La convocatoria lanzada por rectores de todo el país en defensa del sistema universitario público
El 91° plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que se desarrolló el martes finalizó con un comunicado de las universidades públicas del país en el que llaman a defender la educación pública, la ciencia y el sistema universitario nacional.
El organismo que reúne a las rectoras y los rectores de las casas de estudios públicas convocó específicamente “a una gran demostración nacional el próximo 23 de abril” en la Ciudad de Buenos Aires, en conjunto con las representaciones docentes, no docente y estudiantiles.
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El plenario se desarrolló ayer en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), en el que participaron el secretario de Educación nacional, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Allí, los rectores y rectoras de universidades argentinas hicieron hincapié en que la situación es “grave” y necesita una “urgente” respuesta por parte de los poderes del Estado nacional.
En el encuentro, el CIN renovó sus autoridades, se renovaron las autoridades del CIN, cuya presidencia quedó a cargo de Víctor Moriñigo (rector de la Universidad Nacional de San Luis), mientras que Oscar Alpa (rector de la Universidad Nacional de La Pampa), fue designado vicepresidente.
Tras el plenario, las rectoras y los rectores redactaron un fuerte comunicado y realizaron la convocatoria a todos los integrantes del sistema universitario nacional.
El texto comienza diciendo: "Las universidades nacionales hemos dialogado con distintos representantes de Poder Ejecutivo en estos primeros cien días de gobierno y planteamos en detalle la compleja situación del sistema. Hemos aprobado una declaración en febrero en la que expresábamos nuestra preocupación por la falta de acuerdos paritarias en desmedro del poder adquisitivo de nuestros trabajadores, por el deterioro del sistema científico, tecnológico y de innovación; las suspensión total de obras de infraestructura científica y universitaria en ejecución; la abrumadora falta de actualización de los gastos de funcionamiento y la no renovación del los sistemas nacionales de becas. Con solo nombrar esas dificultades que afrontamos podemos sintetizar la profundidad de la crisis. A ello sumamos nuestra preocupación por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID)".
En el escrito, aseveran que "hoy es necesario que la sociedad en general y la comunidad universitaria en particular nos acompañen en nuestro reclamo. Se trata de la defensa de la sociedad argentina en su conjunto, que sí quiere resolver sus problemas estructurales, debe priorizar la educación pública que nos iguala y hace libres, la formación universitaria de excelencia y la inversión en ciencia y tecnología y, consecuentemente, jerarquizar su asignación presupuestaria".
Cabe recordar que este lunes, diez rectores en representación del CIN habían elevado este pedido de actualización del presupuesto ya que, a esta altura del año, ya se ha ejecutado el 70% de los fondos del presupuesto de 2023 que fue reconducido para este 2024.
"Defendemos el derecho de las y los jóvenes de acceder, según su deseo y vocación, a la educación pública superior de excelencia, no arancelada y con ingreso libre. Un sistema abierto que promueve la movilidad social y las transformaciones de nuestras comunidades, del que nuestras y nuestros graduados son su mejor expresión. Reclamamos que cualquier acuerdo que se promueva a nivel nacional priorice como central la cuestión educativa", expresa el comunicado.
Por último, se llama a una convocatoria "a una gran demostración nacional el próximo 23 de abril, a realizarse en la Ciudad de Buenos Aires, en defensa de la educación y del sistema universitario público argentino" en conjunto con las representaciones docentes, no docente y estudiantiles.
Según explican, la convocatoria alcanza a la comunidad universitaria pero también a toda la sociedad, "porque el futuro está en juego. Todos los problemas que tenemos se resuelven con más educación", subrayaron.
El martes, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, había confirmado una asignación del 70% en recursos para que las universidades públicas puedan hacer frente a sus funciones, manifestando que el Gobierno nacional no tiene por fin "cerrar ninguna universidad, sino defenderlas". Pero adelantó que el presupuesto universitario no aceptará "arbitrariedades", ejerciendo un control y la justificación de cada gasto. Al mismo tiempo, el secretario de Educación de la administración de Javier Milei, Carlos Torrendell, solicitó a los rectores reducir "gastos superfluos" que no estén relacionados a la inversión en calidad educativa para los estudiantes.