Darles el trato más injusto, la única forma de hacer justicia
Los asesinatos y amenazas en Rosario no dejaron un mensaje contra el gobierno, ni siquiera contra el gobernador Maximiliano Pullaro y su ministro de Seguridad. La declaración de guerra es contra todos los habitantes del suelo argentino y esto merece un trato distinto al de cualquier hecho delictivo.
Los integrantes de las organizaciones narcoterroristas de Rosario, no merecen los mismos derechos y garantías que el resto de las personas. Porque brindarles un trato igualitario, terminaría vulnerando el derecho de la sociedad rosarina y principalmente el de todas las víctimas y sus familiares. Sumado a ello, lo que piden estas bandas es tan injusto como contradictorio: buscan gozar de los derechos propios de un sistema que buscan destruir.
Aunque para algunos esta idea suene inconstitucional, fue puesta en práctica en sociedades como la salvadoreña, garantizando la seguridad ciudadana. Cuando Bukele asumió la presidencia, El Salvador se encontraba totalmente gobernado por una ola de violencia y terrorismo incesante. Desde que comenzó con la aplicación de medidas drásticas contra pandillas, todos estos temibles hechos de violencia pasaron a ser un recuerdo del pasado.
Otro ejemplo es el de México, quienes cometen delitos típicos de estas organizaciones criminales obtienen penas más duras como el uso de técnicas especiales de investigación y métodos de persecución penal más efectivos. Por otro lado, Estados Unidos lo aplicó contra la organización Al Qaeda y diversos grupos terroristas, pudiendo lograr grandes resultados en la lucha contra el terrorismo internacional.
Acá me animo a citar, al tan polémico “derecho penal del enemigo”, una tesis creada por el jurista alemán Gunter Jakobs, quien propuso que distinguir entre un derecho penal ordinario (donde se deben respetar las garantías y derechos constitucionales del delincuente buscando limitar el poder punitivo del estado) y otro llamado derecho penal del enemigo. Este último está destinado a aquellos acusados que propugnan la destrucción de las instituciones mediante actos de terrorismo.
El “derecho penal del enemigo” es un régimen que permite al estado ser más severo en pos de garantizar la seguridad de la sociedad y evitar el destrozo del orden jurídico. El estado de guerra declarado por estas bandas de Rosario es el ejemplo de la necesidad de aplicar el derecho penal del enemigo descrito por Jacobs. Dicho esto, dar carta blanca para que el estado pueda violar y avanzar sin restricciones contra los derechos de los individuos no debería ser la solución. El ámbito de aplicación debe limitarse a los procesos donde se encuentren involucrados autores o partícipes de estas organizaciones criminales, respetando el debido proceso, evitando las detenciones arbitrarias y sin afectar derechos de terceras personas.
Tanto el gobierno como la justicia deberán actuar de una manera rápida y decidida antes de que los chalecos antibalas se pongan de moda.
* Dr. Nicolás Mendive estudió abogacía en la Universidad de Buenos Aires, centrándose en el área del Derecho Penal. Comenzó su carrera trabajando en el estudio Bacca Becerra y luego se unió al equipo del Dr. Oscar Salvi (ex Juez Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal).