La trata en Tunuyán en primera persona

A fines de mayo de 2013, dos prostíbulos fueron allanados por la Policía Federal a pedido del  Juzgado Federal N° 1, de Walter Bento.

Uno estaba ubicado en el Departamento de Tunuyán y el otro en San Carlos, ambos con el mismo nombre: La Gruta.

Allí, según las crónicas periodísticas, fueron rescatadas 28 mujeres que, en apariencia, estaban recluidas contra su voluntad. Esto provocó que, tiempo después, la mujer que regenteaba el local tunuyanino, Ángela Patricia Escudero, fuera a dar con sus huesos a la cárcel del Borbollón.

A ello se suma lo ocurrido el 19 de octubre del año pasado en Tunuyán, cuando personal de Gendarmería nacional realizó una serie de allanamientos en dos locales conocidos como "Ángeles y Demonios" y "Las Vegas".

Los uniformados se sorprendieron entonces cuando descubrieron que en este último local —ubicado sobre la Ruta 40— entre los que "consumían" el servicio de las mujeres del lugar, aparecía un empleado municipal llamado Federico Cardellá.

Si bien en un primer momento desde la municipalidad se intentó minimizar el hecho, aclarando que este último sólo era un empleado sin relación política, "un obrero municipal", pronto se supo que se encontraba en el área de Contingencia Urbana, para luego pasar a ser el jefe de la Inspección General, a cargo de los controles en los comercios.

Acto seguido, la investigación recaló en el mismo juzgado: el de Bento. Ipso facto, Cardellá fue enviado detenido al penal de Almafuerte.

Hace poco más de un mes, el hombre decidió romper el silencio al considerarse el “chivo expiatorio” de una situación que él mismo relaciona con lo más alto de la política municipal tunuyanina. “Simplemente estoy detenido por una llamada telefónica que le hice al dueño de un cabaret para decirle que a partir del primero de noviembre se clausuraban los cabarets”, dijo el suspendido funcionario en esos días.

Y agregó: “La justicia cree que a través de esa llamada yo facilitaba el trabajo de los cabarets”.

Según Cardellá, dejó pasar seis meses para que la justicia Federal lo investigara “a fondo”: “Para que vea si yo estaba vinculado a la trata de personas o la droga, como se está diciendo en varios medios mendocinos”.

Molesto, el suspendido funcionario apuntó sus cañones al director de Inspección General de Tunuyán: “La orden me la dio el ser Horacio Bascuñan (…) Es más, hubo dos reuniones con todos los inspectores de la municipalidad y les dijo que los cabarets no se inspeccionaban más por órdenes de arriba”.

Pero Cardellá aún fue más allá: “Tunuyán tendría que haber clausurado sus prostíbulos, como lo hicieron Tupungato y San Carlos”.

Esta última afirmación abre todo un abanico de interrogantes respecto al desempeño municipal en torno a los locales tunuyaninos: ¿Por qué se permitió que estos siguieran operando cuando ya había una prohibición expresa? ¿Por qué debió intervenir la justicia Federal de la mano de la Policía ídem? ¿Qué hicieron los funcionarios comunales a la hora de dar cumplimiento a la norma nueva?

Parte de la respuesta la aporta a MDZ el abogado de Escudero y Cardellá, Maximiliano Legrand: “Se prohibió la trata y durante un año el municipio permitió que el prostíbulo siga trabajando”.

-En otras palabras…

-Había una prohibición de algo que estaba regulado por el municipio.

-Eso está claro, pero también hay responsabilidad de quien regentea el prostíbulo.

-Más o menos. Allí aparece una figura que se llama “error invencible de derecho”.

-¿De qué se trata?

-Suponete que estás en tu casa y entra alguien y creés que es un ladrón, pero es tu mujer y le pegás un tiro. Eso es un “error de hecho”, porque te equivocaste sobre las circunstancias de hecho y cometiste un homicidio. Eso hace que estés exculpado.

Ahora vamos a lo que se conoce como “error de derecho”. La ley se presume conocida para todas las personas. Este es uno de esos casos: la situación se sostiene en el tiempo hasta que, de repente, se prohíbe la prostitución.

Durante todo un año, el municipio iba y les habilitaba el bulo, aunque estaba prohibido. ¿Qué dicen los dueños de los prostíbulos? “Viene un tipo con credenciales y me dice que todo es legal y para mí es legal”. Eso es “error invencible de derecho”.

-De todos modos, me suena pueril que el dueño de un prostíbulo desconozca que lo que hace es ilegal. Hasta sus conocidos deben decirle: “Che lo que hacés no es legal”.

-Puede ser, pero para ellos el municipio les dijo que es legal y eso es más importante que lo que puedan decirles sus amigos. ¿A quién le creés más, a un amigo o a la municipalidad?

-Está buenísimo como argumento de abogado, pero yo no me lo creo.

