La Biblia y el polémico proyecto para que tenga su día

La decisión del Senado de Mendoza de reflotar el proyecto de ley presentado en 2008 por el ex senador Guillermo Amstutz y que proponía la instauración del Día de la Biblia ha iniciado un nuevo “round” entre los sectores religiosos y los defensores del laicismo, corriente de pensamiento consagrada por la Constitución provincial.

Uno de los representantes de esta línea de pensamiento es Ricardo Ermili, copresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH-San Rafael) y quien saltó a los medios en el 2012, cuando, como director de la Escuela Nº4-130 , decidió no conmemorar en esa institución el Día de la Virgen del Carmen.

En la siguiente entrevista, Ermili explica los alcances del proyecto, el porqué de que haya sido reflotado ahora y sobre otras propuestas, entre otros temas.

— Ante todo, una pregunta aclaratoria: ¿qué cosas estipula exactamente el proyecto de Amstutz?

— Básicamente son cuatro puntos: 1) establecer un “Día Provincial de la Biblia”, 2) otorgar protección estatal (seguridad policial) a los actos celebrados por instituciones públicas, privadas y religiosas, 3) eximir de impuestos la impresión, distribución y venta de la Biblia en la Provincia de Mendoza y 4) la construcción de un “Monumento a la Biblia” con recursos del erario público.

— ¿Cuáles son las razones por las cuales la APDH-San Rafael se opone a esta iniciativa legislativa?

— Antes de entrar en la dimensión legal, creo que lo podemos explicar poniéndonos en el lugar del otro. En este caso el “otro” son las minorías mendocinas que no reciben a la Biblia como un texto significativo para sus vidas individuales ni para la construcción colectiva de un espacio habitable para la diversidad de los habitantes de la provincia. La iniciativa legislativa ataca dos principios básicos de la republica y de la democracia social de derecho: la igualdad de trato que el Estado debe darle a cada habitante y la libertad de creer o no creer. Nosotros somos una organización de composición diversa y pluralista, por lo tanto no defendemos ni estamos en contra de doctrinas religiosas. Acá llegamos al punto central: una parte de la población no tiene a las escrituras como texto sagrado. Aún más, una parte de las minorías no católicas sostienen directamente que las creencias en una revelación sobrenatural son un serio obstáculo para el bienestar y el progreso del pueblo, o sea predican y militan la necesidad de que no prosperen esas ideas para lograr el bien común. ¿Quén tiene razón, los de una religión u otra; los religiosos o los ateos? El Estado no puede ni debe pronunciarse sobre la validez o error de las creencias de unos u otros. Si los poderes del Estado mendocino promulgan un día de la Biblia, estarían privilegiando a un sector de la sociedad y discriminando a otros. Pero cuidado: no estamos diciendo que el Estado no debe tener valores. En efecto, la acción del Estado debe basarse en la justicia, libertad, igualdad, etcétera. Pero asumiendo con firmeza la defensa y promoción de esos valores, debe ser neutro en materia de creencias religiosas o convicciones filosóficas de todos sus habitantes.

— ¿Por qué cree que el proyecto ha sido reflotado ahora, después haber estado relegado durante cinco años?

— Creo que se trata de una concesión a algunos sectores evangélicos para compensar un poco los privilegios simbólicos y materiales que goza la Iglesia Católica en la provincia. Hay que tener en cuenta que uno de los principios que sostuvo la Reforma en el siglo XVI fue el de “sola scriptura”. En otras palabras, para las corrientes religiosas nacidas tras la Reforma Protestante sólo la Biblia es fuente de autoridad sobrenatural, desestimando la tradición y el magisterio de la Iglesia Católica. Por lo tanto, en el contexto de un conjunto de iglesias con escasa icónografía (a diferencias de los católicos) la Biblia parecería ser una referencia simbólica significativa para un porcentaje nada despreciable del electorado provincial.

— La senadora Carina Segovia (FPV-PJ), presidenta de la comisión que ha reflotado el proyecto de Amstutz, ha manifestado que la intención no sería mala porque lo que se pretende es promover el amor y la tolerancia. ¿Qué opina al respecto?

— La contradicción es evidente: ¿dónde está la tolerancia de imponer un día conmemorativo del texto sagrado de una religión, entre tantas cosmovisiones vigentes?

