Denuncian que un proyecto del Gobierno nacional habilitaría la caza deportiva y pondría en riesgo a la fauna autóctona
El pasado 12 de febrero, la ONG cordobesa Pumawaka publicó un video en sus redes sociales donde aseguraba que un proyecto de ley del Gobierno ponía a la fauna silvestre en peligro. "Ahora matar a un puma va a ser legal, tener un carnet de cacería va a ser de lo más común", afirma Kai Pacha, presidentaa de Pumawaka, en el video.
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El proyecto de ley que preocupa no solamente a Pumawaka, sino también a otras organizaciones que velan por la protección de la fauna nativa argentina, fue presentado por el área de Ambiente el 20 de enero de este año. El objetivo del documento es "propiciar la derogación y modificación de reglamentos”, como lo son la resolución 63, la cual prohíbe el tráfico y comercialización de diversas especies de la fauna silvestre autóctona, o la 133, que prohíbe la importación, exportación y el tránsito interjurisdiccional de trofeos de caza de especies de la fauna silvestre autóctona, entre otras.
Mirá la denuncia de Pumawaka
En otra publicación, Pumawaka también denuncia que el proyecto fue redactado por Federico Iribarren, asesor legal de la Dirección Nacional de Recursos Naturales de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Según explicó la presidenta de la ONG, Asuntos Legales debe aprobar este documento y, de ser así, se publicaría en el Boletín Oficial. Días después, entraría en vigor. "Tenemos que frenarlo", pide Kai Pacha.
Frente a esta situación, más de 40 ONG a lo largo y ancho del país se unieron bajo el "Observatorio de lo Silvestre”, cuyos objetivos son observar y denunciar "el incumplimiento de políticas ambientales" y trabajar para "frenar la caza de trofeos y la matanza de especies autóctonas".
Mirá el video de Observatorio de lo Silvestre
Organizaciones pidieron esta semana una audiencia con Daniel Scioli, quien está a cargo de la Secretaría de Turismo, Deporte y Ambiente de la Nación. Paralelamente, la Dirección Nacional de Biodiversidad aclaró que el único propósito de la resolución es “ordenatorio”, ya que muchas de esas normas “están duplicadas” o nunca se aplicaron. Asimismo, otras infringen o limitan la capacidad constitucional de las provincias de ejercer su soberanía sobre sus recursos naturales. Además, señalaron que por ahora se trata de una discusión “interna” que está siendo analizada dentro de cada una de las áreas, pero que no existe nada emanado desde la Subsecretaría.