La jueza Servini de Cubría decide sobre el futuro de las rusas embarazadas
El juez federal Luis Armella, que está subrogando el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, ya tiene una determinación: la causa que investiga la llegada de ciudadanos rusos pasará al juzgado N°1 de Comodoro Py, a manos de la jueza María Servini de Cubría. Así entonces, tras el pedido de refugio del ciudadano, Armella había rechazado el pedido y prohibido su ingreso exigiendo que fuera enviado de inmediato a Moscú, sus documentos tenían una alerta naranja de Interpol.
Te puede interesar
La bandera de protesta que se escurrió en el acto central de la Vendimia
La Justicia ahora investigará si hay una actividad ilícita en el entramado de familias rusas que vinieron con un contrato comercial para llegar al país, promesas de ciudadanía y volver a su país natal. “En enero, de los 120 partos que atendimos, 28 fueron rusos, esto marca un incremento exponencial en los últimos meses, prácticamente atendemos todos los días. Entiendo que este crecimiento tiene que ver con la guerra Rusia-Ucrania”, explicó en declaraciones televisivas la jefa del Departamento Materno Infanto Juvenil del hospital Fernández, Liliana Voto.
La solicitud de refugiado tramita por fuera de la Justicia y debe pasar por el Ministerio de Justicia, Cancillería, INADI, y el Ministerio del Interior, por lo que puede demorar hasta un año, por lo que Valentin Kazantsev podrá lograr evitar la extradición inmediata. Tal como contó MDZ, hay empresarios y señalamientos sobre un barrio de Puerto Madero en el que esta supuesta empresa se encontraría, allí les podrían cobrar hasta 35 mil dólares por traerlas a parir a Buenos Aires.
El aumento de embarazadas rusas es un tema que llamó la atención de la prensa internacional y fue portada del prestigioso medio británico The Guardian. En el caso argentino, 10.500 rusas embarazadas entraron el último año, casi seis mil de ellas lo hizo solo en los últimos noventa días. La propia directora de Migraciones, Florencia Carignano, aseguró que se inició una investigación judicial para acabar con lo que calificó como “un negocio lucrativo que promete pasaportes argentinos para los padres rusos”.