Cruces y enojos entre el Colegio de Abogados y la Caja Forense

Las relaciones entre el Colegio de Abogados de Mendoza y la Caja Forense están en máxima tensión por reclamos sobre el manejo de los aportes de los letrados en torno a la crisis económica por la pandemia de coronavirus.

En el marco de la situación actual, que genera enormes perjuicios a la actividad de los abogados y procuradores mendocinos por la paralización de las actividades judiciales y la caída de los ingresos monetarios, el Colegio que aglutina a los profesionales de la Primera Circunscripción Judicial (Gran Mendoza) se hizo eco de ese malestar y pidió a la Caja Forense, encargada de la gestión de los aportes previsionales y de asistencia del sector, una serie de informes sobre el estado financiero de la entidad.

"El cansancio de un numeroso grupo de abogados por la falta de respuestas y empatía de la Caja Forense durante la pandemia se tradujo en un pedido más de explicaciones a las autoridades de esa Institución. El Directorio del Colegio de Abogados y Procuradores resolvió acompañar la solicitud de los matriculados y presentó una nota que se suma a varias otras presentadas a lo largo de estos meses", explicaron desde el Colegio.

En una misiva remitida el pasado 21 de julio al presidente del directorio de la Caja Forense, Gonzalo Barrio Manzanares, el Colegio de Abogados y Procuradores solicitó a la Caja Forense "la información de la manera más clara, certera y documentada en lo que resulte posible" sobre una serie de puntos referidos a las actividades de dicha entidad y que, a criterio del Colegio presidido por Andrea Disparte, deben ser respondidas para beneficio de los profesionales del Derecho.

Algunos de esos puntos refieren a conocer "el detalle del superávit producido en el período pasado", que para el Colegio podría superar los 100 millones de pesos, y "de qué forma fue invertido, o en su caso, qué destino se dio a ese superávit".

Otro ítem requerido a la Caja Forense es saber si "en alguna oportunidad la Caja ha analizado la posibilidad de proponer algún tipo de modificación legislativa de la Ley 5.059 [Jubilaciones y pensiones de abogados y procuradores], y en caso de ser la respuesta positiva, si se ha contemplado la posibilidad de alguna modificación sobre los aportes complementarios". Según el Colegio, existen "inconvenientes que estos aportes representan para abogados que ejercen ramas del Derecho como son el caso de Familia, el Derecho Penal, Derecho Administrativo y Previsional".

También se le solicitó a la Caja saber el motivo por el cual "no se propuso de manera oportuna la posibilidad de otorgar a sus afiliados préstamos a tasa cero o muy baja tasa de interés, para solidarizarse con los profesionales del Derecho en tiempo de pandemia, donde la posibilidad de trabajar ha sido prácticamente nula". En ese sentido, se requirió saber si "se analizó la posibilidad de otorgar conceptos similares al I.F.E. a sus afiliados con mayores necesidades, y en su caso la razón por la cual no se aprobó".

"Solicitamos se emita un listado con los datos de la totalidad de jubilados y pensionados que registra la Caja en su padrón al día de la fecha, y la suma exacta que percibe efectivamente en concepto de jubilación o pensión u otro concepto, cada uno de ellos", expresaron desde el Colegio. Ello incluye a los beneficiarios de la denominada “media jubilación” que han adherido al sistema y continúan trabajando y aportando a la Caja Forense.

A su vez, se solicitó conocer "cuál ha sido el criterio adoptado para dar razón a los aumentos de cuota mensual dispuestos en tiempos de emergencia economía", como además entender "qué opciones de solución se ofrecen a los profesionales que requieren subsidio de carácter de necesario y urgente, como son los subsidios por accidente, maternidad, o por defunción, cuando dicho profesional no se encuentra con sus cuotas al día".

"Solicitamos nos informen la razón por la cual a profesionales que obtuvieron su matrícula entre los meses de octubre, noviembre, diciembre, febrero, marzo y hasta la fecha, no se los exime realmente de los primeros seis meses de ejercicio, teniendo presente que durante tres meses (parte de marzo, abril, mayo y parte de junio) no pudieron ejercer por la situación excepcional sanitaria", indicaron en el Colegio, entre otros temas.

Por su parte, desde la Caja Forense respondieron con otra carta fechada el día 30 en la que exigieron al Colegio de Abogados "remitir copia del Acta y la resolución del H. Directorio por la que se dispone la elevación a esta Presidencia de la nota presentada en 22 de julio [sic]", dado que la entidad tiene "la necesidad de conocer la legitimidad del pedido de informes que obra en dicha nota", y haciendo alusión a la Ley 4.976 (Colegiación de abogados y procuradores), señaló que la normativa vigente "no permite advertir la competencia legal del Colegio para recabar algunos de los datos requeridos".

Esta respuesta hizo enfurecer a las autoridades del Colegio de Abogados y Procuradores, ya que entienden que dichas leyes "no son aplicables" al pedido de informes solicitado a la Caja Forense.

Se espera que el directorio de la Caja Forense se reúna este viernes para analizar el contenido de la carta remitida por el Colegio, aunque ésta institución mandará una nueva respuesta el próximo lunes.