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Por desfinanciamiento, una universidad nacional dejará de pagar servicios básicos

Este martes 9 de abril, rectores de todo el país debaten en plenario en la Universidad Nacional de San Martín la dura realidad que enfrentan por la caída de fondos que supera ya el 230%.

Las universidades nacionales del país comenzaron esta semana a mostrar los primeros síntomas del colapso financiero por el recorte presupuestario que sufrieron por parte del Gobierno nacional.

La primera en mostrar las consecuencias de la caída de fondos en el presupuesto, que ya supera el 230% y que pone en peligro la continuidad en el segundo cuatrimestre, es la Universidad Nacional del Comahue (UNco) que informó este lunes que dejará de pagar los servicios básicos como la luz y la limpieza de sus instalaciones.

Primero se había suspendido las convocatorias a nuevos proyectos de investigación y extensión universitaria. Pero ahora el Consejo de Administración de la universidad formalizó que ya no puede afrontar todas las erogaciones que implica su funcionamiento.

Según se detalló, “se verá afectado por ejemplo el servicio de limpieza, intensificando la reducción de turnos, quedando establecida la prioridad solo para aulas y baños. Se suspenderán servicios de telefonía, y no habrá manera de poder pagar la próxima factura de luz y menos la del gas cuando venga el frío”.

“Técnicamente no entramos en cesación de pagos”, señaló la rectora de la Universidad Nacional del Comahue, Beatriz Gentile, pero aclaró que si el Gobierno nacional no actualiza la partida para gastos de funcionamiento “estaremos en esa situación” en el corto plazo “como veníamos advirtiendo” desde que se congeló el presupuesto.

Beatriz Gentile, rectora de la Universidad Nacional del Comahue, confirmó el colapso financiero por la falta de presupuesto. Foto: uncoma.edu.ar

La rectora precisó en declaraciones radiales que ya se redujeron servicios, como el de la limpieza, telefonía y dijo que con Aguas Rionegrinas existe una deuda del orden de los 19 millones de pesos que la universidad no puede afrontar.

Gentile subrayó que el colapso financiero es el que venían advirtiendo desde la reconducción presupuestaria en diciembre pasado. “Hay tarifas que se incrementaron enormemente y otras no llegaron, y estamos analizando cada caso”, aclaró.

La situación no le es ajena al resto de las universidades públicas del país, que ya advirtieron graves recortes por la reconducción presupuestaria. En ese sentido, diez recortes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se reunieron este lunes con la Comisión de Educación de Diputados para expresar la caída de los fondos en un 230% y solicitaron una ley que les permita un ajuste presupuestario.

Del mismo modo, en el inicio del 91° plenario del CIN que se lleva adelante este martes en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), su rector sostuvo que con el presupuesto reconducido con el que cuentan se traducen en un 30% de los fondos que necesitan para el funcionamiento de las casas de altos estudios en un esquema económico muy complejo.

Gentile, que se encuentra en dicho encuentro, opinó: “El CIN tiene que tomar una decisión, debe tener una declaración fuerte respecto de lo que esta ocurriendo y definir un plan de acción”.

"No vamos a cerrar nuestras puertas, de ningún modo", expresó esta mañana Carlos Grecco, quien en la apertura del plenario señaló que esperaba que el encuentro tuviera un objetivo para poder salir adelante de la dura situación que atraviesan las universidades nacionales.

“Gastos supérfluos”

El vicepresidente del CIN, Víctor Moriñigo, fue contundente en el plenario al aseverar que, por no tener presupuesto, el 70% de los fondos destinados para el 2023 y aplicados al presente 2024 “ya hoy está consumido y eso nos va a traer problemas burocráticos administrativos en un corto plazo”.

Al respecto, comentó que a este desfinanciamiento se suma la suba de las tarifas, la inflación, y la devaluación, lo que hace que los fondos reconducidos hoy sean insuficientes.  

“Hoy quiero decir y certificar que ya hemos entendido y estamos haciendo el esfuerzo de la austeridad de lo público que nos piden. Si no fuera así, no estaríamos abiertas las 60 universidades de nuestro país. Pero también quiero decir de que es muy difícil ir en búsqueda de gastos superfluos porque no los tenemos”, subrayó.

Asimismo, recordó que, en los últimos años, viene aumentando el porcentaje del presupuesto que son destinados a salarios docentes y nodocentes.

El vicepresidente del CIN, Víctor Moriñigo, expresó en el plenario que ya fue consumido el 70% del presupuesto de 2023, reconducido para el 2024. Foto: Universidad Nacional de San Luis

“En los últimos meses pasó a ser un 95% salarios y el 5% el resto de los gastos. No renegamos de las paritarias, celebramos que le ganen lugar en lo presupuestario, pero hemos tenido que destinar ese 5 por ciento que resta en pagar becas, comedores, funcionamiento, equipamiento, infraestructura…”, señaló.

Y comentó que, dentro del sistema público, las universidades de más reciente creación “son las que hoy tienen graves problemas por tener infraestructura alquilada y son las primeras que van a caer si esta situación no cambia”.

“El resto tampoco es que la está pasando bien. El resto está sosteniendo el funcionamiento con el ´desahorro´ de los que hemos administrado bien años anteriores, gastando los fondos anticrisis y que estaban destinados a nuevas carreras o a mejora de edilicias, a pagar luz, gas, alquileres… Esto es una alarma porque ese ahorro, en el segundo semestre del año ya no lo vamos a tener”, agregó

“Es por eso que quisiéramos certificar si la Educación Superior es política de Estado para este Gobierno. Quiero creer sí, por lo cual frente a los representantes de la cartera educativa, señalo que estoy convencido que solo podremos salir delante de esta situación con diálogo y respeto”, indicó.