Maltrato infantil: se realizan 1.500 denuncias por mes

Desde las escuelas se realizan alrededor de 25 por ciento de las denuncias que reciben los órganos de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes en toda la provincia, que en total recepciona 1.500 al mes sólo en Gran Mendoza y Lavalle. La mayoría es por maltrato y violencia en el seno de la familia.

El director de Promoción y Protección de Derechos de la Dinaf, Fernando Herrera, dijo que las escuelas son grandes derivadores de denuncias, ya que tienen un contacto permanente con los niños y son una caja de resonancia de los problemas sociales.

Luego de la concentración que realizaron los docentes el lunes para denunciar las agresiones que sufren de parte de alumnos y padres, la directora general de Escuelas (DGE), María Inés Abrile de Vollmer, dijo que estudian la posibilidad de denunciar a los padres que tienen conductas negligentes en forma repetida, por ejemplo ir siempre a buscar tarde a los chicos.

La realidad es que desde las escuelas ya se realizan las denuncian a las oficinas que tiene en la provincia el Órgano Administrativo Local de aplicación de la ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (OAL).

Pese a esto, Herrera explicó que están trabajando con la DGE en un protocolo de actuación, para aceitar aún más los mecanismos entre los colegios y el OAL y lograr que los docentes tengan precisiones sobre cómo deben actuar.

Herrera señaló que el tema de la negligencia de los padres es muy discutido, teniendo en cuenta que estas actitudes de los mayores afectar al chico.

El funcionario destacó que en la protección de los derechos de los niños existe una corresponsabilidad, es decir que no puede ser una tarea de la Dinaf, sino que cualquier persona que advierta un inconveniente debe hacer la denuncia, ya sea un vecino, el maestro o un familiar.

Cambio de paradigma

La aprobación de la Ley de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes significó un verdadero cambio de paradigma en la forma de abordar los problemas que afectan a la infancia. A partir de su puesta en marcha no se judicializa al niño por cuestiones económicas ni sociales, sino que es el Estado el que debe asistir y buscar soluciones para el pequeño y su familia.

Para aplicar en forma efectiva la ley se creó el OAL que tiene presencia en todo el territorio provincial. A esas oficinas llegan las denuncias a través del 102, de la justicia, de instituciones o particulares.

Los profesionales de la OAL son los que realizan la intervención con la familia.

La figura del juez, que antes era preponderante en estas causas, quedó relegada a observar el cumplimiento de la ley cuando se toma una medida llamada excepcional. Esto es, cuando el niño debe ser separado de su familia.