Hay más policías en la mira por violencia intrafamiliar

En ese sentido, Puertas señaló que "nos debe interesar como sociedad el problema de la violencia y, particularmente a nosotros, ese problema en el interior de las fuerzas de seguridad".

Sobre el abordaje de estas denuncias, el titular de la IGS indicó que en la institución hay un equipo especializado en casos de violencia de género e intrafamiliar, enfocado no solo a la investigación de esos hechos sino también al tratamiento con las víctimas. "Buscamos que los denunciantes (en su mayoría mujeres) encuentren un espacio para lograr que su discurso sea entendible y racional, y que perciban que están siendo tomados en cuenta. Para ello tratamos de eliminar los factores de coersión para la víctima", detalló.

Entre el ingreso de la denuncia y la resolución del caso, con previa redacción de información sumaria, la recolección de pruebas y el sumariado concreto, los plazos oscilan entre cuatro y cinco meses, tiempo mucho más acotado que los manejados por la Justicia. En el medio, si el efectivo es sospechoso de haber cometido el delito, se toma alguna medida preventiva: la sustracción del arma reglamentaria o la puesta en guarda de la misma, es decir, la prohibición de que el policía pueda llevársela a su casa.

Si el policía es encontrado culpable, la IGS puede emitir una de las tres sanciones previstas: la suspensión por una determinada cantidad de días, la cesantía del Estado por cinco años (y vencido el plazo puede volver a trabajar en el ámbito público, excepto en el Ministerio de Seguridad) y la exoneración de por vida junto con la prohibición de ocupar cualquier cargo público.

Casos

Aunque no suelen ocupar espacios en los medios de comunicación, debido a la escasa información oficial y el hermetismo policial que invade las comisarías, algunos episodios de violencia de género donde el agresor trabaja en las fuerzas de seguridad provinciales logran romper ese "cerco" y ser conocidos.

Uno de ellos sucedió el 1 de agosto, cuando Daniel Donoso (auxiliar), que prestaba servicios en la Comisaría nº 17 de Lavalle, se atrincheró durante una hora en su casa del distrito de Los Corralitos, luego de ser denunciado por su esposa, también policía, bajo el delito de violencia de género.

De todos modos, el más reciente se dio a conocer el jueves. Un policía de 26 años, identificado como Luis Romero (oficial), que trabajaba en Maipú, fue encontrado muerto a causa de un disparo, y si bien las primeras hipótesis apuntan a que se trató de un suicidio, se investiga la presunta instigación (o incluso autoría directa) a manos de su pareja, una joven auxiliar de 23 años.

Otro episodio, menos 'cinematográfico' pero más escandaloso, se vivió a fines de junio, cuando se descubrió que el comisario Marcelo Esquivel, quien acababa de ser designado por el director de la Policía Roberto Munives como Jefe de la Unidad Departamental Capital, estaba sin su arma reglamentaria desde hacía dos años, luego de que su exesposa lo denunció por violencia de género.

Poco después Munives volvió a quedar en el ojo de la tormenta cuando designó como secretario a Carlos Ávila, también acusado en 2012 por violencia de género hacia su entonces pareja. Ambos hechos estarían relacionados con la 'purga' policial que el Ministerio de Seguridad, con aval del gobernador Alfredo Cornejo, llevó a cabo pocas semanas antes y que dejó a cuatro comisarios generales bajo la mira de la IGS y la Justicia por irregularidades en la prestación de servicios extraordinarios.

Sin embargo, el caso más estremecedor de los últimos años ocurrió el 21 de septiembre del 2014 en el barrio Solares de San Antonio, en el distrito guaymallino de El Bermejo, cuando el auxiliar José Ontiveros mató a su suegra y su sobrino de ocho años en venganza contra su exesposa, que lo había denunciado por violento. Ese episodio despertó una fuerte discusión política y social sobre la salud mental y emocional de los miembros de la Policía mendocina frente a situaciones violentas. Pero, como lamentablemente suele ocurrir, todo se licuó en el olvido.