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Paro nacional de cardiólogos intervencionistas: ¿qué sucederá en Mendoza?

Los médicos cardiólogos intervencionistas de Argentina anunciaron un paro de actividades para los días miércoles 28 y jueves 29 de agosto.
El Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas anunció que la decisión se debe a los honorarios extremadamente bajos y la escasez de insumos. Foto: Freepik
El Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas anunció que la decisión se debe a los "honorarios extremadamente bajos y la escasez de insumos". Foto: Freepik

Los médicos cardiólogos intervencionistas de Argentina anunciaron un paro de actividades que se llevará a cabo el miércoles 28 y jueves 29 de agosto, en protesta por la crítica situación económica que atraviesa el sector. Durante estos dos días, se suspenderán las prácticas de colocación de stents y angioplastias en todo el país, a excepción de los casos de urgencia, que serán atendidos para evitar riesgos letales en pacientes críticos.

El Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI) emitió un comunicado en el que subraya la gravedad de la crisis, destacando que los bajos honorarios y la falta de insumos esenciales han llevado a la especialidad a una situación insostenible. “La decisión de los cardiólogos de suspender estas prácticas se debe a los honorarios extremadamente bajos y la escasez de insumos, en el marco de una crisis económica que afecta profundamente a la cardiología intervencionista en Argentina”, explicaron desde el CACI.

En Mendoza, la situación será diferente en los hospitales públicos, donde la atención en el área de cardiología intervencionista se mantendrá con normalidad, según informó Jorge Pérez, director de Hospitales.

El doctor Alfredo Bravo, vicepresidente del CACI, explicó que este paro es un “paro simbólico” y que todas las prácticas programadas se reprogramarán. “Queremos destacar la seriedad de la situación e instamos al gobierno nacional a intervenir de manera urgente, convocando al diálogo para encontrar soluciones a este conflicto”, añadió Bravo. Además, mencionó que la medida inicialmente estaba prevista para mediados de agosto, pero se postergó en un intento de diálogo con los financiadores de la salud, sin éxito.

El CACI advirtió que sin una solución rápida, la especialidad podría “desaparecer”. La inflación y el aumento de costos han hecho que los honorarios sean prácticamente inexistentes, lo que, sumado a la escasez de insumos como material de contraste y stents, provocó un retraso en la entrega de estos por parte de obras sociales y prepagas. Esto no solo aumenta los riesgos para los pacientes, sino que también pone en peligro la continuidad de la especialidad.

Los cardiólogos intervencionistas también expresaron su preocupación por la imposición de dispositivos y de prótesis por parte de los financiadores de salud, basados en criterios económicos más que en la experiencia y seguridad del médico. “Esto es muy grave, porque obliga al médico a usar herramientas que no conoce bien, poniendo en riesgo la seguridad del paciente”, afirmó Bravo.

Ante la gravedad de la situación, se están considerando alternativas como el uso de trombolíticos para pacientes con infarto agudo de miocardio, aunque estos fármacos son menos efectivos y eventualmente requerirán de angioplastias con stents, lo que representa un desafío adicional.

El doctor Juan José Fernández, otro vicepresidente del CACI, advirtió que el país podría quedarse sin cardiólogos intervencionistas si no se toman medidas urgentes. “Nos vamos a quedar sin cardiólogos intervencionistas que coloquen stents. La situación es muy grave”, declaró Fernández el mes pasado.

El comunicado del CACI finalmente aclara que durante los días de paro no se realizarán estudios diagnósticos o terapéuticos programados, pero que las emergencias serán atendidas sin inconvenientes.

Los médicos esperan una pronta respuesta por parte de las autoridades con este llamado de atención, luego de que las cartas que enviaron a diversos sectores del Gobierno y a obras sociales, no dieran resultado.

Con esta decisión buscan evitar un deterioro mayor de la situación, que afectaría tanto a los profesionales como a los pacientes.