Por las amenazas y balaceras desde las cárceles, remueven a seis autoridades penitenciarias de Santa Fe
“Es la joda de siempre, la libertad con la que operan desde las cárceles”, lanzó ofuscado el intendente de Rosario, Pablo Javkin, al ser consultado por el feroz ataque a balazos a dos escuelas de su ciudad que generaron conmoción. Casualidad o no, la reacción del Gobierno provincial no se hizo esperar y anunció la remoción de las autoridades de seis unidades carcelarias.
Se trata de las cárceles de Coronda, Las Flores, Cárcel de Mujeres Santa Fe, Rosario, Piñero y el Complejo Penal Rosario del Servicio Penitenciario.
Lo que en un principio eran sospechas, con el correr del tiempo se fue confirmando y hoy existe la certeza ente las autoridades del Ministerio de Seguridad y la Justicia de los activos vínculos que existen entre los presos y los hechos violentos.
Ataques, balaceras y ajustes de cuentas son ordenados desde los propios penales donde los internos están alojados. Ya sean dependencias provinciales o federales. Lo que alguna vez fue suficiente para desarticular bandas narcocriminales hoy ya no alcanza. Actúan igual o con más violencia, poder económico y armas.
A principio de este año el intendente de Rosario, la ciudad más violenta del país, había alertado que el “95 % de los delitos graves tiene origen en las cárceles” y se quejó por la falta de trabajos de inteligencia.
En el mismo sentido se expresó el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, quien aseguró que “el búnker está en la cárcel” y siguió insistiendo con el respaldo de las fuerzas federales para controlar lo que pasa dentro de los penales.
Una llamada telefónica, un mensaje o una visita de familiares o conocidos de internos basta para comenzar la cacería en Rosario. Se trata de tareas por encargo, homicidios o balaceras con destinatarios específicos. De acuerdo a las estimaciones de la fiscal de balaceras de Rosario, Valeria Aurigot, indicó que reciben 30 denuncias por tiroteos en la ciudad.
Si bien el director general del Servicio Penitenciario de Santa Fe, Gabriel Leegstra, aseguró que “los cambios tienen que ver con un reordenamiento de personal y funciones que hacemos en la mayoría de las unidades”, también reconoció que durante los controles en los ingresos a los penales detectaron “infinidad de elementos que antes no se podían encontrar, sobre todo porque venían en las zonas íntimas de la mujer” y citó a manera de ejemplo drogas y teléfonos celulares.
Los datos son alarmantes: durante el 2021 se secuestraron más de 3600 celulares que ingresaron de forma clandestina al servicio penitenciario y la cifra escaló a 5757 durante el 2022.
A partir de esto, desde fines del año pasado se decidió reforzar los ingresos a los distintos servicios penitenciarios, tanto para el personal como para las visitas, incorporando tecnología, detector de metales y scanner.
Sobrepoblación carcelaria
El fiscal general Jorge Baclini y la defensora general Jaquelina Balangione, quienes terminan sus mandatos la próxima semana, presentaron su último informe en la Legislatura de Santa Fe.
En relación a las personas detenidas en establecimientos penitenciarios y comisarias, informaron que durante el 2022 hubo un incremento del 13,1% respecto de 2021.
"Hay que preguntarse cuántos presos estamos dispuestos a tener. Porque con el incremento que tenemos en los últimos años vamos a exceder la capacidad de poder mantenerlos. En 2022 tuvimos 9.350 presos. Actualmente tenemos más de 10 mil presos en la provincia. En 2014 cuando arrancó el nuevo sistema procesal en la provincia había 4.560 presos. El año previo, 2013 (antes del comienzo del modelo de juicio oral) teníamos 5.025 presos. El incremento desde entonces fue del 90 por ciento de detenidos", describió.
"La tasa de presos también se incrementó: en el 2013 teníamos 150 presos cada 100.000 habitantes y hoy tenemos 263 detenidos cada 100.000 habitantes". A modo de referencia Baclini comparó con provincia de Buenos Aires que tiene 311, Cordoba 98 y Argentina 246.