Narcotráfico: ofrecen beneficios a "transas" sin antecedentes a cambio de información

Si bien es conocida la problemática de la droga en nuestro país y sobre todo en los barrios más vulnerables de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Conurbano bonaerense, en las últimas semanas el tema vuelve a ser noticia con la muerte de 24 personas intoxicadas con cocaína adulterada.

Aunque es un tema que hoy vuelve a estar en la mira, la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, desde fines del 2021 inició un programa innovador en la lucha contra el narcotráfico. El plan, llamado Programa de Intervención en el Mercado de Drogas (IMD) tiene como fin acabar con la venta de drogas en barrios populares, reducir la violencia y recuperar espacios públicos copados por los vendedores.

Esta idea fue tomada de programas similares aplicados con éxito, inicialmente en Estados Unidos y luego en Chile. Con esta idea, se pretende convencer a los "transas" que venden drogas en los barrios populares y que no posean antecedentes penales, que dejen de hacerlo.

La finalidad es hacer una diferenciación entre los participantes de este negocio y perseguir penalmente a los jefes de estas organizaciones narco. Esta estrategia de disuasión focalizada se pretende convencer a los transas que venden drogas en los barrios populares y que no posean antecedentes penales, que dejen de hacerlo, intenta que la comunidad se involucre y colabore en la prevención de este delito.

Según fuentes del Ministerio Público Fiscal, el programa esta formado por 3 etapas: la investigación, la intervención y el control.

Para poner en marcha este programa se realizaron tareas de infiltración, detección y detención de vendedores de pasta base en el barrio Ciudad Oculta. Para el desarrollo del proyecto agentes encubiertos de la Policía de la Ciudad realizaron tareas de reconocimiento, detectando puntos de venta, ya sea casas o plazas, tipo de estupefaciente que se vende. Cuando tenían un mapa con esta información, los agentes compraron drogas y grabaron la transacción. Cuando la unidad que operaba en el lugar reunió la información suficiente se pidieron los allanamientos simultáneos.

En el caso de Ciudad Oculta se concretaron 35 allanamientos el 24 de noviembre pasado y se detuvieron a 19 personas. En los operativos se secuestraron más de 500 dosis de pasta base, cocaína y marihuana prensada, además de un arma calibre 9 milímetros con municiones, 24 teléfonos celulares y más de dos millones de pesos.

Al identificar a estos individuos se diferencian dos grupos, el primero integrado por detenidos con antecedentes o que tenían en su poder armas de fuego, para los que se pidió prisión preventiva y el segundo formado por imputados sin antecedentes, solo vendedores minoristas, para quienes esta actividad es sólo una salida laboral.

Los vendedores pertenecientes a este grupo fueron seleccionados para para la intervención. Se les abre una investigación, pero queda en suspenso y no son arrestados. Estas personas asistieron a una reunión, a la que fueron invitados con la promesa de que no iban a ser detenidos, acompañados por un familiar y un abogado y fueron informados que debían dejar de vender drogas de manera definitiva y que de no hacerlo deberán enfrentar un pedido de prisión efectiva, que de acuerdo con la ley para este tipo de delito es de 4 a 15 años. Cada uno de los participantes recibió una carpeta con las pruebas en su contra y fueron advertidos de las consecuencias que tendría no dejar esa actividad.

La ultima etapa implica un seguimiento de estos individuos para impedir que reincidan en el negocio de venta de estupefacientes, para lo que se implementan ayudas sociales que les permitan subsistir.

Se aumenta la presencia policial en el barrio y se habilita una línea privada y confidencial de WhatsApp para que los vecinos puedan denunciar si observan que la actividad de la venta de drogas en el barrio se reactiva.

Se cree que el éxito del programa está garantizado si se aplica política criminal clara y previsible, de doble vía, que, por un lado garantice la ausencia de persecución para quien cumpla con el programa y, por el otro, asegure una rápida y severa persecución penal para quien no lo hace.