Falencias que esconde el PAMI en números
La muerte de una jubilada que esperaba ser atendida en la sede del PAMI de Mendoza causó conmoción y no hace más que reflejar que el sector salud sigue dando muestras de desatención y baja calidad de los servicios, a pesar de que los fondos aumentaron considerablemente, destaca un estudio hecho por la consultora IDESA, a partir de la respuesta oficial por el caso ocurrido en Mendoza.
Según esa consultora, ante la ausencia de información sistematizada se pueden aproximar algunos datos en base a fuentes oficiales alternativas (AFIP, INDEC y Ministerio de Economía) que permitan brindar un diagnóstico que explique que lo ocurrido en Mendoza puso en evidencia la situación que viven millones de jubilados en todo el país .
Se estima que en el último año las obras sociales nacionales recaudaron $73 mil millones para atender a 14 millones de personas, arrojando un monto per cápita mensual de alrededor de $430.
El PAMI habría tenido una recaudación anual de $46 mil millones para atender a 4,5 millones de personas, arrojando un monto per cápita mensual de $850.
Los hospitales públicos habrían gastado algo más de $100 mil millones para atender a 15 millones de personas sin cobertura, que arroja un monto per cápita mensual de $580.
Aunque se trata de estimaciones aproximadas, destaca IDESA, estos datos reflejan las distorsiones que cobija el régimen financiero del sistema de salud:
La más visible es que el PAMI recibe aproximadamente el doble de recursos per capita que las obras sociales de activos, cuando el consumo de servicios por parte de los adultos mayores se estima en más de cuatro veces superior que el de las personas más jóvenes.
En otras palabras, el PAMI estaría disponiendo de sólo la mitad de los recursos que necesitaría para dar medicina de calidad similar a la que ofrecen las obras sociales de los activos.
Por otra parte, los afiliados que cuentan con ingresos más altos apelan a las coberturas privadas mientras que el resto es sometido al desamparo o a utilizar los hospitales públicos.
Si bien algunos hospitales facturan esos servicios, generalmente los montos recuperados son insuficientes debido a los bajos precios que reconoce PAMI por las prestaciones y las complejidades burocráticas.
De esta manera, se distraen recursos que deberían ser utilizados por gente sin cobertura y se agrega otro factor de degradación del federalismo ya que las provincias, que son responsables por los hospitales públicos, se hacen cargo de un gasto que debería ser asumido por un organismo nacional como es el PAMI.
El mal uso de los fondos, destaca IDESA, se sustenta en la afiliación cautiva que prevalece en el sector. Cuando una persona está disconforme con PAMI tiene muy limitadas opciones, ya que no puede disponer la derivación del 100% de su cápita a otra entidad. Algo parecido ocurre con el resto de las obras sociales. La afiliación cautiva implica que los recursos pertenecen a los organismos y no a las personas. Esto genera condiciones propicias para que los fondos sean usados en fines ajenos a la atención médica con niveles de oscurantismo extremos en el manejo de la información.
Por último, IDESA sostiene que por la cautividad que promueve el despilfarro y la malversación de fondos, en la última década los recursos de la seguridad social destinados a la cobertura sanitaria se duplicaron en términos reales (es decir, descontando la inflación), pero el acceso y la calidad de los servicios sigue siendo insatisfactorio.