Abusos: duras críticas por la Bicameral "a domicilio"

Representantes de víctimas de abuso sexual por parte de religiosos y legisladores de Izquierda criticaron con dureza la excepción que hizo la Legislatura al trasladarse hasta el Arzobispado a pedir explicaciones por el escándalo del instituto Próvolo en lugar de recibir en la Casa de las Leyes a las autoridades religiosas.

Carlos Lombadi, abogado especializado en derecho canónico y representante de víctimas, acusó de "genuflexos" a los diputados que fueron a la oficina del arzobispo Carlos María Franzini a obtener respuestas a puertas cerradas.

 "Le pedimos desde la Red de Supervivientes (de abusos de religiosos) al Estado que le retiren los privilegios a la Iglesia Católica. Privilegios que usaron para no ir a la Legislatura".

Al mismo tiempo, refutó la promesa de la autoridad religiosa de realizar exámenes pisquiátricos a todo religioso que esté en contacto con niños. "A los seminaristas les hacen estudios psicológicos pero no se los muestran. Iván (una víctima de abuso) le pidió por escrito que por favor le diera el informe, pero nunca se los dio", recordó el abogado.

Escoltado por los legisladores de Izquierda Noelia Barbeito y Héctor Fresina, Lombardi recordó "la importancia de la laicicidad estatal" y de que "la clase dirigente deje de hacer genuflexiones ante la Iglesia".

"Le pedimos desde la Red de Supervivientes (de abusos de religiosos) al Estado que le retiren los privilegios a la Iglesia Católica. Privilegios que usaron para no ir a la Legislatura", disparó.

Desde la ONG Xumec criticaron el reclamo para que el Próvolo pase a control directo de la DGE, porque este organismo tampoco habría controlado a la institución, especialmente la Dirección de Educación Privada. 

"Los clérigos que no controlaron y docentes tenían niveles de conocimiento" y "el Estado no está ayudando", destacaron y recordaron un caso ocurrido en 2008 en el que una mamá denunció que su hijo había sido abusado en el instituto Próvolo. El acusado fue un cura de apellido Bordón, quien tras el revuelo, fue reemplazado por el padre Corradi, quien hoy está imputado y detenido por las aberraciones a niños en el instituto.

Ese caso integra el mismo expediente al que se le suman los 22 testimonios de abuso que hay hasta la fecha. El abogado Sergio Salinas de Xumec explicó que el expediente se inició en 2008, pero que dos años y cinco meses después se pidió la intervención del cuerpo auxiliar interdisciplinario (CAI). El CAI no respondió, el 15 de diciembre de 2011 le reiteraron el pedido al organismo, en 2013 se le preguntó nuevamente al Estado por qué no se había intervenido y al día de la fecha, no hubo avances en esa causa y la denunciante que declaró en 2008 se ha tenido que volver a presentar para sumarse a los nuevos hechos que tuvieron lugar en el Próvolo.

El abogado señaló que todos los que intervinieron en ese expediente y que no tomaron los recaudos necesarios para que las personas a las que allí se las denuncia fueran alejadas de la institución hoy deberían responder por los nuevos abusos.

Uno de los niños declaró que la directora de la escuela "era buena y después se hizo mala" porque permitía que les pegaran, de acuerdo con lo que aseguró Salinas. La Justicia no se expidió ante esto. 

La única ayuda que aseguran haber recibido hasta el momento fue de parte de Mabel Ramón, de la asociación Acceso a la Justicia para Personas con Discapacidad (Adajus), quienes ofrecieron asesoría legal.

En cuanto a la cantidad de casos de abuso a niños hipoacúsicos en el Próvolo, ratificaron que hasta el momento son 22 los confirmados pero que pueden sumarse con el correr de los días ya que resta tomar decenas de testimonios. Por ello pidieron habilitar la feria judicial de enero para no entorpecer el proceso.

Las víctimas no han aumentado en número porque, de acuerdo con los representantes de Xumec, la Red de Supervivientes, y de las Personas con discapacidad: no cuentan con móviles suficientes para que se traslade a la gente hasta los juzgados y no tienen intérpretes con conocimientos psicológicos que puedan traducir las declaraciones de los niños -niños que no hablan el lenguaje de señas-. "El Estado no ayuda y hoy cualquier ayuda serviría", destacó Salinas y contradijo al titular de la Defensoría del Discapacitado, quien aseguró que se había garantizado el acceso de los niños a la Justicia y el de sus padres. 

Al mismo tiempo, Alejandra Berlanga, representante de "Padres Autoconvocados de niños jóvenes y adultos con discapacidad", llamó a la comunidad a no desentenderse del tema: "Estos niños son responsabilidad de todos y pedir que aquí haya verdad, justicia y castigo, para la Iglesia y para el Estado por caminos separados y que se hagan responsables y cumplan con lo que tienen que cumplir".

Berlanga coincidió con Salinas y aseguró que ni el Ministerio de Salud (organismo bajo el cual hoy funciona la Dirección de personas con Discapacidad), anteriormente el Ministerio de Desarrollo Social, ni la DGE controlaron como deberían haberlo hecho, en ninguno de los ocho años que transcurrieron desde que se conociera el primer caso de abuso en el Próvolo. 

"No hubo genuflexión"

El senador Juan Carlos Jaliff (UCR) reaccionó ante la crítica de las organizaciones y de los senadores de la izquierda porque señaló que "lo importante es que la legislatura se ocupó, y no en dónde fue".

El senador recordó que de acuerdo con la ley 24.483, las relaciones con la Iglesia Católica las lleva el ministerio de Relaciones Exteriores y Culto por lo que la Legislatura no tiene el poder para convocar a un Arzobispo. 

Por otro lado señaló que no se puede hablar de un Estado ausente porque fue una legisladora del bloque oficialista la que hizo públicos los horrores en el Instituto Próvolo y quien dio pie a todas las investigaciones que se iniciaron.

"Debo recordarles que se ha presentado como querellantes el defensor de discapacitados (Carlos González) y que la misma vicegobernadora puso a disposición un móvil y a los intérpretes de la Legislatura", agregó Jaliff.

El senador aseguró que todos los organismos del Estado con competencia para hacerlo se pusieron a trabajar inmediatamente en la asistencia a las víctimas. Igualmente, ante los reclamos públicos de las ongs señaló que se investigará si realmente no se pudo tomar declaraciones a algunas víctimas por falta de movilidad, se investigará a los responsables y se actuará en consecuencia.