El camino a una verdadera inclusión

El síndrome de Down es el más estudiado y representativo tipo de discapacidad intelectual, y es, a la vez, una expresión más de la diversidad humana. Aquí omitimos tratar los aspectos fenotípicos y genotípicos que caracterizan a las personas que conviven con este síndrome, y resaltamos lo verdaderamente importante: son ciudadanos plenos de derechos, pero aún nuestra sociedad los vulnera ya que no los reconoce en su total dignidad humana o, peor aún, los considera de segunda clase.

Desde 2006 existe una Convención Mundial de los Derechos de las Personas con Discapacidad que los ampara. Argentina fue uno de los primeros países en firmarla y suscribirla; es decir, se comprometió a ser estricta en su cumplimiento, le dio rango y carácter constitucional. Y, a la vez, en Argentina existe ASDRA, una de las Asociaciones de personas con síndrome de Down y
pionera en defensa de sus derechos. Constituyen el baluarte y estandarte de lucha del cumplimiento de los 50 artículos de la
convención y los ha sabido plasmar en uno de ellos, la inclusión educativa:

Tienen el derecho de estudiar en la escuela regular, única; basta de exclusión y discriminación. Ningún niño o adolescente con esta condición, que no es una enfermedad, podrá ser rechazado por tener síndrome de Down. Estas reflexiones suenan muy bonitas y no pasan de ser pura retórica si no se los incluye en el sistema educativo regular. No se trata de una prerrogativa ni concesión, sino de un mandato de obligatorio cumplimiento.

Su inclusión educativa es muy lenta, tiene muchos obstáculos

Su alcance es para todas las personas con discapacidad visual, auditiva, física, sordo-ceguera y las menos conocidas como
las llamadas enfermedades raras. La estructura física de muchas escuelas y colegios es inaccesible, tal y como son las calles y los
transportes públicos por nombrar los más evidentes. Las personas con síndrome de Down enfrentan una enconada resistencia a su inclusión educativa de parte de muchos directivos y docentes que contravienen el mandato constitucional, quienes le niegan un cupo que les corresponde por derecho.

A veces, los mismos padres claudican en la exigencia y lucha para que sus hijos no sean excluidos de la escuela única como lo fueron en el pasado. Pero las autoridades educativas deben ser las primeras en exigir el cumplimiento de las políticas inclusivas.
Este no es un proceso da cambios fáciles, requiere tomar conciencia de su necesidad y urgencia. También requiere inversión. La inclusión no puede seguir siendo sólo un eslogan, una frase hueca que se queda en palabras y buenas intenciones de muchos políticos y, en ocasiones, de los mismos medios de comunicación.

Es necesario impulsar el cambio

Las personas con discapacidad no son ajenos extraterrestres y pedigüeños de favores, son ciudadanos capaces de contribuir al país y realizarse con todas sus posibilidades, a pesar de algunas limitaciones. La inclusión es muy amplia. Si bien la primera en incluir debe ser la familia porque sin ella se cae cualquier intento de inclusión, la Nación asumió el compromiso de respetar su ciudadanía, derribar las barreras arquitectónicas y psicológicas, y educarlos en un sistema único que les brinde el apoyo necesario.

Es un compromiso brindarles oportunidades laborales y enseñarles habilidades sociales para la vida. Inclusión es educar, orientar y permitir una sexualidad sana. Es erradicar y castigar severamente el acoso que los persigue. Inclusión es darles todas las posibilidades para que puedan realizarse como personas.

* Manuel Aramayo Zamora. Profesor Titular de Posgrado de la Facultad de Estudios de la Familia, Universidad Austral.