El Gobierno confirmó el pago de un bono de $55 mil para los jubilados
Se trata del refuerzo establecido durante la gestión anterior para compensar la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados frente a la inflación.
El Gobierno decidió que pagará, en enero y en febrero, los dos bonos pendientes por 55.000 pesos cada uno a los jubilados que cobren el haber mínimo, por lo que el piso de remuneración se ubicará en torno de los $160.000. Para el resto de los jubilados, no habrá refuerzo y se mantendrán los aumentos que correspondan a la actual fórmula previsional.
El anuncio llega en medio de la decisión del Gobierno de Javier Milei de eliminar la actual fórmula de cálculo de movilidad jubilatoria, que momentáneamente sería reemplazada por aumentos por decreto para los jubilados de acuerdo con el índice de inflación del mes anterior.
Esta suma es similar a la que la Anses pagó en diciembre tras aplicar el último aumento trimestral del año, de 20,9%, que llevó a la mínima a poco más de 105.000 pesos y desde entonces no hubo precisiones sobre qué pasaría con ese refuerzo en enero y febrero.
Este miércoles, el Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de ley ómnibus que propone en uno de sus artículos la derogación de la Ley de Movilidad Jubilatoria y faculta al Gobierno a establecer una fórmula automática de ajuste en las prestaciones, junto con la potestad de fijar de manera periódica los aumentos de haberes hasta que comience a regir el nuevo esquema.
Dentro del Título III sobre Reorganización Económica, el Capítulo III de Movilidad de las prestaciones, y más precisamente el Artículo 106 del proyecto de "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", dispone la suspensión de la aplicación del artículo 32 de la Ley N° 24.241, sus complementarias y modificatorias.
Asimismo, faculta al Poder ejecutivo nacional a establecer una fórmula automática de ajuste de las prestaciones dispuestas por la Ley N° 24.241, teniendo en cuenta los "criterios de equidad y sustentabilidad económica".
Un mecanismo para compensar el fin de la movilidad
Hasta tanto se establezca una fórmula automática, el Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar aumentos periódicos "atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos", completa el proyecto.
Horas antes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había informado que los haberes jubilatorios se van a "recomponer" por medio de un decreto "a la espera de un nuevo mecanismo" que reemplace la Ley de Movilidad.
Adorni formuló el anuncio en su habitual conferencia de prensa matutina ofrecida en la Casa Rosada, en la que reiteró que, por efecto de la inflación, la aplicación de la Ley de Movilidad le representaría a los jubilados "una pérdida del poder adquisitivo de alrededor del 40%" en un trimestre.
"Eso no lo podíamos permitir", aseveró, al tiempo que remarcó que "haber echado por tierra la ley de Movilidad no es contra los jubilados sino para evitar que la inflación les termine por despedazar el ingreso".
Al respecto, aclaró que "lo que se va a hacer es recomponer esos salarios a través de decreto, porque no tenemos fórmula jubilatoria", si bien la normativa aún se encuentra vigente ya que no fue derogada ni suspendida por ningún acto administrativo.
"La idea es terminar con eso, a la espera de un nuevo mecanismo que no dependa de un decreto ni de la firma de un funcionario, pero claramente van a tener una recomposición", manifestó el vocero.
Una sucesión de parches que no resuelven el problema de fondo
La Ley 24.241, sancionada en 1993, instituyó con alcance nacional y con sujeción a las normas de esta ley, el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), que cubrirá las contingencias de vejez, invalidez y muerte y se integrará al Sistema Único de Seguridad Social (SUSS).
Con el tiempo, fue complementada por nuevas normas y sus modificaciones, como las leyes de Solidaridad previsional y movilidad previsional, moratoria previsional, reparación histórica nacional, creación de la PUAM, reconocimiento de años de aportes por tarea de cuidado, prestación anticipada por desempleo, entre otros.
La última gran modificación se produjo a fines de 2020, cuando el Congreso aprobó la Ley de Movilidad Jubilatoria que estableció que los haberes de los trabajadores pasivos se ajustarán con una fórmula que combina 50% de la recaudación de la Anses y otro 50% de la variación salarial, y que reemplazó el mecanismo de incremento para las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales aprobado a fines de 2017, durante la presidencia de Mauricio Macri.

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