El primer preso con coronavirus pidió salir de la cárcel y se lo negaron

Julián Arakaki (49) pasa sus días en la unidad 42 de Florencio Varela. Tiene perpetua por haber ahorcado a su hija de ocho años en 2012. Y la noticia de esta semana fue que, además de todo lo anterior, también es el primer preso con coronavirus de la Argentina. El hecho encendió las alarmas, puesto que las cárceles son un ámbito en el que la enfermedad puede expandirse con facilidad. Por eso sus abogados se apresuraron a presentar un hábeas corpus, intentando modificar la situación del filicida. Este lunes la Justicia comunicó, sin embargo, que no haría lugar al pedido.

La jueza de Ejecución Penal 2 de San Isidro, Victoria Elías García Marañon, desestimó el planteo de la defensa por considerarlo “abstracto”. Antes de conocerse la decisión había alguna expectativa, puesto que el criterio en muchos casos es favorecer el paso a domiciliaria. Parece ser que el crimen de Arakaki resultó demasiado grave para que esa idea cuajara.

Con todo, el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) deberá informar “cada 48 horas la evolución y el pronóstico” del reo, que continúa en el Hospital Presidente Perón de Avellaneda.

Otros planteos

El domingo, al circular las primeras versiones sobre un preso infectado en las cárceles argentinas, los letrados afilaron en lápiz para redactar los pedidos de domiciliarias y excarcelaciones "que evitaran más contagios" en los penales.

Desde un punto de vista sanitario, Arakaki estaba dentro de los que tenían alguna chance de salir. Es un enfermo renal crónico que debe hacerse diálisis tres veces por semana.

En efecto, se cree que en alguna de esas sesiones de diálisis contrajo el coronavirus, ya que el tratamiento implica movilizarse hasta un hospital. Está aislado, al igual que otros cinco detenidos que tienen contacto con él y diez agentes penitenciarios que trabajan en su entorno. Por ahora, esos otros pacientes no presentan síntomas.

Criterios

En Provincia de Buenos Aires, la tendencia es sacar de las cárceles a los que tienen prisión preventiva, están sin condena o han sido sentenciados por delitos leves y a la vez integran el grupo de riesgo. Lo mismo corre para aquellos a los que les quedan pocos meses para salir.

En el caso de los que están en el grupo de riesgo pero cometieron crímenes graves, se ha acordado que cada juez deberá resolver en función de la situación particular, con especial resguardo de las víctimas.