Transporte público, otra discusión pendiente
Desde hace varias décadas, el sistema de transporte público de pasajeros de la Argentina sufre un desbarajuste notable en materia de tarifas y subsidios, lo que ha provocado una profunda inequidad entre los usuarios que habitan las distintas zonas de nuestro extenso territorio, junto con un reclamo genuino por parte de los gobiernos provinciales y municipales.
La discusión volvió a la agenda pública en febrero de este año, cuando se amagó con el traspaso - de la órbita nacional a la local - de las 32 líneas de colectivos que circulan por la CABA, pero en ese momento cobró relevancia más por la pelea política que suponía con la oposición que por la auténtica implicancia del asunto. Prontamente el tema se vio eclipsado por otros de los que ocupan nuestra agitada realidad y, aunque se ha transformado en un pedido recurrente de las administraciones provinciales, sigue todavía sin ser revisado en profundidad.
-
Te puede interesar
Nuevas tarifas para los peajes de Acceso Norte y Oeste
Las cifras hablan por sí solas. Según se informa en la web oficial del gobierno nacional (argentina.gob.ar) el Fondo Compensador al transporte público de pasajeros este año habría asignado hasta ahora poco más de 16 mil millones de pesos a las provincias (3200 millones por mes de enero a marzo, 3500 por mes de abril a junio y 3800 por mes de julio a octubre). Nada en relación a los 24.700 millones que se destinan mensualmente a subsidiar el servicio en el AMBA. Del mismo modo, durante 2021, de los $189 mil millones entregados en subsidios, $161 mil millones (más del 85%) fueron a parar a CABA y conurbano bonaerense.
La desproporción en este sentido es evidente y genera, entre otras cosas, que los usuarios de todo el país paguen por su boleto entre tres y cuatro veces más de lo que se abona en el área metropolitana de Buenos Aires. Mientras el gobierno declama federalismo, la gestión en este como en tantos otros temas no hace más que ratificar lo contrario: un prominente sesgo tendiente a beneficiar a un sector de la población - identificado como público adepto y posible votante - y una flagrante desatención a los problemas y necesidades del resto de la población.
Así, con medidas oportunistas y cortoplacistas por toda respuesta, se siguen aplazando las discusiones de fondo. Esas que, con criterio federal y visión integral, traigan verdaderas soluciones, basadas en aspectos técnicos y fundamentalmente en la equidad.
En tanto el horizonte se ponga en la inmediatez electoralista, el histórico reclamo de las provincias seguirá latente. Los perjudicados, como siempre, terminarán siendo los usuarios.
* Mariano Gendra Gigena, especialista en consumo y transporte