— El senador radical Juan Carlos Jaliff ha propuesto como alternativa superadora un "Día Provincial de las Sagradas Escrituras". ¿Qué posición tiene la APDH-San Rafael respecto a esta propuesta?

— Parecería que se pretende remediar el carácter discriminatorio que significa instituir un día de la Biblia, incluyendo escritos de otras religiones. Pero fracasa. Le importa un bledo que haya personas mendocinas que militan el ateísmo como filosofía de vida y proyecto comunitario impregnado de valores de justicia, libertad, solidaridad, etc. La APDH no defiende los postulados ateos ni de las minorías religiosas (ni los ataca, desde luego). Pero nuestra convicción ética es que ningún sector social, por más minoritario que sea, debe ser excluido del trato justo e igualitario por parte del Estado.

— El Consejo Interreligioso de la provincia –del que participan el Arzobispado de Mendoza, las iglesias bautistas, el Centro Árabe Islámico y otros sectores confesionales– han avalado en nombre del ecumenismo la propuesta de Jaliff. ¿Qué opina de este pronunciamiento?

— Lo justo no se decide por el peso de las mayorías, y menos por sectores clericales del Consejo Interreligioso. En caso de que la noticia fuese correcta, me llama la atención que los Bautistas apoyen este proyecto, porque ellos han sido cultores de una tradición varias veces centenaria de separación del Estado de cuestiones religiosas.

— ¿Sería una alternativa compatible con la laicidad que el Día Provincial de la Biblia –o de las Sagradas Escrituras– fuese conmemorado por las instituciones religiosas interesadas, fuera del ámbito oficial, y sin el patrocinio ni la participación del Estado?

— Nosotros defendemos a ultranza que se pueda ejercer la libertad de conciencia y de culto. Si algún sector quisiese conmemorar un día especial la existencia de su libro sagrado, es su derecho y nos comprometemos a defenderlo. Pero que el Estado provincial establezca con carácter de Ley un día de esta naturaleza es intrínsecamente contrario a la república, entendida como aquello que pertenece a todas las personas.

— El Obispado de San Rafael, a través de su vocero, ha tomado distancia frente a la iniciativa, planteando que es innecesaria y que la Legislatura debería ocuparse de cosas más importantes. ¿Qué lectura hace de este posicionamiento, tan diferente al del Arzobispado de Mendoza?

— Institucionalmente no corresponde que interpretemos esta conducta del Obispado de San Rafael. En lo personal, como dije antes, creo que con el proyecto hay una especie de búsqueda de equilibrio —espureo, por cierto— de privilegios entre distintas religiones. Los católicos tienen el monopolio de los privilegios. A los sectores ultra-conservadores de San Rafael no les interesa una concesión a otros credos religiosos porque se conciben a sí mismos (incluso políticamente) como representantes de la verdad absoluta.

— Si tuviera oportunidad de dialogar sobre el proyecto con los senadores, ¿qué les diría?

— Les pediría que no sean oportunistas, que legislen con rectitud para todos aunque no saquen réditos electorales. Que ellos se deben a la Constitución Nacional y Provincial. Les exhortaría que lean especialmente los tratados internacionales de derechos humanos vigentes, haciendo el ejercicio de ponerse en un lugar de las minorías o, aunque sea, piensen de forma imparcial desde lo confesional o filosófico, tratando de hacer leyes para que todos sintamos que Mendoza es nuestra, de todos, católicos y no-católicos, religiosos y no religiosos.

— ¿Qué otros reclamos ha hecho la APDH-San Rafael en materia de laicidad? ¿Cuál es el estado actual de esos reclamos?

— Son varios. Pedimos a la DGE que modifique sus prácticas de ídole confesional (actos escolares, imágenes religiosas, rezos previos a alimentos, etc.) por ser lisa y llanamente discriminatorias. Lamentablemente no tuvimos respuesta. Presentamos una Acción de Amparo colectivo en favor de las minorías no católicas por los actos escolares con contenido religioso en las escuelas de gestión pública y actualmente está a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Provincio. Nos presentamos como Amicus Curiae en una causa en la que el Arzobispado de Mendoza aducía que el Concordato de la Santa Sede y Argentina (1966) tenía más jerarquía que el derecho a la información y a conocer la verdad, por lo cual la iglesia Católica no estaba obligada a dar información sobre los resultados de la gestión institucional por una denuncia por abuso sexual. Recientemente nos opusimos a que se instale en dependencias de la CSJ provincial una imagen religiosa (Jesús Misericordioso), por ser una falta de respeto a las minorías no católicas sometidas a su jurisdicción.

