Policías violentos y ¿el dominó de la excusa?
Decir que detrás de un policía violento hay una sociedad violenta es una verdad de perogrullo que obliga, necesariamente, a indagar qué intervención tuvieron las áreas responsables.
El fin de semana José Miguel Ontiveros asesinó a su ex suegra y a su sobrino de 8 años en un barrio de Guaymallén.
El hombre -ahora detenido- es efectivo de la Policía de Mendoza y había amenazado previamente a su ex mujer, Yamila Elizabeth Monje Fernández, con matarla.
Justamente por esa amenaza, la víctima presentó la denuncia en la Unidad Fiscal nº 1 de Ciudad; declaración que, asimismo, pasó por doce dependencias vinculadas al Ministerio de Seguridad e, incluso, por la Inspección General de Seguridad (datos reconocidos por los propios funcionarios).
Por todo ello, MDZ dialogó con el ministro de Seguridad, Leonardo Comperatore; con la directora de la Inspección General de Seguridad (IGS), Mariana Herrero, y con la presidenta de la Junta de Disciplina de la cartera de Seguridad, Laura Rodríguez, que, si bien interviene una vez que la IGS remitió el sumario administrativo, tiene un rol preponderante en tales procesos.
Comperatore explicó que el organismo encargado de regular la conducta de un funcionario público, en este caso del Ministerio de Seguridad, es la IGS y se atajó al resaltar que "una vez recibida la denuncia por amenaza, se le dio transferencia a la Inspección (General de Seguridad)".
Estimó que la denuncia fue recibida el 4 de agosto y que "al otro día" se pidió la intervención del organismo que preside Herrero.
Ajustó el dato de Diego Arenas, director vocal de la IGS, al indicar que "hay 55 expedientes iniciados en lo que va de 2014" por policías sospechados de incurrir en algún tipo de situación de violencia familiar y aseveró que "de ese número, hay 18 efectivos que tenemos la orden de que estén sin arma y con tratamiento".
Aclaró, sin embargo, que los mismos están en función administrativa.
Al consultarle sobre las causas de este tipo de hechos fatídicos, consideró: "El policía es parte de esta sociedad violenta" y como una especie de autocrítica deslizó: "Tenemos que seguir revisando el tema de controles sobre todo en aquéllos (efectivos) que presenten alguna problemática". Sin embargo, descansó en el examen psicológico, físico y psiquiátrico que se le hace a los cadetes, y en las pruebas periódicas, a las que se someten los policías en función.
MDZ le consultó, seguidamente: -¿Da la sensación que no se hizo nada a pesar de haber tenido conocimiento de las amenazas de Ontiveros?, y el Ministro respondió: "Eso lo va a determinar la Justicia".
Por su parte, Herrero, en diálogo con este medio, se quejó de las declaraciones de Diego Arenas, uno de los miembros del directorio de la IGS, y separó los tantos al indicar que "nunca ingresó a la IGS la prohibición de acercamiento; lo único que, como dijo Arenas, entró fue el (informe) preventivo (de parte de la Unidad Investigativa de Capital)".
La titular de la IGS explicó que luego de tomar conocimiento de estas presuntas amenazas de muerte, de parte del policía Ontiveros a su ex mujer, se actuó de acuerdo con el protocolo correspondiente: "Rápidamente se constató que el policía estaba de licencia ordinaria y sin el arma" y enfatizó: "Este señor no tenía el arma encima".
Al preguntarle quién falló en esta cadena de sucesos, evaluó: "Se está investigando quién falló" y, seguidamente, argumentó: "Si, en nuestro caso, hubiéramos tenido la prohibición de acercamiento -medida que se le impone al sospechoso impidiendo se vincule con la víctima- y no hubiéramos actuado, sí te diría que sería gravísimo; sin embargo, te aclaro que acá no pasó nada de eso porque, reitero, la prohibición de acercamiento nunca entró".
La funcionaria dejó entrever, posteriormente, que ese recurso depende de la Justicia o, en su defecto, de la propia víctima que pudo haberse presentado a la IGS a denunciar su situación. "La familia policial sabe que puede hacer la denuncia directamente acá en la IGS", subrayó.
Por último, MDZ indagó por el lado de la Junta de Disciplina que depende del Ministerio de Seguridad que, aunque interviene una vez elevado el sumario administrativo por la IGS, ofreció algunas observaciones sobre lo ocurrido con Ontiveros.
María Laura Rodríguez, titular de esta dependencia, explicó que "lo que hace la Junta de Disciplina es resolver una vez que es concluido el sumario administrativo". Estimó que por año ingresan cerca de 400 sumarios administrativos, de los cuales "muchos son sobreseídos" y añadió: "Los casos que ameritan una sanción expulsiva (de la Fuerza) son aislados, no deben llegar a 20".
En efecto, consideró que lo ocurrido con Ontiveros "es un hecho aislado" y argumentó: "Imaginate que son más de 9 mil efectivos en la calle".
Foco
En perspectiva, puede dilucidarse una especie de dominó de la excusa. Los responsables van, quizá, salvaguardándose.
Sin embargo, como opinó la abogada María Paula Vetrugno, que presidió la Junta de Disciplina del Ministerio de Seguridad, no hay que perder de vista que "es el Estado el que pone un arma en la mano de algún policía que la usa (y mal) ante cualquier situación que lo supera, descontrolado e incapacitado emocional y técnicamente para usarla. Es el Estado quien los forma".