-Y yo insisto en que es así. Vos tenés una habilitación municipal, vienen los inspectores a inspeccionar el lugar y te dicen que está todo bien…

-En todo caso, hay corrupción municipal, pero tarde o temprano te van a allanar el lugar. En fin, ¿cuándo se prohibieron los prostíbulos?

-Los prostíbulos eran lícitos y les empezaron a achacar el delito de trata de personas por una reforma del año 2013. Se hizo un tipo penal muy abierto. Se tomó el texto de un tratado y se hizo una figura penal que es tan amplio y tan abarcativa que cualquiera puede hacer trata.

-¿Pero que dice puntualmente?

-Habla del “aprovechamiento de vulnerabilidad” de una persona para explotarla, pero ¿cómo saber cuándo se da esta situación? No se hacen pericias psicológicas para saber si una persona es vulnerable. Yo no vi un solo expediente en el cual se hiciera ese trabajo.

-¿Ninguna de las mujeres que trabajaban en los prostíbulos habían sufrido de “aprovechamiento de vulnerabilidad”?

-No hay un solo elemento que demuestre que esto era así.

-Entonces no se entiende por qué la Justicia actúa como actúa. No creo que los jueces sean tontos.

-Los jueces responden al periodismo y a la opinión pública, esa es la verdad. Tienen temor de lo que publican los medios. En Tunuyán ya existía el rubro y nadie decía nada. 

Testimonio en primera persona

Ángela Escudero, quien se hizo tristemente célebre por gerenciar el prostíbulo Las Grutas, también quiso dar su testimonio, solo que, a diferencia de su abogado, debió hacerlo desde el Borbollón.

“Me detuvieron y solo publicaron mentiras, al punto de que tuve q vivir en el penal cinco meses hasta sin baño y sigo aislada”.

-¿Qué mentiras dijeron? ¿Acaso no allanaron el local que usted regenteaba?

-Hicieron un allanamiento donde no encontraron a nadie obligado a hacer algo que no quisiera.

-Se ejercía la prostitución…

-Sí, pero no había trata de personas. A nadie se obligaba a trabajar contra su voluntad.

-Eso es motivo de investigación. Sin embargo, convengamos que usted llevaba a cabo una actividad que se “decretó” ilegal.

-Perdón, pero mi local estaba habilitado legalmente por el intendente de Tunuyán y el jefe de Investigaciones del Valle de Uco. Ellos mandaban a inspeccionar mi local todas las semanas. Siempre  preguntaba si yo estaba trabajando correctamente y me respondían que estaba todo en orden.

-Una cosa es trabajar correctamente y otra cosa es lo que dice la ley.

-Yo siempre pregunté lo que era legal y de esa manera trabajaba hasta que fueron y mehicieron un allanamiento, y tenía todo en regla.

-Pero usted está en prisión.

-Sí, por un delito que no cometí. Me trajeron detenida a mí, a mi pareja y a su hijo. Sacaron  a sus hijas de su casa sin siquiera preguntarle si tenía dónde dejarlos. La Federal actuó de una manera como si fuéramos delincuentes y solo trabajábamos y lo hacíamos con permisos legales.

-Es decir que, en el peor de los casos, había funcionarios que autorizaban algo ilegal.

-Nosotros llevamos un año presos, pasándola muy mal y ¿dónde están las personas que me autorizaban a trabajar?

-(…)

-¿Dónde está el señor juez que tiene que ver la verdad de las cosas? Nos ha negado hasta un arresto. ¿Dónde están las autoridades que me autorizaron? Están destrozando nuestras vidas.

-¿Adónde va con su planteo?

-Quiero que vean la verdad, quiero pensar que la justicia existe como yo pensaba; quiero ver a los responsables porque nosotros no lastimábamos a nadie, al contrario, las protegíamos.

-¿A quién protegían, a las mujeres?

-Sí, yo no obligaba a nadie a trabajar, están las declaraciones, se sentían protegidas, porque en la calle corrían peligro. Eso es lo que me decían cada una de ellas; decían que le tenían que pagar a algún policía para poder trabajar en una esquina.

-¿Nunca pensó que lo que usted hacía era ilegal?

-Sí y no. Cinco meses antes también me hicieron un allanamiento; tenía todo en las mismas condiciones y del Juzgado Federal de Mendoza me autorizaron que podía seguir trabajando; vine a buscar el libro de actas que me habían detenido (sic) y me respondieron que estaba en condiciones de seguir trabajando.

Colofón

El dato central de lo aquí expuesto es claro: un año después de que se prohibió la existencia de prostíbulos, aún seguían en pie varios locales dedicados a la profesión más vieja del mundo.

¿Cómo pudo suceder esto sin la complicidad de funcionarios, policías y hasta la justicia local?

A las quejas que se plantean en la presente nota, se suman las de otras fuentes que prefieren no hablar por el momento por temor a represalias, pero que no dejan de ser explosivas.

Al tiempo de terminar de escribir el artículo de marras, un alto funcionario municipal de Tunuyán —aún en funciones— se comunicó con este diario y prometió dar información comprometedora en las semanas venideras.

El escándalo, como se dijo, recién empieza.