Seguridad

Desarme por goteo: en Mendoza, los delincuentes pierden 5 armas por día

Como parte de una política local de desarme, en los últimos tres años se sacaron de circulación unas 8.300 armas de todo tipo. La incorporación de tecnología y una legislación acorde gestaron el "ADN balístico", un peritaje a partir del cual se crea una base de datos de balas y vainas servidas de las armas de fuego en todo el territorio provincial. 

miércoles, 7 de agosto de 2019 · 09:38 hs

Los últimos tiroteos masivos en Texas y Ohio (Estados Unidos), con un saldo de 31 muertos, no sólo reavivó uno de sus debates más complejos en ese país ya que enfrenta su esencial defensa de la libertad individual con la seguridad del resto de los ciudadanos, sino que además invita a revisar cómo está ese tema en otros países y en el pago propio.

La discusión por el desarme no es nueva, pero cada tanto se reinstala por todo lo que implica en lo potencial y en lo fáctico. Desde hace años, Mendoza lleva adelante su propia lucha, con picos de mayor o menor acción política para desarmar a la delincuencia y evitar más víctimas fatales.

Según el último reporte del ministerio de Seguridad de la provincia, desde 2016 a la fecha se les secuestró a los delincuentes, tanto en la vía pública como en allanamientos domiciliarios, 8.280 armas, entre revólveres, pistolas, tumberas y hasta granadas de mano.

Una estimación más fina concluye que por día se saca de circulación un promedio de cinco armas.

Pese a que muchas de ellas tuvieron en su momento un dueño legal, terminan destruidas con las demás porque se les borró la identificación o recibieron otro tipo de alteración y no son reconocibles como para que vuelvan a las manos originales.

Al comienzo de su gestión, el gobernador Cornejo anunciaba: “Serán destruidas y controladas cientos de armas judicializadas. A menor cantidad de armas, menor cantidad de delitos”.

En esa línea, la acordada 28.134, de junio 2017, disponía la destrucción de armas que se acumulan en los depósitos de la Oficina de Secuestros (ex bodega Giol). El periplo continúa con el envío a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), que se encarga de su destrucción total.

Desde el 2007, la provincia adhiere al Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. Ya en julio del 2016, Mendoza hizo punta al incorporar las armas judicializadas decomisadas al registro de la ANMAC.

Hay una cláusula que vale poner en contexto por la cual el Ministerio Público se compromete a comunicar a la ANMAC los casos de violencia de género vinculados con armas, de manera tal que se pueda evitar que a los violentos en cuestión se les otorgue la tenencia o portación de armas.

El filtro balístico

En octubre del año pasado se sancionó la Ley del Registro Provincial de Identificación Balística (más conocida como ADN balístico) a partir de la cual se crea una base de datos de balas y vainas servidas de la totalidad de las armas de fuego en el territorio de la provincia, hayan o no participado de un hecho delictivo.

Con esta tecnología ya se han registrado unas 800 armas de policías y penitenciarios como parte de un muestreo de identificación balística. Una tarea que realiza a bordo del Laboratorio Móvil Balístico con el cual se va haciendo casi una tarea de hormiga en cada departamento de la provincia.

La consigna es que este registro le permitirá a los investigadores policiales esclarecer en plazos más cortos hechos delictivos que estaban impunes.

El desarme propio

El PEVAF es el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego y Municiones que tiene como meta reducir el circulante de armas a través de la entrega anónima de armas de fuego y municiones a cambio de un incentivo económico, sean legítimos usuarios o no.

Posteriormente, esas armas son inutilizadas en presencia de la persona que entregó la suya y después son destruidas en un horno.

En cada provincia hay un centro de recepción. En Mendoza este se ubica en la sede del Tiro Federal (Boulogne Sur Mer 1998, Ciudad), donde se reciben de lunes a viernes de 8 a 15.

El pago por esa entrega voluntaria va de los $1.200 a los $3.000, con la aclaración de que hay casos en los que esta retribución no corresponde. Para el cobro hay habilitados varios centros de pago, los cuales se pueden chequear en la página de la PEVAF.

Desalentar la tenencia de armas, además de todo lo que se haga para interceptarlas en la red delictiva, supone también una pata educativa que todavía está ausente, como si no fuera una problemática social que amerite discutirse en un aula.

Paradójicamente, la mayoría de los casos que ocurren en Estados Unidos, y que terminan alimentando las tramas de series y películas, detonan -literalmente- en colegios y universidades. Para no llegar nunca a una versión propia de esa locura, vale informar y disuadir desde bien temprano, mal que les pese a los Charlton Heston vernáculos.