Tras la tragedia de Marista, impulsan un proyecto para regular las escuelas de verano

La trágica muerte de Faustino, el niño de cinco años que falleció ahogado en la pileta del Marista Rugby Club mientras asistía a una escuela de verano, generó conmoción y encendió las alarmas sobre la falta de regulación en estos espacios. La ausencia de un marco normativo específico deja en manos de cada municipio la habilitación y supervisión de las escuelas de verano, lo que provoca diferencias de criterio en los controles y en las condiciones de seguridad.

En respuesta al vacío legal que se destapó con la muerte de Faustino en la escuela de verano de Marista, la senadora Adriana Cano, acompañada por el Bloque Justicialista, presentó un proyecto de ley que busca garantizar estándares mínimos en infraestructura, personal y protocolos de emergencia en las escuelas de verano. "Estos espacios cumplen un rol clave en la recreación y contención de niñas y niños, pero no pueden seguir funcionando sin reglas claras que aseguren su adecuado desarrollo", explicó Cano.

¿Qué establece la iniciativa?

El proyecto de ley propone la creación de un Registro Provincial de Escuelas de Verano, bajo la órbita del Ministerio de Salud y Deportes, que se encargará de habilitar y fiscalizar estos establecimientos. Entre los principales puntos se destacan:

• Requisitos obligatorios de infraestructura y medidas de seguridad, especialmente en natatorios y campamentos.
• Regulación del personal a cargo, estableciendo que los responsables técnicos y profesores cuenten con formación específica en educación física o nivel inicial, según la edad de los niños.
• Normas estrictas para las piletas, adhiriendo a la Ley Nacional N°27155, que regula la actividad de los guardavidas y exige la presencia de personal capacitado en emergencias.
• Obligación de contar con seguros de responsabilidad civil y cobertura de emergencias médicas para todos los asistentes.
• Sanciones para quienes incumplan la normativa, que incluyen apercibimientos, multas y clausuras según la gravedad de la infracción.
• Unificar criterios y garantizar derechos

La iniciativa de Adriana Cano, se basa en que las escuelas de verano dependen de habilitaciones municipales dejando en evidencia la falta de controles homogéneos. Esta ley busca establecer un marco uniforme para toda la provincia, otorgando mayor previsibilidad tanto a las familias como a las instituciones que ofrecen este servicio.

En Mendoza, las escuelas de verano deben cumplir con la Ley 7723, que regula el ejercicio profesional de la educación física. La normativa busca garantizar que las actividades deportivas y recreativas sean dirigidas por personal calificado, con título oficial y estén matriculados en el Colegio de Profesionales de la Educación Física. Sin embargo, en la práctica, muchas colonias emplean jóvenes sin título habilitante para desempeñarse como "líderes" o "asistentes", lo que abre un margen de riesgo.

"El juego y la recreación son derechos fundamentales de la infancia, y debemos garantizar que se desarrollen en entornos seguros y organizados. Con esta normativa, queremos que las escuelas de verano cumplan su función de manera responsable y con los cuidados que los niños merecen", concluyó Cano.