Pérez y la seguridad: dos homicidios, dos reacciones

Un nuevo homicidio volvió a sacudir a la sociedad mendocina. El domingo a la tarde, un auxiliar de la Policía mató a sangre fría a su sobrino de ocho años y a su ex suegra en el barrio Solares de San Antonio, en El Bermejo, Guaymallén. Esto obtuvo mayor relevancia porque el agresor fue un efectivo.

Pero esa misma zona, ubicada entre los distritos de El Bermejo y Buena Nueva y que posee un acelerado crecimiento poblacional, hace casi seis meses se produjo otro asesinato que encendió las alarmas. Un nene de cuatro años, llamado Agustín, quedó en medio de un tiroteo entre dos bandas y perdió la vida al recibir un impacto de bala.

Las reacciones políticas posteriores a ambos hechos pueden catalogarse como “distintas”. El caso de Agustín despertó una fuerte reacción contra la Justicia, especialmente por parte del gobernador Francisco Pérez, quien amenazó con ir detrás de los fiscales que no investiguen las causas delictivas.

Sin embargo, en esta última ocasión, las autoridades optaron por un discurso menos rígido y más cauteloso. Carlos Aranda, director del Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP) y ex ministro de Seguridad, aseguró que “es un caso puntual, y no para analizar el resto de la formación de los policías”, aunque reconoció que “han fallado los controles para que esto no pase, esto indica que hay que ir revisando el sistema constantemente”. No mucho más.

El mismo discurso tuvo el propio ministro de Seguridad y ex director del IUSP, Leonardo Comperatore, al indicar que “hay que estudiar en qué se falló” y atribuir un contexto de “sociedad violenta”, pero defendiendo la metodología de ingreso para los futuros policías.

Cabe aclarar que se tratan de dos episodios distintos. Mientras que Agustín fue asesinado en medio de un tiroteo entre bandas, por cuyo caso hay dos personas detenidas, la muerte del niño de ocho años se produjo en el marco de violencia intrafamiliar, cuya víctima también fue su abuela de 44 años y donde hay varios policías en el seno familiar.

Pero quizás aquí se agote el recuento de diferencias. Ambos casos ocurrieron en medio de un intenso debate por las instituciones que deben bregar por la seguridad de los mendocinos. Agustín murió mientras la Justicia estaba en el ojo de la tormenta por las investigaciones contra grupos narcos y la presión que se ejercía sobre el Ejecutivo provincial para evitar la proliferación de estas bandas.

En el homicidio del domingo, lo que estaba bajo la mira eran las instituciones policiales y el manejo que se lleva a cabo en cuanto al ingreso de aspirantes a trabajar en la Policía. Por casualidad, ese mismo día a la madrugada la sede de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de San Rafael fue atacada por una banda, entre cuyos miembros se encontraba una mujer que estaba a punto de ingresar a las fuerzas de seguridad.

En medio quedó una Ley de Emergencia en Seguridad que finalmente se hizo agua por una decisión política que develó una fuerte interna en el seno del oficialismo por el tema de la inseguridad. También se vio pasar acaloradas discusiones entre el Gobierno y la oposición por esta cuestión, y reclamos de vecinos en toda la provincia, hartos de vivir a merced de los delincuentes.

Mientras tanto, las cifras de homicidios siguen engrosándose. Durante los primeros siete meses del año, se produjeron más de 90 homicidios sólo en el Gran Mendoza, y se calcula que ahora ya se ha sobrepasado la centena, encaminándose a un récord sin precedentes en, al menos, los últimos ocho años.