— ¿Qué cree que sucederá con la nueva ley provincial de educación? Se comenta que se ha reflotado el proyecto en la Legislatura, y que el mismo no contempla la laicidad, como sí lo hace la legislación actualmente vigente.

— La ley de educación no puede dejar de ser laicista porque así lo dispone explícitamente la constitución provincial. Esto se deriva también de tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, y también de leyes nacionales con imperio en nuestra provincia. Por ejemplo la Ley de Educación Nacional, la Ley de minoridad, entre muchas otras que establecen protección contra cualquier tipo de discriminación y promueven el reconocimiento de la diversidad.

— La APDH-San Rafael y otras organizaciones han convergido en un espacio multisectorial llamado Encuentro Laicista de Mendoza (ELM). ¿Podría explicarnos cómo y para qué surgió este espacio?

— En Mendoza capital había uun conjunto de organizaciones y personas que activa y explícitamente defendían la necesidad de un estado que sea imparcial en materia de creencias religiosas y convicciones. Entre ellas señalo la Asociación Civil 20 de Septiembre, el Colectivo cultural “Hidra de Mil Cabezas” y la Sociedad Ética Filosófica Deodoro Roca. No puedo dejar de mencionar al abogado constitucionalista Carlos Lombardi. Simultáneamente en San Rafael, sin tener contacto con los anteriores, se produjo cierto alboroto mediático cuando di a conocer que en mi carácter de director de una escuela secundaria del estado, yo me negaba explícitamente a obedecer la resolución de la DGE que establecía la realización de dos actos escolares de contenido religioso. A partir de allí los amigos laicistas del gran Mendoza se pusieron en contacto conmigo, y por mi intermendio con APDH filial San Rafael. Luego se sumaron otras organizaciones de derechos humanos, agrupaciones gremiales, y gente independiente de otros departamentos de la provincia. Esto dio lugar en 2012 a la elaboración de un Manifiesto Laicista y la formal constitución del Encuentro Laicista de Mendoza.

— Los sectores laicistas suelen esgrimir el argumento de que la Constitución mendocina es laica. ¿Podría sintetizar esa idea?

— En materia educacional, está explícitamente dicho en el artículo 212 de la Constitución provincial: la educación deberá ser laica. En referencia a otros niveles de gestión del estado, el laicismo nace de los derechos a la igualdad, la libertad de culto y los principios derivados del sistema republicano de gobierno, entre otros. Esto significa que el estado no se debe meter ni tomar partido, como tal, en cuestiones que son propias de la conciencia de sus habitantes. Amén de esto, el historiador Federico Mare ha encontrado perlas de la historia constitucional que no dejan dudas de la intención ética de los constituyetes provinciales en el sentido del laicismo que sostenemos.

— Para terminar, tres preguntas en una: ¿qué es la laicidad, por qué es importante que tenga vigencia, y qué razón ha llevado a una ONG de derechos humanos como la que usted integra a interesarse tanto en ella?

 — Siguiendo a Federico Mare, creo que el laicismo es un principio ético, jurídico y político de convivencia civil en virtud del cual el Estado no impone ni privilegia ningún credo religioso, ni oficialmente, ni oficiosamente. La importancia del laicismo se vincula con la justicia misma, con las posibilidades de que todas las personas co-habiten con plenitud el espacio social y eso solamente ocurre cuando los derechos de todos se hacen valer. La razón —acaso la pasión— que nos lleva a militar este tema, es nuestro profundo compromiso con el pluralismo democrático que requiere garantizar la más plena libertad de conciencia e igualdad de trato del Estado con sus habitantes. Las razones para militar el laicismo se encuentran en nuestra “Biblia” institucional, que en la APDH son esos acuerdos de las naciones que se plasmaron en los tratados internacionales de derechos humanos de Naciones Unidas, y la Organización de Estados Americanos.

Carlos G. Wilckens