Ley de Humedales, un salvavidas de plomo

Dos expertos del sector agropecuario desaconsejan continuar con la discusión por la Ley de Humedales en los términos en que está planteada hoy. Consideran que los políticos están viendo otra película del país y que la sobreabundancia legislativa solo complica la situación.

“Yo no estoy en contra de una Ley de Humedales, el tema es que no se vuelva un salvavidas de plomo”, señala Pedro Vigneau, ex presidente de la Aapresid y actual presidente de Maizar, y agrega: “Como viene la discusión hasta ahora, la definición de humedal va a terminar con una enorme superficie que no pueda ser trabajada con la intensidad que requiere”.

Según Vigneau, existe el riesgo de cometer errores importantes si nos inclinamos a favor de la producción o del ecologismo y terminar con una ley laxa y permisiva o restrictiva. “Debemos organizar mesas de diálogo con la ciencia por delante. Existen académicos y gente de territorio con mucha información, que conocen a fondo el tema. Podemos llegar a una buena síntesis donde todas las partes queden satisfechas”, menciona.

Sobre todo, señala la carga ideológica que acompaña a esta ley y sus consecuencias. “Creo que muchas veces se utilizan estos temas ideológicamente más que con la seriedad que amerita. Ahí es donde se empieza a complicar el asunto y es difícil llegar a consensos”, asegura el especialista.

“Donde se mete la ideología difícilmente lleguemos a un diálogo fructífero”, comenta Vigneau, y señala que no ha habido debates profundos sobre los humedales. “Hasta dónde llega uno y dónde llega el otro deben decidirlo los especialistas”, asegura. Reconoce la importancia de cuidar la biodiversidad, pero también señala el hecho de que el país necesita producir y desarrollarse.

Por otra parte, Manuel Chiappe, director general de la Fundación Barbechando, expone la importancia de una ley complementaria de humedales, pero asegura que no es urgente. “Los legisladores están viendo otra película del país. Tenemos 4 de cada 10 personas que son pobres, una economía estancada y jóvenes que se van porque no hay oportunidades. Desde la fundación Barbechando creemos que hay otros temas urgentes que el Congreso, a través de las políticas públicas, debería estar mirando”, señala.

Su lema es que la sobreabundancia legislativa no va a generar un mayor cumplimiento de las leyes. Menciona que 5,6 millones de hectáreas en Argentina ya están protegidas por la Ley 23919, e incluso existe la Ley 26815 del Manejo del Fuego que protege los humedales. “Este nuevo proyecto abarcaría una superficie más grande, pero antes deberíamos preocuparnos de que las leyes existentes tengan el presupuesto para ser cumplidas”, menciona el ingeniero.

La situación actual de los ecosistemas, independientemente del gobierno de turno, demuestra que hemos sido poco efectivos en el cumplimiento de la legislatura existente. “En Corrientes no hay suficientes pistas para que los aviones hidrantes puedan aterrizar y combatir los incendios. El problema es estructural, no estamos preparados para combatir siniestros de estas magnitudes”, señala Chiappe.

Actualmente, el dictamen de la comisión de ambiente, casi en su totalidad propuesta por Leonardo Grosso, perdió estado parlamentario y debe volver a tratarse. Según Chiappe, ese dictamen era casi impracticable cuando se planea llevarlo al territorio. “Más que una ley de presupuestos mínimos generaba mucha discrecionalidad a las provincias sobre qué podían hacer, quitándole cierta potestad sobre su territorio. Su carácter era muy restrictivo y punitivo. También mencionaba unos plazos muy cortos como para lograr un inventario completo de los humedales del país”, expone el ingeniero.

Una Ley de Humedales completa, según Barbechando, debería tener una visión de presupuestos mínimos y el espíritu de promover un uso sostenible de los recursos naturales, donde las provincias pudieran ordenar su territorio. “Argentina es un país con una actividad económica y social muy importante sobre los humedales: algunos deberían conservarse con rigurosidad, como los Esteros del Iberá, pero hay otros en los que ya se realizan actividades ganaderas o frutícolas”, explica Chiappe. La diferencia dependería de los servicios ecosistémicos que prestan a la sociedad.

Desde la fundación están a favor de una legislación que proteja los humedales, pero entienden que primero deben solucionarse los problemas estructurales del país y las contingencias que afectan a los productores agropecuarios y a la sociedad argentina.