El sistema registral de autos y los errores en las reformas propuestas por Javier Milei
En los últimos meses, el sistema registral del automotor y los Encargados de Registro hemos sido objeto de una intensa campaña de críticas. Esta situación requiere un análisis profundo, pues ha sido impulsada por una combinación de prejuicios, desinformación, intereses particulares y contradicciones en las soluciones propuestas.
El poder ejecutivo ha promovido reformas como el DNU 70/2023 y un proyecto de ley ómnibus que buscan centralizar el sistema en la Dirección Nacional del Automotor, eliminando la gestión privada y la intervención de los Encargados en la calificación registral. Sin embargo, estas reformas desprecian características valiosas del sistema actual, como su naturaleza federal y la "ventanilla única". La propuesta ignora que la digitalización ya es una realidad en el sistema registral del automotor, donde todos los datos están digitalizados y centralizados en los servidores del Ministerio de Justicia.
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Prejuicios y desinformación han llevado a malentendidos graves, como la falsa afirmación de que los Encargados retienen el 80% de la recaudación, cuando en realidad es entre el 10% y el 15%. También se acusa erróneamente al sistema de financiar la política, ignorando su origen en la Ley 9644 y su decreto reglamentario de 1914.
Propuestas como la de adoptar el modelo estadounidense de registración de automotores muestran una falta de comprensión del objetivo central de dicho sistema, que es fiscal y no de protección del derecho real de dominio. Además, este sistema también es oneroso y presencial, características criticadas en el nuestro. Curiosamente, se señala a nuestro sistema como intermediario perjudicial, cuando en realidad el registro de automotores asegura la presencia directa del Estado ante los ciudadanos, algo que no se critica en la registración de inmuebles, donde hay una verdadera intermediación por parte de inmobiliarias y escribanos.
Desinformación y miradas erróneas
La desinformación ha generado un rechazo social al sistema registral, visto erróneamente como burocrático y caro. Sin embargo, la eficiencia del sistema es indiscutible, con trámites rápidos, baja litigiosidad y apoyo a la industria automotriz. La eliminación de los Registros Seccionales no resultará en un ahorro significativo, ya que los impuestos que gravan las operaciones representan el 70% del costo del sistema y sólo pueden ser eliminados por las respectivas jurisdicciones provinciales. Sólo el 30% corresponde a los aranceles del sistema registral. Por otro lado, reducir esos valores puede llevar a un grave desfinanciamiento del Ministerio de Justicia.
Es crucial entender que el sistema registral del automotor no es caro por su propia naturaleza, sino por la estructura de costos que incluye aranceles registrales, costos de elementos e impuestos. Proponer la eliminación de los Registros Seccionales como una medida de ahorro es un error, ya que el Estado difícilmente podría realizar la misma tarea a menor costo. Además, la recaudación de impuestos y control de infracciones de tránsito realizada por los Registros Seccionales ha demostrado ser eficiente, reduciendo la evasión y apoyando la seguridad vial.
Para mejorar el sistema y revertir la imagen negativa, es esencial mejorar la comunicación con los usuarios y otorgar mayor poder de decisión a los Encargados. La normativa actual debe orientarse hacia objetivos claros, permitiendo a los funcionarios tomar decisiones informadas y responsables. Esto implica un cambio profundo en la normativa y en la relación entre la autoridad de aplicación y los funcionarios de los registros. La capacitación continua y la experiencia de los Encargados son fundamentales para mantener la seguridad y eficiencia del sistema.
En conclusión, las reformas propuestas no consideran adecuadamente la estructura y eficiencia del sistema actual. Es fundamental reconocer y valorar el trabajo y la historia del sistema registral del automotor, buscando mejoras basadas en una comprensión integral y realista de su funcionamiento y contribución. Es imperativo que cualquier reforma tenga en cuenta las necesidades reales del sistema y de los usuarios, asegurando la protección de los derechos y la eficiencia en la gestión y para ello es fundamental aprovechar de la experiencia y conocimientos de los encargados de los Registros Seccionales.
* Álvaro González Quintana es abogado y encargado del Registro Seccional Capital Federal Nro. 31