La corrupción de la compra de cursos de parte de docentes

Es un secreto a voces, y en él hay mucha gente involucrada, seguramente por las necesidades laborales, por la urgencia de contar con una fuente de ingresos segura y regular, pero todo esto no hace que deje de ser un acto corrupto. Hablamos, concretamente, de la compra de certificados de cursos que dan puntaje para el bono con el que los docentes acceden al concurso de ingreso a la educación secundaria.

Se trata sólo de hacer un llamado telefónico con las personas adecuadas y, sin cursar, sin rendir, sólo pagando lo que se pide, cualquier docente puede obtener, de buenas a primeras, los puntos extra que desee (o, mejor dicho, los que su bolsillo pueda pagar).

Esto, como ya se dijo, es algo conocido en el ambiente docente, y si bien se han hecho denuncias, ninguna de ellas ha llevado a una revisión profunda del caso, e incluso el 22 de agosto se impugnó uno de estos concursos, pero hasta el momento nada ha cambiado.

A unos mil pesos el punto

Los docentes ingresan a la educación secundaria mediante el bono de puntaje, que es un certificado que resulta de evaluar los antecedentes y darles a estos un valor. Así, por ejemplo, un docente tiene en su bono determinado puntaje por su título, otro tanto por su antigüedad, también suma por especializaciones o posgrados, entre otros ítems, a los que se suman puntos por los cursos de especialización que realiza.

Estos cursos pueden ser dictados por instituciones educativas públicas o privadas. Cada curso otorga a los docentes que lo realizan un determinado puntaje, que es determinado y avalado por la Dirección General de Escuelas.

Aquí es donde se ha instalado un sistema corrupto que les facilita a los docentes que quieren incrementar el puntaje de su bono de manera para nada ética, ya que existe un mercado negro de venta de cursos por los que se paga aproximadamente mil pesos por punto.

De esta manera, si un docente quiere obtener, por ejemplo, tres puntos extra en su nuevo bono de puntaje, debe pagar unos tres mil pesos a los traficantes de certificados, que le venden un paquete de cursos que alcanza los puntos requeridos.

Los cursos en cuestión tienen puntajes que rara vez llega a 0,7 en el mejor de los casos, por lo que tres puntos no pueden sumarse más que con un paquete de varios cursos.

El problema es que en la Junta Calificadora, a la hora de tabular los antecedentes, no hay restricciones respecto de los cursos realizados, de manera que una persona que haya podido comprar varios puntos consigue su cometido.

De esta manera, se dan casos sorprendentes, como que docentes con un par de años de antigüedad tengan puntajes similares o más altos que docentes que llevan diez, quince y hasta veinte años de antigüedad.

Pero resulta que, ante tamaña obviedad, ningún organismo toma el toro por las astas, de manera que pasan los años y el mercado crece junto con el puntaje de esos docentes corruptos que dejan atrás a los profesores que prefieren no optar por la ilegalidad.

Concurso impugando...

El 22 de agosto se ofrecían cargos del Área 07, es decir, de Educación Física. Ese día, con la presencia de una escribana, un grupo de docentes impugnó el llamado. La normativa de la Junta Calificadora establece que la impugnación no detiene el concurso, sino que este debe ser revisado a su tiempo.

Tal revisión se realizó la semana pasada de parte de los miembros de Junta habilitados para eso, pero ante una votación en la que sólo los integrantes de la lista Amarillo-Independiente se manifestaron a favor de la revisión de la tabulación de los bonos de puntaje que pudieran ser sospechosos y de los cursos, mientras que el resto de los demás representantes en la Junta Calificadora se abstuvieron de votar, por lo que el caso pasó a consulta jurídica en la DGE.

En concreto, lo que solicitan los docentes que llevaron adelante la impugnación es que se realice una revisión del sistema de tabulación para que estos puntos conseguidos mediante la compra ilegal de certificaciones no sean determinantes en la posibilidad de conseguir una titularidad en la educación secundaria.

Pero hasta tanto no haya una definición, los cargos ya fueron otorgados, y si llegase un dictamen una vez que los docentes hayan tomado los cargos que obtuvieron en el concurso, los únicos afectados serán quienes no accedieron a las horas cátedra derrotados por los corruptos que compraron puntos.

No sabe lo que dice saber

Desde todo punto de vista, comprar un certificado que asegura que un docente ha hecho un curso que no hizo está reñido con cualquier ética. Pero hay algo que es hasta perverso en ese hecho, porque con ese certificado este docente sostiene que sabe algo que nunca aprendió, es decir, no sabe lo que dice saber, y cuando se toma en cuenta que lo que está en juego es la educación de los jóvenes, entonces esto es peligrosísimo.

Una de las docentes que impugnó el llamado a concurso de Educación Física presentó, en años anteriores, una denuncia concreta, con pruebas, que derivó en el cierre de un instituto privado que vendía estos cursos. Por todo esto, sería apropiado que los organismos oficiales relacionados con la educación tomaran parte en este tema y no dependiese sólo de quijotescos esfuerzos personales de quienes no se rinden ante la tentación del simplismo.