La inflación golpea a padres de educación privada, pero la oferta estatal sigue sin convencer

Carmen vive en el conurbano bonaerense en un barrio humilde a 30 km de la CABA. Trabaja de empleada en una casa con retiro y su marido, Leo, hace trabajos de soldadura en una automotriz. Tienen dos hijos, uno en primaria y el otro en secundaria. Ya hace años que tomaron la decisión de mandarlos a un colegio privado que tienen a unas 15 cuadras. ¿El motivo? “Tienen clases todos los días”, comenta Carmen. Cuenta, también, que cuando el más grande arrancó primer grado, lo anotó en la escuela pública que les quedaba cerca de la casa.

Sin embargo, la jornada escolar de Jonás, así se llama el mayor, era incierta: “Yo lo llevaba antes de ir a trabajar y muchas veces me lo tenía que traer de vuelta porque la maestra había faltado, porque había paro o porque no había agua en la escuela. Para mí era una complicación porque o tenía que faltar o buscar a alguien que me lo cuide, así que, apenas pudimos, lo pasé a la privada”.

La historia de Carmen es la de tantas otras mujeres que, a pesar de la falta de recursos, hacen un gran esfuerzo para mandar a sus hijos a un colegio de gestión privada porque no pueden depender de algo tan elemental como que la escuela abra para ir a trabajar.

Sin embargo, la situación se está volviendo cada vez más compleja. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hay 6200 colegios privados de los cuales 4300 reciben un aporte del Estado, lo que hace que sus cuotas sean mucho más accesibles.

Pero para estas instituciones, la inflación es un problema grave: “Hay que calcular que el 80% de la cuota es para pagar sueldos,” explica a MDZ Martín Zurita, secretario Ejecutivo de AIEPBA, la asociación que nuclea a los colegios privados de la provincia de Buenos Aires. En lo que va del año, el gobierno les autorizó cuatro aumentos que, acumulados, alcanzan un 61%, mientras que los salarios docentes ya aumentaron un 65%.

“Todavía queda un aumento salarial más y, encima, los gremios están pidiendo reaperturas de paritarias antes de fin de año, el aumento podría llegar al 90%”, advierten.

La ley que regula el cobro de las cuotas de los colegios de gestión privada establece que el importe de la matrícula debe ser informado hasta el 30 de septiembre del año anterior en el caso de los no subvencionados, mientras que los que sí lo están tienen prórroga hasta el 31 de octubre.

De esta forma, los padres tienen tiempo de evaluar si están en condiciones de asumir el gasto y, si no pueden hacerlo, buscar otro colegio. Ahora bien, “¿quién se iba a imaginar en septiembre del 2021 que los salarios docentes podrían aumentar hasta un 90%?”

Una vez establecida la matrícula, los colegios que reciben ayuda del estado solo podrán aumentar la cuota cuando el gobierno los autorice y en los porcentajes que éste determine. Los establecimientos que no lo hacen, gozan de una autonomía mayor: pueden aumentar las veces que quieran, pero el incremento no puede ser superior al 50% de lo que fue el aumento del salario docente.

Lamentablemente, no todo se soluciona aumentando: hay que ver hasta qué punto las familias pueden soportar esos incrementos. “Si uno sube mucho la cuota, hay riesgo de que se vaya gente y eso achica el número de los que pagan y vuelve más pesada la estructura para los que quedan. Es un círculo vicioso que hay que manejar con mucho cuidado”, reflexiona Zurita.

A pesar de que los aumentos de las matrículas rondan entre el 30 y el 40% para el año que viene, no se percibe migración hacia las escuelas de gestión estatal. Por el contrario, el movimiento sigue siendo hacia las privadas, “lo que sí sucede es que se buscan opciones más baratas. El tema es que es muy difícil conseguir vacantes”.

Como otros tantos sectores de la economía argentina, los colegios privados también atraviesan un momento complicado. Desde la pandemia cerraron más de 70 establecimientos en la provincia de Buenos Aires. La semana pasada, el colegio Secundario Manuel Belgrano de José C. Paz informó que no podrá abrir sus puertas el año que viene. Si tenemos en cuenta que 1.500.000 chicos bonaerenses asisten a colegios privados, es un sector que el gobierno provincial debería atender con cierta urgencia.

“La ley ha quedado obsoleta, antes cuando no había tanta inflación, alcanzaba con aumentar la cuota una vez al año. Ahora nos pasa que aumenta el salario un mes y el gobierno recién autoriza el aumento de la cuota al mes siguiente y muchas instituciones no tienen solvencia para afrontar ese gasto sin trasladarlo a los ingresos”, agrega el secretario Ejecutivo de AIEPBA.

“No sabemos cómo hacer para ganarle a la inflación” se lamenta Martín Zurita. Quizás ahí esté el problema: los argentinos corremos para ganarle a algo que el gobierno debería hacer desaparecer.