Paro total y movilización por la ley de emergencia en discapacidad en Mendoza
Desde este lunes y hasta el viernes, prestadores de servicios en discapacidad llevan adelante un paro total en todo el país. La medida, acompañada de movilizaciones en distintos puntos del país como Rosario, Córdoba, CABA y Mendoza, tiene lugar en el marco del tratamiento legislativo del proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad, que será debatido este jueves en la Cámara de Diputados.
En Mendoza, la concentración será este jueves frente a la Legislatura provincial. MDZ dialogó con Federico Sánchez, médico fisiatra y prestador de servicios en rehabilitación, quien detalló con crudeza la crisis que atraviesa el sistema: “No nos actualizan los honorarios desde septiembre, cobramos con 3 o 4 meses de demora, y hay instituciones que ya evalúan cerrar”, explicó.
El proyecto de ley, impulsado por el diputado nacional Daniel Arroyo, se debatirá en la Cámara de Diputados el próximo miércoles 4 de junio. El objetivo es declarar la Emergencia Nacional en Discapacidad ante el recorte de más de 200 mil pensiones no contributivas y el desfinanciamiento sostenido del sector.
Al respecto de las causas que han llevado a generar el proyecto de ley, Federico Sánchez dijo: "En primer lugar, cuando asumió Milei claramente hizo un ajuste muy fuerte en la discapacidad. Empezó con esto de las pensiones no contributivas, en las cuales se dieron de baja un montón de pensiones, algunas que aparentemente estaban mal otorgadas y otras que si estaban bien otorgadas. Desde ahí, empezaron a citar a las personas con discapacidad a presentarse a justificar por qué tenían esas pensiones por discapacidad en lugares medios raros. Por ejemplo: yo tengo un paciente que es de acá de Godoy Cruz y le tocó ir a presentarse a Potrerillos, entonces se lo pusieron súper difícil a las personas que realmente necesitaban la pensión”, explicó en detalle Sánchez.
Además, Sánchez aclaró que el sistema se rige por un nomenclador nacional que establece cuánto se paga por cada prestación, tanto en centros de día, hogares, rehabilitación o transporte. Sin embargo, aseguró que los aumentos han sido insignificantes en comparación con la inflación: “Ese nomenclador tuvo un aumento, no sé, por decirte, aproximado, en octubre del 1,5%, en noviembre del 1% y en diciembre del 0,5%, cuando la inflación en ese momento era entre el 3 y el 4. Y después de eso: enero, febrero, marzo, abril, mayo nada y ya estamos casi en junio. En los últimos prácticamente ocho meses hemos tenido 3% de aumento”, sentenció.
El atraso en los pagos también es parte del reclamo. Según Sánchez: “Cobramos a 3 o 4 meses. En enero no se cobraron las prestaciones de algunos servicios”. En ese contexto, muchas instituciones evalúan cerrar o reducir la calidad de sus prestaciones: “Obviamente que eso se traslada directamente a los prestadores de servicios, que su sueldo no se actualiza hace siete meses. Aproximadamente, la inflación acumulada en esos meses, debe llegar al 20%. Los prestadores claramente lo que van a tener que hacer es ir ajustando la calidad de las prestaciones, o hay algunas instituciones que están pensando en cerrar porque no pueden sostener las prestaciones”, detalló el médico mendocino.
Por esto, más allá del debate legislativo, el sector atraviesa una crisis estructural. “Los transportistas, por ejemplo, el kilómetro lo cobran 500 pesos y tal vez un Uber lo cobra 700 pesos, cuando las responsabilidades, el tipo de vehículos que tienen que tener adaptados para trasladar personas con discapacidad no es lo mismo y además lo que cobran lo hacen a 3 o 4 meses”, concluyó Sánchez.
El profesional también se refirió a los efectos del ajuste sobre la población con discapacidad: “Es una población súper vulnerable porque muchos son incapaces de generar ingresos propios y cuando les sacaron esa pensión, les quitaron la posibilidad de acceder a todas las prestaciones que les corresponden por tener una discapacidad”, expuso el profesional de la salud.
El escándalo del lenguaje estigmatizante
En febrero de este año, el Gobierno nacional recibió un fuerte repudio por una resolución firmada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis), que establecía criterios para otorgar pensiones usando términos como “idiota”, “imbécil” o “débil mental”. La normativa, que se justificaba en clasificaciones basadas en el coeficiente intelectual (CI), fue calificada como “discriminatoria” y “retrograda” por organizaciones de derechos humanos y expertos legales.
"Es un retroceso gravísimo. Esa terminología no se usa más desde el siglo pasado y contradice la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, que Argentina firmó en 2008", explicó Eduardo Quiroga, abogado de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Tras la polémica, ANDis emitió un comunicado en redes sociales calificando la publicación como “un error” y prometió revisar la normativa. Sin embargo, el daño ya estaba hecho.
Sector en riesgo
Sánchez, también, dejó una advertencia sobre que si la situación continúa así, será insostenible: “Si esto sigue así, o empeoramos la calidad de las prestaciones o cerramos, o la gente que labura en el sector se va a terminar yendo a otros. El kinesiólogo se va a ir a la parte deportiva, las psicopedagogas se van a ir a la escuela y nadie va a querer ayudar a colaborar con esas personas con discapacidad. Que es lo que un poco está pasando ahora con los transportistas. Pero bueno, los que realmente laburamos y que lo hacemos más o menos bien y que no tenemos nada que ver con todas esas cuestiones políticas nos sentimos vulnerables y expuestos”, sentenció Sánchez.
¿Qué está en juego?
Las personas con discapacidad conforman uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. La gran mayoría no puede generar ingresos por sus propios medios, y depende de una red de apoyos, terapias, traslados y medicación para poder llevar una vida digna.
La situación golpea también a las familias, que deben costear de su bolsillo tratamientos que deberían estar garantizados por el Estado. Y muchos directamente deben suspenderlos.