Por qué a partir de enero podría colapsar el sistema privado de salud
Unas 5.000 instituciones de salud privada están al borde de la quiebra por la deuda impositiva que acumulan, y a partir de enero de 2025 podrían ser embargadas si no se prorroga una resolución clave
Desde la crisis de 2002, el sector de salud privada ha entrado en Emergencia Sanitaria y, desde ese entonces, se ha convertido en un sector subsidiado, ante la falta de resolución de los distintos gobiernos de los problemas estructurales.
El congelamiento de los aranceles durante 2020 (en plena pandemia), la inflación y las sucesivas devaluaciones han puesto en jaque a las instituciones.
En diciembre de 2023, con la desregulación de la economía, la emergencia cayó y los prestadores perdieron las medidas de alivio económico que venían recibiendo desde 2020: el programa FESCAS (ex ATP y ex Repro Salud) y el Decreto 300.
Esta situación agravó la crisis financieras y miles de prestadores enfrentan reclamos impositivos por la falta de pagos.
De un total de 25 mil instituciones inscriptas en todo el país, según el Registro Federal de Establecimientos de Salud (REFES) del Ministerio de Salud de la Nación, al menos cinco mil ya fueron detectadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) y podrían ser embargadas a partir de esa fecha.
Desde Adecra+Cedim –la cámara nacional que nuclea a más de 400 instituciones de salud privada entre clínicas, sanatorios, hospitales privados, laboratorios y centros de diagnóstico y tratamiento ambulatorio- alertaron en un comunicado sobre la crítica situación que, de no resolverse, pondría en peligro la atención de miles de centros de salud en cuestión de semanas.
El 31 de diciembre de 2024 perderá vigencia la Resolución 617/24, emitida por el Ministerio de Economía nacional, que suspende temporalmente “el inicio de los juicios de ejecución fiscal y de la traba de medidas cautelares” del Estado frente a las deudas tributarias que los prestadores contrajeron durante más de 20 años, bajo el “paraguas” de la Ley de Emergencia Sanitaria (que caducó a fin de año pasado).
“Los prestadores de salud privada en su conjunto, que atienden la salud de más de 30 millones de personas en Argentina (afiliadas a PAMI, obras sociales nacionales y provinciales, y empresas de medicina prepaga), vienen sufriendo un lento y continuo deterioro económico-financiero, que se agudizó en pandemia, flagelo del que aún hoy no se ha podido recomponer el capital de trabajo” señalan en el comunicado.
El sector se encuentra actualmente transitando una suerte de “pandemia económica” – advierten desde las entidades - sin medidas de asistencia y sin tampoco poder encontrar caminos hacia la sustentabilidad económica (como debería ser), ahora con numerosas instituciones al borde de la quiebra.
Cabe destacar que, en el marco de la Ley Bases, existe un plan de pagos extraordinario para que las instituciones puedan saldar sus pasivos, pero en el sector lo consideran insuficiente ante el abultado pasivo.
Se deben décadas de contribuciones patronales y otras deudas fiscales, y hay dificultades, incluso, para pagar sus obligaciones corrientes mensuales.
Además, en caso de querer acceder, las instituciones deberían abonar millones de pesos de adelanto, sumado a las cuotas mensuales del plan.
“Stock de deuda más flujo de fondos futuros es, literalmente, imposible de afrontar en las condiciones actuales”, aclaran.
De continuar esta situación, cerca de 300 mil trabajadores del sector (registrados en la Secretaría de Trabajo) correrían el riesgo de perder su fuente de trabajo y de percibir sus haberes mínimos al momento de jubilarse. Asimismo, el sector de la salud pública, lógicamente, no estaría en condiciones de absorber la demanda de atención que dejaría el sector privado, lo que pondría en seria tensión al sistema sanitario.
“Es por esto que resulta imprescindible consensuar medidas urgentes que permitan una salida ordenada a la crisis descripta. Desde Adecra+Cedim, hemos informado sobre el estado de situación del sector a las autoridades actuales del Ministerio de Salud, la Superintendencia de Servicios de Salud, el Ministerio de Economía, ARCA y Secretaría de Trabajo, quienes nos aclararon estar al tanto del problema y que se encuentran trabajando al respecto, pero aún no hemos recibido respuestas concretas.
La crisis del sistema se percibe en los condicionamientos en la calidad, y esto el paciente lo padece de múltiples maneras.
“Como nunca, prácticamente todas las semanas vemos en la prensa noticias sobre los problemas en el sector salud: diferimiento de turnos, médicos que abandonan las cartillas médicas, cobro de copagos, guardias saturadas, aumentos desmesurados en los precios de los medicamentos, prácticas médicas condicionadas por falta de insumos, e instituciones que al estar ahogadas financieramente comienzan a ser gestionadas por PAMI o IOMA, etcétera”, concluye el comunicado.

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