El proyecto K para combatir las fake news

El proyecto K para combatir las fake news

Un proyecto de ley busca oficializar el control sobre redes y medios de comunicación. Con el lema de "luchar contra la mentira" podría ser un duro golpe a la libertad de expresión.

Pedro Paulin

Pedro Paulin

"La libertad de expresión tiene sus límites, esos límites comienzan cuando se propaga el odio, empiezan cuando la dignidad de otra persona es violada... Esta cámara debe oponerse al discurso extremista, de lo contrario, nuestra sociedad no volverá a ser la sociedad libre que es". El Bundestag alemán quedó atónito cuando escuchó que la líder democrática mundial más fuerte hablaba de limitar la libertad de expresión el 27 de noviembre de 2019. No era Nicaragua, Cuba o Corea del Norte, era la líder alemana Angela Merkel sentando una postura en un sentido claro: la responsabilidad sobre la publicación o emisión de contenidos falsos o propagadores de odio

Argentina no escapa a la problemática y es parte del debate. La desinformación, la viralización consciente de falsos contenidos, el diseño de mentiras para persuadir, nada es nuevo, menos que menos en Argentina donde hace décadas que se miente sin pausa en periodos electorales para ensuciar candidatos, arruinar campañas, echar periodistas o simplemente censurar. Las fake news como fenómeno global empiezan a tener en el país la misma problemática que en la Unión Europea y Estados Unidos: la infodemia, tal como la se determinó en la declaración conjunta de la OMS, las Naciones Unidas, UNICEF, el PNUD, la UNESCO y otras entidades.

Así, se empiezan a bosquejar entonces anteproyectos de ley para abordar la problemática sin atentar contra la libertad de expresión y los primeros roces comienzan a percibirse entre oficialismo y oposición. La infodemia, científicamente definida, es “una sobreabundancia de información, en línea o en otros formatos, e incluye los intentos deliberados por difundir información errónea para socavar la respuesta de salud pública y promover otros intereses de determinados grupos o personas. La información errónea y falsa puede perjudicar la salud física y mental de las personas, incrementar la estigmatización, amenazar los valiosos logros conseguidos en materia de salud y espolear el incumplimiento de las medidas de salud pública, lo que reduce su eficacia y pone en peligro la capacidad de los países de frenar la pandemia”. 

En ese contexto, MDZ conversó con Mauro Brissio, el autor de un proyecto que tiene el visto bueno del gobernador de La Rioja, el peronista Ricardo Quintela -denunciado por opositores justamente por asfixiar medios no alineados con su postura ideológica con pauta oficial-. Mauro Brissio es también militante peronista y posteó su foto con Quintela cuando logró su apoyo. Llama en redes sociales a sacarle la pauta oficial a los medios que difundan mentiras, armó un proyecto de ley y está en campaña para lograr su aprobación en el Congreso. “Quintela me acompaña en esta lucha contra la mentira”, dijo Brissio. Y añadió: “Buscamos algo que no sea un instrumento de mentira para que un gobierno logre acallar voces”. 

Entre otras cosas, Brissio contó que el proyecto propone la creación de un consejo que determine si hubo o no difusión de fake news por parte de un medio. El consejo estaría formado por integrantes de la sociedad civil que incluye universidades, profesionales, clubes de fútbol, académicos, ONG y otros sectores más. Las penalidades podrían ser la quita de pauta, la condena al periodista según reza en sus redes sociales, entre otras cosas.

“Me basé en el pacto de San José de Costa Rica donde se establece el derecho en torno a la dimensión colectiva que es el derecho que tenemos de recibir información que sea veraz, que sea contrastada”, explicó. 

MDZ convocó también al diputado por JxC Waldo Wolff en su carácter de presidente de la comisión de Libertad de expresión del Congreso, que opinó: “Me opongo categóricamente, la herramienta es compleja pero definitivamente un arma en manos de cualquiera que ejerce el poder y más del Kirchnerismo, que se haría en el caso de Santiago Maldonado que la justicia dictaminó que se ahogó y el gobierno azuza una teoría conspirativa”. 

La utilidad incluye también, por ejemplo, evitar la difusión en periodos electorales de mentiras que difamen candidatos. “¿Qué se hubiese hecho con el invento que le hicieron por ejemplo al candidato a jefe de Gobierno Enrique Olivera (QEPD) a quien el actual presidente Alberto Fernández le inventó una causa por la cual perdió una elección?”, se preguntó Wolff y añadió: “¿Qué se hubiese hecho con el INDEC de Moreno que fraguó las cifras de inflación durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para liquidar menos resultado a un bono que dependía de él? Hay leyes vigentes que le permiten al damnificado accionar en consecuencia a través de daños y perjuicios, cautelares e incluso denuncias penales, la justicia tiene grises que la hace imperfecta pero siempre es mejor y más sana que darle la suma del poder público al jerarca de turno. Desde ya que me opongo fervientemente”, concluyó.

Sobre el proyecto, Brissio aclaró a este medio que lo que se plantea es justamente que no dependa de un poder coyuntural sino que el consejo permita libertad de expresión total. Será entonces el desafío de los armadores del proyecto final, de lograr una reglamentación que evite que los regímenes populistas se hagan de la potestad para censurar y domesticar la prensa libre.

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