Auditorías: qué ordenó el juez al Gobierno tras aceptar la demanda de la UBA
El conflicto del Gobierno nacional con las universidades públicas fue escalando en los últimos días y derivó esta semana en una demanda que presentó la Universidad de Buenos Aires (UBA) para impedir la intervención estatal y las auditorías a través de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
La acción judicial provocó la reacción del presidente Javier Milei, quien redobló su ofensiva contra las autoridades universitarias y aseguró que va a "meter presos" a quienes sea necesario.
Lanzando dardos contra la judicialización del conflicto entre la UBA y el Gobierno, dijo: "Parece que están mucho más sucios todavía". "Nosotros no queremos intervenir, queremos tener un control del dinero que pagan los pagadores de impuestos... queremos saber qué están haciendo con la plata de las universidades. La gente está despertando y tomando conciencia de que esto es el choreo de una banda de delincuentes", insistió.
Cabe recordar que el lunes, la Universidad de Buenos Aires presentó una "acción declarativa de certeza" para que la Justicia defina si la SIGEN puede o no auditarla y pidió que mientras se resuelve se dicte una medida cautelar que lo impida.
En el escrito de demanda pidió que se ordene al Poder Ejecutivo Nacional y a la SIGEN que se "abstengan de realizar cualquier tipo de acción vinculada con intervenciones a esta Universidad, bajo el nombre de auditorías y/o cualquier otra denominación que implique el control interno". Y advirtió que el Gobierno "decidió unilateralmente la realización de una auditoría a partir del próximo 28 de octubre, careciendo de competencia para ello".
En tanto, este martes, el juez en lo contencioso administrativo federal Diego Cormick se declaró competente y dio curso a la demanda, resolviendo darle cinco días de plazo al Gobierno para que elabore un informe que conteste a los argumentos de la UBA en los que solicitan una medida cautelar para suspender cualquier auditoría por parte la SIGEN.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, por la mañana y apenas quedó sorteado en el caso, el magistrado había dado vista al fiscal Fabián Canda para que dictamine sobre la competencia en el caso.
La fiscalía concluyó que el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal era el que debía intervenir en la demanda porque debía analizarse la aplicación de principios y normas de derecho público constitucional y administrativo.
En ese marco, el juez quedó a cargo del caso por sorteo, luego de que la UBA recusara sin causa a la primera magistrada que había sido sorteada, Rita Ailán, informaron fuentes judiciales.
En la demanda se busca que la Justicia "declare la inconstitucionalidad del artículo 8 del Decreto 1344/07 y la incompetencia de la SIGEN para ejercer el control interno de esta Universidad por resultar contradictorios e incompatibles con las normas, principios y garantías de la Constitucional Nacional".