanción del Código de Faltas de Cornejo

La Cámara de Senadores aprobará hoy la Declaración de Impacto Ambiental de Hierro Indio y será el primer proyecto de exploración minera que avanzará en Mendoza tras la sanción de la ley 7722. Es decir, luego de 12 años. Aunque se trata de un emprendimiento que en principio será de baja escala (aunque con mucha proyección) y que no implica riesgos ambientales fuertes, sí tiene un significado político importante.

El Gobierno concreta ese camino de iniciar el impulso de la minería y el gobernador electo Rodolfo Suarez ya anunció que lo potenciará. Incluso, modificando la ley 7722 si es necesario. Además de Hierro Indio, buscan que en el corto plazo se destrabe el reimpulso de Potasio Río Colorado de la mano de una sociedad entre dos empresas estatales. EMESA, que se quedaría con los derechos mineros que dejará la brasileña Vale, y la china Shanghai Potash. Esa firma asiática, que tiene un pre acuerdo con Mendoza, tiene un sector de desarrollo e investigación que usaría al proyecto mendocino para intentar generar otros productos en base al potasio.

Los dos proyectos tienen antecedentes negativos y el gesto político que busca dar el gobernador Alfredo Cornejo tiene que ver con su obsesión de “ordenar” el Estado. Hierro Indio fue tratado en la gestión de Francisco Pérez, pero no llegó al recinto. Habían aducido problemas administrativos en la elaboración del proyecto, aunque también hubo divergencias políticas dentro del peronismo que frenaron el impulso que el Gobierno quería darle. Potasio Río Colorado tuvo una salida aún más traumática, pues el proyecto comenzó su desarrollo con una inversión de más de 1.500 millones de dólares, casi 4 mil puestos de trabajo y una cadena de proveedores locales. Pero la brasileña Vale abandonó el proyecto y todo se desvaneció.

El primer paso

En un primer momento la aprobación de Hierro Indio tiene más impacto político que económico. Entienden que rompe el cerco político sobre la minería metalífera. El camino que se teje detrás es intentar impulsar todo lo que la actual ley 7722 permite y, luego, intentar flexibilizar esa norma.

El cambio más “liviano” que buscan es quitarle el control legislativo a la exploración minera metalífera. El más duro, revisar las prohibiciones.

Sin embargo la 7722 no es el único filtro que debe superar la minería metalífera en Mendoza.

Algunos de los proyectos que están en carpeta tienen otras restricciones o litigios. Ocurre, por ejemplo, con Cerro Amarillo y la Ley de Glaciares. Con Papagayos y todos las propuestas para buscar cobre en San Carlos y que no tienen “licencia social” o se superponen con la reserva ampliada natural Laguna del Diamante. Con otros que tienen intereses cruzados entre empresas privadas, como Paramillos y las peleas entre Deprominsa y Danone (Agua Villavicencio) y otros más.

Un actor inesperado

Las asambleas por el agua y otras organizaciones defensoras del ambiente y que se oponen a la minería están expectantes. Y tienen un aliado inesperado para Mendoza.

El arzobispo Marcelo Colombo puso reparos al impulso de esa actividad e incluso pidió, a través de notas formales, que el Senado revisara su posición de tratar el expediente Hierro Indio. Entre otras cosas, pidió que se escuche a las organizaciones ambientalistas. En la nota, Colombo advirtió a los senadores “la necesidad de tener en consideración las consecuencias del cambio climático, la crónica escasez de agua y su potencial contaminación”. “La Iglesia ofrece su palabra en vistas al diálogo imprescindible que permita cuidar entre todos, el bien común de ésta y las próximas generaciones”.

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