Piden a candidatos priorizar en su agenda políticas que combatan la pobreza infantil

Las organizaciones que integran el colectivo Infancia en Deuda (Aldeas Infantiles, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Asociación Civil Pata Pila, Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), - Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Fundación Kaleidos, Fundación Sur Argentina y Haciendo Camino) emitieron un comunicado conjunto con un pedido expreso a las y los candidatos presidenciales y legislativas que se presentan en las elecciones del próximo 22 de octubre.

El eje principal del documento difundido en las últimas horas es solicitar a los aspirantes a ocupar cargos en el Ejecutivo y el Congreso, incluir en sus agendas políticas, proyectos para combatir la pobreza infantil y el hambre en las infancias.

En este sentido, recordaron que todos los días más de 1.8 millones de niñas y niños pasan hambre en Argentina. "La situación actual, por demás crítica, requiere que todo el arco político redoble sus esfuerzos y se comprometa a implementar políticas efectivas. No es una cuestión de falta de recursos, es una cuestión de prioridades", afirmaron las mencionadas organizaciones.

"En la Argentina, hay niñas, niños y adolescentes (NNA) que crecen con hambre. De acuerdo a datos recientes del INDEC, 7.4 millones de NNA (57%) viven en condiciones de pobreza, y de ese total más de 1.8 millones (14,3%) lo hace en la pobreza extrema: es decir, sin acceder a una alimentación básica", enfatizaron.

Además, agregaron que según UNICEF, "el año pasado casi el 20% de los hogares con NNA en nuestro país se salteó al menos una comida al día. Esta situación es particularmente acuciante cuando se trata de hogares monomarentales, que representan el 11,7% del total de hogares en nuestro país, cuya tasa de pobreza es del 53%", enfatizaron en el comunicado dirigido principalmente a los cinco candidatos y candidatas presidenciales que aspiran a ocupar el sillón de Rivadavia a partir del 10 de diciembre próximo.

"Las políticas sociales, en particular las transferencias de ingresos a sus familias (Asignaciones Familiares, AUH y Prestación Alimentar), son la principal forma de abordar la pobreza monetaria infantil a la que recurre el Estado. Datos de UNICEF permiten estimar que la AUH evitó que 1.2 millones de niñas y niños cayeran en la pobreza extrema. Pero así como estas políticas son fundamentales, tal como están siendo implementadas, continúan siendo insuficientes", afirma el documento.

Es por eso que hicieron hincapié en que, como sucedió en otras campañas electorales, en los dos debates públicos entre los candidatos presidenciales que se realizaron el 1 y el 8 de octubre pasado, no se abordó esta situación ni se desarrollaron propuestas para revertirla. "Aunque los datos reflejan una realidad crítica, pasa otro proceso eleccionario sin que las fuerzas políticas hayan presentado soluciones al problema, ni de emergencia ni de largo plazo. Por el contrario, pareciera haberse instalado la idea de que la salida de la crisis económica sólo puede alcanzarse a través de ajustes en la inversión social", aseguraron las organizaciones.

En ese escenario, Infancia en Deuda llamó a candidatos y candidatas, a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, "a trabajar en propuestas para revertir esta realidad de forma urgente y a presentarlas a la ciudadanía".

Como primera medida, enfatizaron que es "prioritario que las prestaciones sociales se eleven hasta alcanzar una Canasta Básica Alimentaria para que cada NNA tenga garantizada su alimentación. Implementar esta reforma (que incluiría a la AUH, el Programa Alimentar y el primer tramo de Asignaciones Familiares, que son los sectores de menos ingresos) implicaría una inversión menor (0,74% del PBI), a lo que el Estado dejó de recaudar por la quita del Impuesto a las Ganancias a sectores sociales con mayores ingresos (0,83% del PBI)", ejemplificaron.

El documento concluye subrayando que "las infancias y adolescencias nunca pueden ser una variable de ajuste". "El Estado debe reasignar los recursos que sean necesarios y modificar sus esquemas de recaudación para asegurar que accedan a la alimentación mínima que necesitan para crecer y desarrollarse con dignidad. Lo contrario, es condenarlas a vivir sin derechos", cerraron.