La reunión para tratar los fondos de discapacidad no conformó al sector: los motivos

Una nueva jornada de protestas y pedidos que resuenan en defensa de las personas con discapacidad y sus familias, junto a miles de profesionales y trabajadores que prestan servicios a este vulnerable sector de la población, se hizo sentir en todos los rincones del país. El líneas generales, la lista de motivos que impulsan el alto nivel de malestar es extensa; son miles quienes solicitan que la respuesta por parte del Estado Nacional y las provincias llegue de manera expeditiva, con resoluciones concretas y rechazan de plano el recorte de fondos para el sector; una situación que recientemente fue negada por las autoridades nacionales.

Sin embargo, quienes están en el "día a día" de las personas con discapacidad y sus familias, aseguran, de hecho, que las más de 5 millones de personas que en Argentina presentan algún tipo de característica (física, neurológica o ambas), no pueden ni deben seguir esperando para acceder a una vida plena. Porque en definitiva, vivir con discapacidad, detallan desde las entidades que trabajan en pos de la defensa de los derechos -y lo comprueban los propios protagonistas-  implica acceder a tratamientos múltiples e interdisciplinarios que no pueden extenderse en el tiempo.

Pero además, reviste una serie de abordajes que -según cada caso en particular- tienne que ser resueltos sin dilaciones, atendiendo a los derechos humanos básicos en sintonía con la legislación vigente y las convenciones que los amparan. Hay quienes destacan inclusive que la invisibilización de la población con discapacidad en Argentina es tal, que ni siquiera fue incluida en el último Censo Nacional de Población. Por eso, los datos que existen en la actualidad son de 2010, es decir, cuando se realizó el censo anterior.

Pero hay mucho más. Hoy, la realidad muestra que la igualdad a la hora de acceder a la educación y a la salud como así también a las posibilidades de incluirse en un mercado laboral sin discriminaciones, es tan solo una utopía para las personas que viven con discapacidad en Argentina. Lo mismo sucede con sus posibilidades de desarrollar una vida plena en la que prime el acceso a servicios básicos y de calidad sin que esto implique agotadoras esperas y presentaciones que llegan a la Justicia para simplemente, poder lograr un tratamiento, acceder a una cirugía o contar con un/a profesional que acompañe a un niño o niña en su trayectoria escolar.

Voces que se hacen escuchar

Lo cierto es que desde hace tres días, desde todos los puntos cardinales del territorio se visibilizó una lucha que continuará inclusive hasta mañana, con acampes en las Plazas de Mayo y Belgrano en Buenos Aires, donde la consigna es clara: que el Estado argentino invierta en materia de discapacidad. Que las personas que viven con cualquier característica que requiere de un abordaje específico para avanzar en un país de iguales, sean consideradas como tales y que los fondos que se deriven al sector sean destinados directamente desde Nación y no ya a partir del desembolso que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realiza a la Superintendencia de Servicios de Salud. 

Ocurrió que tras las dilaciones en los pagos por más de tres meses a los prestadores de servicios generales y de salud (transportistas, kinesiólogos, acompañantes terapéuticos, entre otros) por parte de las obras sociales, la "bomba" no tardó en detonar por partida doble. No solo porque miles de niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores se vieron de repente sin poder acceder a esos servicios (o bien, tuvieron que pagarlos de manera particular), sino porque además, miles de profesionales sintieron el impacto en sus bolsillos con un retroceso que se complejizó en el actual contexto de inflación.

La reunión que no conformó

Justamente, hace pocas horas, los representantes del colectivo que a nivel nacional nuclea a las personas con discapacidad y sus familias, junto al sector de los prestadores de servicios, se reunieron en la Superintendencia de Servicios de Salud (con sede en Capital Federal) con el fin de lograr un acuerdo con las autoridades para que los pagos a las obras sociales estén garantizados (y con ello, a los prestadores), de manera que ya no existan complicaciones en los servicios destinados a discapacidad. "El problema es que no se están garantizando los fondos; no sabemos si el mes que viene podrán pagar, porque en realidad no se sabe cuánto es lo que AFIP pagará al fondo de discapacidad porque no están los recursos garantizados en este contexto de crisis", explicó a MDZ Daniel Masuzzo, referente del Colectivo de Discapacidad luego de la reunión que mantuvieron con Daniel López, titular de la superintendencia.

Es que si bien, desde esta área del Gobierno Nacional aseguraron acordar con las obras sociales los pagos de manera que los servicios profesionales y de transporte queden garantizados, los resultados no conformaron al sector que representan a las personas con discapacidad en el país. "Aseguran que han liberado los pagos, pero esto en el fondo no se realizará para todos y ahora. Por otro lado, lo que queremos plantear es que estos pedidos van mucho más allá de estos atrasos. Tienen que ver con un problema de fondo y es que en realidad el presupuesto de discapacidad debería estar entre las prioridades de la Presidencia de la Nación, los fondos deberían llegar desde allí a la Superintendencia y no tendrían que depender exclusivamente de los aportes de la AFIP", destacó Masuzzo. Detalló en este sentido que justamente por eso, el sector ha mostrado un profundo rechazo a la posibilidad de que el Gobierno emita un decreto a través del cual se busca que las obras sociales se "desliguen" de garantizar los servicios a las personas con discapacidad, dejando esta responsabilidad al Estado.

El "NO" rotundo a la versión de un decreto

Ese punto, justamente, es uno de los más cuestionados desde las asociaciones y organizaciones que en el país trabajan en pos de la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Consideran que en definitiva, esta metodología para no tener que derivar fondos a las obras sociales, iría en detrimento de la garantía en materia de cobertura, por la que además, millones de personas pagan.

Laura Etchebarne integrante de Colectivo de Familias Autonconvocadas, destacó que si bien el decreto no ha sido emitido, es fundamental que las autoridades a nivel Nacional "expresen por escrito que esto no va a suceder". Aclara, que si esto pasara, los derechos de las personas con discapacidad y sus familias sería doblemente vulnerado: por pagar un servicio de salud del que no podrán hacer uso al 100%, en tanto que el acceso a los servicios se vería supeditado "a las inversiones y decisiones que haga el gobierno de turno". Por eso, justamente, consideran a esta posibilidad un grave retroceso que pondría aún en un mayor riesgo a este vulnerable sector de la sociedad. "Por otro lado, consideramos y sostenemos que las personas que no cuentan con obra social deben contar con una adecuada cobertura por parte del Estado y esto actualmente no está sucediendo", puntualizó Etchebarne.

Tras tres días de paro, reclamos, carpas y movilizaciones, las familias autonconvocadas, las entidades que representan al sector y los prestadores de servicios se unieron para hacerse oír. Mañana y el sábado inclusive las protestas seguirán en todo el país. Once provincias en todo el territorio se sumaron a los pedidos, entre los que además se suma que las pensiones no contributivas para las personas con discapacidad se ajusten a la cobertura de las necesidades básicas.

Entre Ríos, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Corrientes, Neuquén, Jujuy y Buenos Aires se unieron en un plan de lucha que seguirá en pie. De hecho, este sábado a las 10 en Mendoza, se realizará una movilización que comenzará en el nudo vial y concluirá en la puerta de la Casa de Gobierno. "El presupuesto que se recortó tiene un impacto muy grande y con grandes consecuencias, sobre todo para las personas que tienen menos recursos", destacó Mónica Bascuñán, titular del Observatorio de Discapacidad de Mendoza.