Lavalle: 780 mil hectáreas, 4 mil huarpes y 700 privados

Once comunidades de Huanacache renovaron su reclamo por la aplicación de la ley que reconoce la preexistencia étnico-cultural del Pueblo Huarpe Milcallac y dispone la expropiación de 780 mil hectáreas, su tierra.

Puesto Lavalle Ramón Azaguate desierto huarpe

Sin embargo, desde tiempos inmemoriales la posesión la ejercen los miembros de las comunidades que viven del pastoreo de ganado a campo abierto. Allí, pertinazmente, sobreviven las y los descendientes de los “indios laguneros”, aproximadamente 4.000 personas, cuya actividad económica principal es la cría de cabras, la recolección de junquillo y, últimamente, la manufactura de productos artesanales.

Las demandas por la titularidad de la tierra, tramitada por los presidentes de las comunidades, son acompañadas, entre otros, por su abogado patrocinante, el doctor Fidel Bustelo, y por el Equipo Nacional de la Pastoral Aborigen (ENDEPA).

El 4 de julio de 2001, un numeroso contingente proveniente del secano bajó a la ciudad para seguir el tratamiento de la ley 6.920 y cerró la jornada celebrando emocionado en plena Plaza Independencia su media sanción; días después el Senado ratificó la norma.

Lavalle, escuela huarpe

A poco de andar, el entonces fiscal de Estado Pedro Sin interpuso una acción de inconstitucionalidad de la ley ante la Suprema Corte de Justicia argumentando que la entrega de la titularidad a los nativos retiraba del comercio al 80% de las tierras del departamento Lavalle e imposibilitaba ofrecerlas en garantía.

Es que los privados que tienen títulos los utilizan como garantía hipotecaria para operaciones financieras o económicas, a miles de kilómetros del desierto. Tanto es así que en el molinete de la especulación, más de una vez los acreedores han venido a ejecutar la garantía y se encontraron en el desierto; hay parcelas que tienen dos o tres presuntos dueños porque, en rigor, la extensión nunca fue ocupada y sólo la usan para prendarla.

El entonces fiscal Sin esgrimió “agravios constitucionales” al derecho a la propiedad y al principio de racionalidad; entre idas y venidas pasaron los años sin que se resuelva y lo que parecía un triunfo irreversible se transformó en un camino lleno de obstáculos.

Puesto Lavalle Ramón Azaguate desierto huarpe

Así, el planteo del fiscal devino en una causa judicial que dio vueltas cinco años, hasta que en diciembre de 2008 la Suprema Corte falló a favor de las comunidades huarpes.

Desde ese momento se inició una nueva etapa para que la ley se cumpla. La 6.920 implicó algunas resistencias entre los 700 privados con 680.000 hectáreas que deben ser expropiadas.

La situación es por demás confusa, porque en algunos casos para una misma parcela se presentan hasta diez propietarios; las tierras tienen delimitaciones imprecisas y, a veces, superpuestas.

Para peor, en los territorios se reactivaron alambrados y tranqueras de supuestos dueños que intentan tomar posesión para cobrar la indemnización, lo que trajo aparejado más de un conflicto.

Así lo admitió el Dr. Carlos Arias, director de Desarrollo Territorial de la Secretaría de Ambiente de la provincia.

En abril de 2011, el gobernador Celso Jaque buscó una salida rápida, hizo arreglos con un sector de la comunidad de Laguna del Rosario y entregó parte de las tierras fiscales: 72.647 hectáreas. El polémico traspaso dejó molestas a las otras diez comunidades que después de más de una década de lucha conjunta fueron ignoradas a la hora de decidir la escrituración de menos del 10% de las tierras a nombre de una sola.

Familia Huarpe

Recientemente se contrató a un agrimensor para realizar la mensura de la superficie en manos privadas hasta llegar a su expropiación por parte del Estado. Asimismo reconoció que los “tiempos administrativos” no se compadecen con los tiempos y urgencias planteadas por las once comunidades huarpes que siguen aspirando a un único título en propiedad comunitaria porque responde al funcionamiento ancestral de la utilización de sus tierras.

Leé acá el informe completo de Veintitrés.