Por qué el sistema de salud privado está al borde del colapso económico

La Argentina está llena de problemas y muchos son a causa de la inflación.  Un buen ejemplo es lo que sucede con el sistema de salud privado. Desde hace años viene arrastrando una frágil situación financiera, debido a subas de costos superiores a los ingresos. La pandemia fue un golpe muy duro que agravó el panorama, pero ahora el escenario es crítico. La causa de este estado terminal tiene que ver con el aumento de los salarios de los trabajadores del sector en un contexto de una costo de vida desbordado.

La aceleración inflacionaria genera una brecha muy grande entre los que piden los gremios y lo que pueden pagar las empresas.

El miércoles se realizó la primera reunión entre la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS) y los dirigentes de la Federación de Trabajadores de la Sanidad en el Ministerio de Trabajo. El problema es que el encuentro no tenía como objetivo hablar, exclusivamente, sobre la recomposición salarial para adelante sino de definir la forma de compensación del poder adquisitivo perdido por la suba mayor del costo de vida en los últimos meses.

El último acuerdo se había establecido a partir de julio del 2021, con duración hasta junio próximo. Para ese tramo se convino un incremento salarial de 54% que se aplicó de forma escalonada. Ante la inflación desbordada, los representantes de los trabajadores reclaman un incremento adicional. Lo que plantearon en esa mesa de negociación fue un ajuste de 45%, desglosado en un 25% para abril y un 20% para julio. Para agosto, se propuso una revisión de estos porcentajes en función de los niveles de inflación que haya ese mes.

Desde las empresas prestadoras alertan que esa cifra es imposible de pagar en estas condiciones. Hay que remarcar que el 54% acordado en 2021, por 12 meses, tendría una vigencia real de sólo nueve, ya que el nuevo ajuste debería hacerse en julio próximo. Sin embargo, el reclamo sindical es adelantar a abril el nuevo incremento.

De esta manera, para el período de un año, al 54% hay que sumarle el 25% de abril. Fuentes empresarias consultadas por MDZ explicaron que como los ajustes se fueron haciendo de forma escalonada, en la práctica, lo que se propone significaría una suba salarial acumulada de 92% en un año en base al salario de junio del 2021.

MDZ consultó a distintas empresas de salud privadas y el promedio de aumento de los ingresos, en el último año, ronda el 40%. “Depende el financiador, nos aumentaron de forma muy irregular. En algunos casos, fue un 25%; en otros, el 60%. Pero el balance global da un número de 40% o poco más. Eso ya no cubre el 54% de aumento que ya dimos. Si hay que sumarle un 25% más, la situación es insostenible” explicó el director de una sanatorio privado.

En el sector de prestadores de salud alertan que, si no hay un incremento proporcional de los precios de los servicios, las empresas no van a poder afrontar este ajuste salarial y habría una ola de quiebras.

A esto se suma el alto costo de los insumos y equipos, en gran parte importados, que no tiene una contrapartida con los precios de los servicios que prestan.

El panorama es tan complejo que tanto en un escenario como en otro, el perjudicado va a ser el usuario de estos servicios.

Si las empresas acceden a este reclamo salarial, sin una contrapartida de ajuste de los ingresos, muchas empresas deberán recortar servicios, bajar la calidad de atención o, en el peor de los casos, cerrar. Muchas de estas cosas ya están pasando. Conseguir turnos de atención es una odisea. También, con la pandemia, varías establecimientos desaparecieron. Sólo en el conurbano se estima que unas doce clínicas y sanatorios privados dejaron de funcionar.

Si no se accede al reclamo salarial, vendrá una ola de medidas gremiales que paralizarán el sector y sólo funcionará la atención de urgencias.

Un caso concreto se vivió ayer en la capital bonaerense, con médicos platenses que marcharon al IOMA en reclamo de la recomposición de honorarios.

Como parte del reclamo, no atendieron a afiliados de la obra social de la provincia con excepción de las urgencias. Piden un incremento del 45% hasta agosto, en línea con el reclamo de la FTS. Esto puede ser una muestra de lo que se viene.

La marcha fue multitudinaria de profesionales nucleados en la Agremiación Médica Platense (AMP) en reclamo de una urgente recomposición de los honorarios correspondientes al 2021 y al 2022.

En cuanto al pedido de gremio a nivel nacional, el sector empresario nucleado en la FAPS respondió que “ningún incremento será posible sin el correspondiente financiamiento proveniente de las obras sociales provinciales, sindicales, PAMI y las empresas de medicina prepaga. Las empresas prestadoras de salud no son formadoras de precios y dependen de los valores de las prestaciones que abona el sector financiador (obras sociales y empresas de medicina prepaga)”.

El sistema de salud argentino está conformado de la siguiente forma: 34% corresponde al sistema público, 14% a las prepagas y 52% se lo reparten entre el PAMI y las obras sociales sindicales y provinciales. Sacando al sistema público, el resto son los que financian a los prestadores de salud que trabajan para ellos.

En el caso de las prepagas, el Gobierno nacional les regula los aumentos que pueden realizar a los afiliados. Estos siempre van atrás de la inflación, por lo que estas empresas están también con problemas financieros. De hecho, muchas no pudieron cumplir con los aumentos que debían recibir los prestadores. “Había subas de 9% en determinados meses que muchos sólo pudieron dar 6% o 7%” explicaron desde una clínica.

PAMI y las obras sociales tienen una política de ajustes y de pagos desordenado, lo que hace que los prestadores no cuenten con los ingresos en tiempo y forma.

“El descontrol es muy grande y, como a nosotros no nos pagan de forma normal, alguien termina perjudicándose. No se paga a un proveedor, se dejan de pagar impuestos, se cortan servicios, se busca financiarse con un costo muy alto o quiebran. Esa es la realidad de la salud argentina” explicó a MDZ un prestador.

En tanto, FAPS planteó que, ante esta situación económica y financiera de las empresas prestadoras de salud, para poder continuar con la discusión paritaria iniciada -y entendiendo las necesidades de los trabajadores de la salud- será condición necesaria tener garantizado el financiamiento correspondiente a través del sector financiador, lograr implementar el paquete de alivio fiscal para el sector prestador y actualizar el programa REPRO para los trabajadores de la salud.

Todas las medidas anteriormente citadas deben permitir no sólo afrontar los incrementos salariales futuros sino también todos los aumentos de insumos médicos y no médicos, a la vez que brinde a las empresas del sector los recursos para realizar las inversiones necesarias para poder seguir garantizando una prestación de salud de calidad”.