Crisis en discapacidad: preocupa el atraso de las prestaciones ante la inflación

Durante tres meses (en marzo, abril y mayo) los incrementos superaron la inflación; no obstante, y sin lograr compensar el atraso arancelario, luego esas actualizaciones cayeron nuevamente. La actitud del Gobierno, según dijo el representante, es similar a la que tiene frente a los conflictos con los jubilados tras vetar la reforma jubilatoria.

El sector de discapacidad es, de igual manera, históricamente postergado y está acostumbrado a vivir en una crisis permanente. Si bien el desfasaje se acentuó en la pandemia, con la llegada de esta nueva gestión se intensificó y se habla de que el 50% de los transportistas que trabajaban el año pasado han quebrado en estas épocas. 

Molero coincidió con Juan Pérez Brancato, presidente de la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad (ATAECADIS), en que aunque todas las prestadoras tienen un atraso grave, el transporte en particular es el más complicada. Esto se debe a la suba de seguros, insumos, pero sobre todo del combustible: aumentó más del 400% desde diciembre hasta la actualidad. 

Como viene ocurriendo desde hace tiempo, la mayoría de los trabajadores de este sector están brindando su prestación de forma parcial para tratar de achicar los gastos de combustible; es decir, hacen menos traslados por semana. Se trata del primer eslabón de la cadena, pues si no se puede trasladar a los pacientes a las escuelas, terapias y centros, el resto de los servicios también se ven afectados, así como la salud psicofísica de la persona que los requiere. 

Brancato, quien también es miembro de la comisión de FATRADIS (Federación nacional de transportistas), dijo a este medio que, en promedio, sólo un 30% de los concurrentes a una escuela especial puede asistir sin los transportistas; en otras palabras, hay un 70% que no tiene clases. El retroceso que implica para el paciente hace que su discapacidad se agrave y empeore su calidad de vida.

Hasta marzo hubo una baja del 30% de los transportistas, y de ahí el presidente de ATAECADIS se anima a decir que ya podrían haber fundido incluso más del 50% de los que empleaban en 2023: "Porque no es que estábamos en Disney el año pasado, venimos en crisis desde hace mucho tiempo, pero con este Gobierno se agravó".

"Cuando se disparó más fuerte esto fue a fines de diciembre, mediados de enero, y ahí muchos ya se dieron cuenta que con la brutalidad con que aumentó el combustible iba a ser insostenible. Por eso en marzo se perdió a un 30% de los transportistas. Y en lo que va del año no tenemos un conteo específico, pero me arriesgo a decir que hay un 50% de lo que había el año pasado. Y podría ser más", añadió. 

El proyecto que preocupó al sector

De la noche a la mañana salió a la luz un proyecto de decreto de la Andis, que aparentemente había estado siendo gestado desde hacía meses a espaldas de todos los prestadores. A ojos de ellos, era "un acta de defunción". Se trató, en rigor, de una iniciativa presidencial, difundida meses atrás, que buscaba establecer que los organismos públicos financiadores de estos servicios se fijen de forma independiente. 

Yendo en contra de la Ley 24.901, este decreto hubiese hecho que los pacientes con discapacidad sean atendidos en los servicios categorizados por el Estado o por profesionales, sin importar su situación económica, mientras tengan una obra social, sean de PAMI o cuenten con una pensión o prepaga.

Para desregular este sistema, lo que debería suceder es eliminar ese nomenclador único, por lo que pasarían a haber aranceles de PAMI, Incluir Salud y otro de la Superintendencia de los servicios de salud. Es decir, de entrar en vigencia el proyecto, cada organismo público nacional financiador fijaría por su cuenta los aranceles para cada prestación. Esto podría llegar a afectar a 200.000 pacientes.

Tras la marcha de mayo en rechazo a este esbozo de decreto, que movilizó gente a lo largo del país y concentró a más de 20.000 personas frente a la Quinta de Olivos, se puso freno al mismo, estando a una firma de reglamentarse. "Entendemos que volvió a la Agencia, no va a salir, no seguirá adelante. Pero no implica que en algún momento no pueda salir alguna otra iniciativa", dijo Molero. Por su parte, desde el organismo estatal no respondieron a la consulta realizada por este medio sobre el futuro de dicho proyecto.

En cuando a los ánimos que se cosechan por estas épocas dentro del sector, el coordinador del Foro optó por usar una palabra: "Preocupación". "Los planteos no parecen ser entendidos, algunas instituciones ya cerraron o están por. Todos están esperando que haya un gran cambio. A nivel de los transportistas son ya varios los que dejaron su trabajo y eso afecta al resto de los servicios, porque acercan a las personas a sus prestaciones", añadió.

El proyecto de discapacidad que es trabado

Han acudido a vías judiciales, pero también a legislativas; las trabas aparecieron en cada una de ellas. En mayo, luego de la masiva marcha nacional que buscaba frenar la propuesta de desregulación (y que efectivamente lo logró), se presentó un proyecto de ley para poner un freno a estas medidas del Gobierno. Y si bien fue aprobado en la Comisión de Discapacidad, no logró avanzar por la de Presupuesto.

"Estamos teniendo apoyo de diputados de todos los colores para que se resuelva el problema de la desregulación. Originalmente eran tres proyectos, pero se los unificó en uno único. Fue aprobado por la Comisión de Discapacidad, y pasó a la de Presupuesto, donde quedó estancado antes de que pudiera entrar al recinto", explicó Brancato.

Esta iniciativa plantea modificar el artículo 40 de la Ley N°24.901, el cual establece que el Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones de la presente ley dentro de los 180 días de su promulgación. Por el contrario, la propuesta legislativa busca que la Andis o, en su defecto, la autoridad que en el futuro la reemplace, sea quien aplique el sistema de prestaciones básicas. 

También se modifica el artículo 41 por: "Créase el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad. El Directorio asistirá a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) en la administración e implementación del sistema de prestaciones básicas de atención integral y universal a favor de las personas con discapacidad, diseñando la formulación de la política prestacional y la determinación de los valores arancelarios". 

• Los representantes que propone Discapacidad

Además, suman un artículo 42 que establecería que el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas sea presidido por la persona a cargo de la Dirección Ejecutiva de la Andis, y esté integrado por: un miembro de la Agencia, del Ministerio de Salud de la Nación, del Área Nacional del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y del Área Nacional de Educación; también del Ministerio de Economía, de la Superintendencia de Servicios de Salud, de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, del PAMI, dos representantes del Consejo Federal de Discapacidad (Cofedis), uno del Consejo Federal de Salud (Cofesa), alguien del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y familia, y uno de los Agentes del Seguro de Salud.

Asimismo, propone que hayan dos representantes beneficiarios del Sistema de Prestaciones que integren organizaciones de la sociedad civil y cuatro prestadores de servicios del sistema. Dos representantes de instituciones prestadoras inscriptas en el Registro Nacional de Prestadores de la Andis, un prestador individual, y finalmente un último representante de prestadores de servicios de transporte para personas con discapacidad inscriptos en el Registro de Transportistas de la Andis.

Y no solamente plantea que el Directorio deberá establecer el mecanismo de elección de los representantes, sino que los mandatos durarán dos años, pudiendo ser reelectos por un solo periodo consecutivo y su desempeño tendrá carácter ad honorem. 

Le suman varias facultades y obligaciones más al Directorio, entre las que destacan: proponer y decidir ampliaciones al Nomenclador Único, determinar los valores arancelarios de las prestaciones incluidas en el Nomenclador y establecer mecanismos y/o instancias de escucha y diálogo con usuarias/os del sistema de prestaciones.