Los padres de Joaquín se presentarán como querellantes particulares en la causa

El juez Sebastián Moro recibió en la mañana de este martes a la madre y al padre de Joaquín Sperani, el adolescente de 14 años que encontrado sin vida el domingo pasado en las inmediaciones del colegio al que asistía, en la ciudad de Laboulaye, en la provincia de Córdoba

Según se informó, del encuentro también participaron funcionarios del Juzgado de Control, Faltas, Niñez, Juventud, Penal Juvenil, Violencia Familiar y de Género local que intervienen en la investigación del hecho.

Durante la reunión, los padres de la víctima, que estuvieron acompañados por el abogado Raúl Frencia, expresaron al tribunal sus inquietudes en relación con la investigación, y pidieron que se tomen una serie de pruebas, algunas de las cuales ya había sido dispuestas.

El magistrado les explicó oficialmente que, en los procesos penales juveniles como el iniciado en relación con el presunto autor del homicidio, su amigo y también menor de 14 años, existe reserva de las actuaciones judiciales necesarias para garantizar los derechos de la niñez en conflicto con la ley penal.

“Sabemos que hay secreto de sumario, pero a las principales preguntas que se hacía la familia por las distintas hipótesis que empiezan a circular, ellos han quedado conformes. Nos adelantaron que se están llevando adelante determinadas pericias a los fines de establecer y clarificar cuáles fueron las causas del hecho”, expresó el abogado de los padres de Joaquín Sperani, Raúl Frencia.

Posteriormente, los padres de Joaquín mantuvieron un encuentro con el intendente de Laboulaye, César Elías Abdala, que junto a su gabinete, se puso a disposición de ellos. “Entendemos que fue una reunión productiva porque los padres también pudieron expresar su pesar y parte del municipio se puso a disposición para mitigar el dolor que están sufriendo”, dijo Frencia en declaraciones televisivas.

Además, precisó que los padres aún no pudieron comparecer ante la Justicia, lo que harán este miércoles, ocasión en la que además se presentarán como querellantes particulares en la causa”, expresó.

“Los padres de Joaquín están bajo una situación de shock muy grande”, dijo además el letrado. Además, expresó que aún no pudieron sacar ninguna conclusión sobre los causales del crimen ni determinar si el responsable fue sólo el menor que fue trasladado al instituto de menores del Complejo Esperanza o si participaron otras personas más.

“Eso es parte de la investigación que se encuentra bajo secreto sumario”, precisó el abogado. Además, estimó que una vez que se presenten como querellantes particulares podrán acceder a la causa.

Una localidad conmocionada

Cabe recordar que el asesinato del adolescente tiene conmocionado a toda la localidad y que este fin de semana acompañó a la familia en una marcha para pedir justicia.

“Tengo 58 años y no tengo conocimiento que otro hecho de esta magnitud haya sucedido nunca en nuestra comunidad que tiene 25.000 habitantes, o sea, que en general nos conocemos todos. La comunidad estuvo colaborando, con los padres, en la búsqueda de Joaquín, y es muy difícil lo que ocurrió porque el hallazgo del cuerpo lo hizo una de las primas de 8 años. Creo que es muy difícil para toda la población abstraerte de esta angustia social porque son niños. Sinceramente, es una situación terrible”, expresó el abogado.

En tanto, el Juzgado de Control, Faltas, Niñez, Juventud, Penal Juvenil, Violencia Familiar y de Género de Laboulaye informó que, en el marco de la investigación que se inició el mismo jueves en que se denunció la desaparición de Joaquín, se ordenó una autopsia que fue realizada por el Cuerpo Médico Forense de la sede judicial Río Cuarto. Los resultados fueron estremecedores. Joaquín falleció a causa de un traumatismo de cráneo y sufrió un daño encefálico luego de recibir más de 10 golpes en la cabeza.

Se pudo establecer luego la presunta participación no punible de un niño de 14 años en el crimen, quien fue alojado para su resguardo en el Centro de Admisión y Diagnóstico (CAD), que depende del Complejo Esperanza, de la ciudad de Córdoba. En las próximas horas, se llevarán a cabo una serie de estudios diagnósticos y psicosociales. En razón de su corta edad, está interviniendo la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).

El domingo, frente a la psicóloga y a su propio padre, el adolescente reconoció haber sido el autor del asesinato. Al mismo tiempo, el papá de Joaquín estaba brindando declaración en la Departamental de Policía, y las diminutas dimensiones del edificio hizo que el papá de Joaquín lograra escuchar toda la confesión.

Por otro lado, se supo que el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba inició una investigación administrativa para conocer lo actuado por las autoridades de la escuela a la que asistían ambos adolescentes, y paralelamente, se activaron los procedimientos de actuación de los “equipos profesionales de acompañamiento institucional”.

Por su parte, la inspectora general de Educación Secundaria, Andrea Fessia, se reunió con las autoridades escolares y volvió a negar que hubiera antecedentes de agresiones entre los chicos. “Ellos tenían en el aula una buena relación, en algún período del ciclo 2023 se sentaron juntos, pero luego dejaron de hacerlo”, señaló en declaraciones periodísticas.

Asimismo, la directora del establecimiento, Alejandra Giménez, negó que Joaquín hubiera sufrido “bullying” en la escuela, ni que su amigo hubiera manifestado problemas de conducta en la institución.

El futuro del menor involucrado

En Argentina, si un menor de 16 años comete un homicidio, se aplica el "Régimen Penal de la Minoridad". Este sistema está establecido en la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Ley 26.061).

Según esta ley, los menores de 16 años son considerados inimputables, lo que significa que no pueden ser responsabilizados penalmente por sus acciones de la misma manera que los adultos. En lugar de ser sometidos a un proceso penal, se busca abordar su situación a través de medidas de protección, asistencia y rehabilitación.

Cuando un menor de 16 años comete un delito grave, como un homicidio, se inicia un procedimiento judicial especial. El juez a cargo del caso determinará si se cumplen los requisitos para la aplicación de medidas socioeducativas, que pueden incluir internación en un centro especializado, tratamiento psicológico, educación y reinserción social.

Es importante tener en cuenta que el sistema penal para los menores tiene como objetivo primordial la protección y el bienestar del menor, buscando su rehabilitación y reintegración en la sociedad. Se busca evitar la estigmatización y el encarcelamiento de los menores, priorizando su desarrollo y respetando sus derechos.